2011
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Profesor
: Rogelio Zea Catacora
Alumna :
Karen Gómez Guzmán
Ciclo
:III
DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
UNIVERSIDAD
ALAS PERUANAS
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[Terrorismo y
la criminología]
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Terrorismo y la criminología
1.
Introducción
2.
Los períodos de la violencia 1980 – 2003
2.1
los datos centrales del conflicto armado interno
2.2
el contexto del conflicto
2.3
antecedentes
2.4
las primera acciones : un problema menor para el país
2.5
el PCP-SL alcanza una superación nacional
2.6
la escala de la violencia
2.7
el énfasis social en la lucha contar subversiva
2.8
la contra subversión sin subversión
3.
Los rostros y perfiles de la violencia
3.1una violencia masiva
pero selectiva
3.2perfiles
3.3dinamica de la
violencia
3.3.1dinamica de los actores
3.4victimas entra las
fuerzas del orden
4
La dimensión
jurídica de los hechos
4.1
marco jurídico
4.2
derecho constitucional y constitución política del
peru
4.3
derechos internacionales de los derechos humanos
4.4
la magnitud y complejidad de los patrones de crímenes
y violaciones a los derechos humanos
4.5
crimines y violaciones derivados de las estrategias
senderistas
4.6
crimines y violaciones derivados del MRTA
4.7
crimines y violaciones derivadas de las estrategias de
los agentes estatales
5.
causas del terrorismo en el Perú
6.
consecuencias del terrorismo en el Perú
7.
acciones para combatir la acción terrorista
8.
costo económico
9.
conclusiones
INTRODUCCIÓN
Esta monografía tiene
como finalidad, conocer la verdadera realidad del terrorismo y la criminalidad
que produjo en el periodo de 1980y 2003 siendo los departamentos más afectados
los de la sierra centro recopila información de la violencia interna en el Perú
y el terrorismo ejercido por los grupos armados denominados “Sendero Luminoso”
y “MRTA” teniendo en cuenta las causas, metodología empleada, consecuencias y
la acción de respuesta por parte del Estado.
1. LOS PERIODOS DE
LA VIOLENCIA ENTRE 1980 -2003
1.1. LOS DATOS CENTRALES
DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO
El conflicto armado
interno vivido por el Perú entre 1980 y el 2000 ha sido el de mayor duración, el
de impacto más extenso sobre el territorio nacional y el de más elevados costos
humanos y económicos de toda nuestra historia republicana. El número de muertes
que ocasionó este enfrentamiento supera
ampliamente las cifras de pérdidas humanas sufridas en la guerra de la independencia
y la guerra con Chile -los mayores conflictos en que se ha visto comprometida
la nación.
Si bien la CVR ha
recibido reportes de 23,969 peruanos muertos o desaparecidos, los cálculos y
las estimaciones estadísticas realizadas nos permiten afirmar que la cifra
total de víctimas fatales del conflicto armado interno superaría en 2.9 veces esa cantidad.
Aplicando una metodología llamada Estimación de Múltiples Sistemas, la CVR ha estimado
que el número total de peruanos que pudieron haber muerto en el conflicto
armado interno es de 69,280 personas.
Con esta metodología
estadística, la CVR ha estimado que 26,259 personas murieron o desaparecieron a
consecuencia del conflicto armado interno en el departamento de Ayacucho entre 1980
y 2000. Si la proporción de víctimas estimadas para Ayacucho respecto de su
población en 1993 fuese la misma en todo el país, el conflicto armado interno
habría causado cerca de 1.2 millones de víctimas fatales en todo el Perú, de
las cuales aproximadamente 340,000 habrían ocurrido en la ciudad de Lima
Metropolitana, el equivalente a la proyección al año 2000 de la población total
de los distritos limeños de San Isidro, Miraflores, San Borja y La Molina. Así,
conjuntamente con las brechas socioeconómicas, el proceso de violencia puso de
manifiesto la gravedad de las desigualdades de índole étnico-cultural que aún
prevalecen en el país. Y es que la violencia impactó desigualmente distintos
espacios geográficos y diferentes estratos de la población. Una tragedia humana
de estas proporciones puede resultar inverosímil, pero es la que En un intervalo de confianza al 95% cuyos
límites inferior y superior son 61,007 y 77,552 personas respectivamente.
Estimación del número total de víctimas
fatales del conflicto armado interno entre 1980 y 2000. Sufrieron las
poblaciones del Perú rural, andino y selvático, quechua y asháninka, campesino,
pobre y poco educado, sin que el resto del país la sintiera y asumiera como
propia.
1.2. EL CONTEXTO DEL CONFLICTO
La causa inmediata y
fundamental del desencadenamiento del conflicto
armado interno fue la
decisión del PCP-SL de iniciar una guerra popular contra el Estado peruano
En nuestro país no se repite el esquema
clásico latinoamericano de agentes del Estado
como perpetradores casi exclusivos enfrentados a grupos subversivos con un uso
restringido de la violencia y, sobre todo, a civiles desarmados. Por un lado, la violencia armada
en contra de la población civil la inicia el principal grupo subversivo, el PCP
Sendero Luminoso, utilizando de manera sistemática y masiva métodos de extrema
violencia y terror sin guardar respeto a normas básicas sobre la guerra y los derechos
humanos. Por otro lado, dicha
violencia subversiva estuvo dirigida contra los representantes y
partidarios del «antiguo orden» en las áreas iníciales del conflicto
armado (Ayacucho, Apurímac) por lo que la mayor parte de víctimas de las acciones
senderistas estuvieron entre campesinos o pequeñas autoridades locales y no
entre miembros de las elites
políticas o económicas del país. Desde entonces fue responsable del uso sistemático
y masivo de métodos de extrema violencia y terror sin guardar respeto por las
normas básicas sobre la guerra y los derechos humanos, hasta llegar a acumular
el 53.68% de los muertos y desaparecidos reportados a la CVR, convirtiéndose
así en el primer perpetrador.
Frente a la guerra
desatada por el PCP-SL, el Estado tuvo el derecho y el deber de defenderse,
siempre garantizando la defensa y vigencia de los derechos fundamentales de sus
ciudadanos. Sin embargo, la Comisión constata que, paradójicamente, las etapas
más duras del conflicto en lo que a violaciones de los derechos humanos se
refiere, transcurrieron en democracia. El mayor número de víctimas, muertes y
desapariciones forzadas, incluyendo los tres
picos de 1984,
1989 y 1990, ocurrieron cuando el
país tenía gobiernos democráticos, surgidos de elecciones libres, sin exclusión
de partidos ni fraudes electorales, por lo menos antes del autogolpe del 5 de
abril de 1992. Asimismo, entre 1980 y 1990, se dio una de las etapas con mayor número
de procesos electorales democráticos a nivel nacional, regional y municipal de
toda la historia republicana, con la excepción puntual
de las áreas directamente
afectadas por la violencia que atravesaron por circunstancias
particulares. El Estado no tuvo
capacidad para contener el avance de la subversión armada, que se expandió en
unos años a casi todo el país. Los gobernantes aceptaron la militarización del
conflicto, Para un análisis
detallado sobre este punto y los diferentes tipos de causas (históricas,
institucionales, coyunturales) del conflicto ver capítulo correspondiente. testimonios de muertes y desapariciones como
producto del conflicto armado interno en todos los
departamentos, salvo Moquegua
y Madre de Dios. Sólo en Tacna (1) y en Tumbes (4) la cifra de víctimas
reportadas a la abandonando sus fueros y prerrogativas para dejar la conducción
de la lucha contrasubversiva en manos de las Fuerzas Armadas (FFAA). En
relación a este punto, los gobiernos
elaboraron hipótesis
equivocadas sobre las
organizaciones subversivas y procedieron a dar una respuesta fundamentalmente
militar que terminó por agravar el conflicto, propiciando su escalada tal como
el PCP-SL buscaba. Si bien, dada la gravedad de los hechos, era inevitable que
el Estado utilizara a sus fuerzas armadas para hacerle frente, declarando
además los estados de excepción, los gobiernos lo hicieron sin tomar las
previsiones del caso para impedir atropellos a los derechos fundamentales de la
población. Peor aún, a la abdicación de la
autoridad civil en la conducción
de la respuesta estatal contrasubversiva
se sumó la desatención a las denuncias de violación de los derechos humanos e
incluso, en varios casos, la garantía de impunidad que se facilitó a los responsables
de las mismas. los agentes del Estado,
Comités de Autodefensa y paramilitares son responsables del 37.26% de muertos y
desaparecidos. De estos, especialmente miembros de las fuerzas armadas
escalaron la violencia iniciada
por el PCP-SL,
resultando responsables del
28.73% de muertos y desaparecidos reportados a la CVR. Si bien en nuestro
país no se repite el esquema clásico
latinoamericano, ello no exime la responsabilidad por la acumulación de graves denuncias sobre sus
agentes que, incluso investigadas, no fueron sancionadas.
En efecto, otra de las
peculiaridades del conflicto armado
interno es que hubo importante información, denuncias e investigación sobre
los hechos de violencia y las
violaciones a los derechos humanos. A
diferencia de lo acontecido en otros lugares, el país contó con una cobertura amplia de los hechos y con libertad de
prensa hasta para las organizaciones subversivas. En
las áreas de conflicto, sin embargo,
hubo hostigamiento a la prensa y hasta asesinatos de periodistas.
Por su parte, las
organizaciones defensoras de los derechos humanos realizaron numerosas denuncias específicas y acopiaron información
sobre la guerra interna. Hubo, también,
investigaciones periodísticas, parlamentarias y, en menor medida,
judiciales que lamentablemente
tuvieron poco éxito en cuanto a la sanción efectiva de los responsables. Sin embargo,
la Comisión constata, con sus resultados, que hubo también un sesgo en el
recojo de dicha información y
realización de investigaciones y denuncias, pues no se hizo el mismo esfuerzo por
recoger denuncias que apuntaban a la responsabilidad de los grupos subversivos.
Debido a ello, estimaciones realizadas anteriormente por otras instituciones, oficiales o
particulares, situaban la responsabilidad del PCP-SL en menos del 10% mientras
elevaban las atribuidas a los agentes del Estado a más del 80%.
A pesar de esta
constatación, la Comisión no puede dejar
de señalar que la respuesta de los organismos del Estado a la violencia
subversiva alcanzó también márgenes extremos que rompieron con un patrón
singular de las FFAA peruanas. Durante la dictadura que dirigieron entre 1968-1980,
años sombríos para los derechos humanos
en América Latina, los militares peruanos
registraron pocas violaciones de este tipo, toleraron la existencia
de organizaciones y de 55propaganda
izquierdista y, más aún, cumplieron
ellos mismos reformas
reclamadas tradicionalmente
por las izquierdas. Si bien en
los últimos años de la década del setenta, el gobierno militar endureció sus
acciones contra las fuerzas de izquierda mediante la severa represión policial de las
protestas sociales y el
incremento de las deportaciones de opositores, quedó lejos del nivel de
violencia desplegado a partir de 1983,
cuando ingresaron al combate directo
contra Sendero Luminoso.
Por todo lo expuesto, es
importante analizar el conflicto peruano como parte de un proceso en el que las
acciones de violencia transcurrieron a lo largo de varios años, con incrementos
graduales de intensidad y extensión geográfica, afectando principalmente a zonas
marginales al poder político y económico y dejando a los campesinos indígenas
como símbolos por excelencia de las víctimas.
En varios de estos
lugares, una vez controlada la amenaza
subversiva armada, las poblaciones quedaron bajo control militar por extensos
períodos. La aparente lejanía del poder y de los núcleos de decisión, en un
país fuertemente centralizado, permitió
que el «problema de la violencia»,
crucial y cotidiano para cientos de miles de peruanos, se mantuviese como un
tema secundario para las agendas pública y privada del país por varios años.
La gravedad de la
situación peruana, sin embargo, no se limitó a un conflicto no convencional entre
organizaciones subversivas armadas y agentes del estado, sino que incluyó en
el mismo período 1980-2000 la peor
crisis económica del siglo que desembocó
en un proceso hiperinflacionario inédito en el país; momentos de severa
crisis política que
incluyeron el debilitamiento del
sistema de partidos y la aparición de liderazgos providenciales, un autogolpe
de Estado y hasta el abandono de la
Presidencia de la República en medio de uno de los mayores escándalos de
corrupción de la historia peruana; el fenómeno del narcotráfico coincidió tanto
con el surgimiento y expansión del fenómeno subversivo armado como con su
represión. El crecimiento de las áreas de cultivo de coca destinadas al
narcotráfico, principalmente en la ceja de selva, facilitó la aparición de
espacios muy particulares en los que había retrocedido la presencia estatal
mientras crecía la de grupos armados irregulares vinculados a dicha actividad
ilícita. De esta manera, la zona del Alto Huallaga se convertiría, desde
mediados de los ochenta, en uno de los
escenarios de mayores enfrentamientos de todo el conflicto interno, quedando convertido
el río Huallaga en la fosa de restos humanos más grande del país. En tales circunstancias, todos los
actores que intervinieron en la
zona terminaron siendo afectados por el narcotráfico y la corrupción que de
éste se deriva. Por último, el conflicto armado interno coincidió también con
una coyuntura de relaciones exteriores delicada, dado que el país enfrentó dos conflictos bélicos externos contra
Ecuador en 1981 y 1995.
1.3. ANTECEDENTES
El Perú no había sufrido conflictos armados
internos significativos antes de 1980. Los momentos de mayor
agitación política y convulsión
social con estallidos de violencia armada (1930-1934, 1948-50, 1965, 1977-80)
duraron poco tiempo, tuvieron un carácter local antes que nacional y no registraron
un gran número de muertes o desapariciones forzadas. Todos los casos vistos en perspectiva
histórica parecieron circunscritos a
coyunturas muy específicas, de corta duración y ocasiones, pero no se consolidó
un modelo de Estado represivo a gran escala, que tuviese extensas áreas del territorio
controladas bajo algún régimen nacional de excepción, entre otras razones
porque no hubo recursos para
sostener un régimen de ese tipo.
El Estado, que había sido
sumamente débil en el país, registró una expansión acelerada en la segunda
mitad del siglo veinte, especialmente
durante la década del setenta. La renovada presencia
estatal en las esferas económica, social y política, alcanzó también a zonas marginales como el
área rural andina, escasamente vinculada al Estado si no era a través del
servicio militar obligatorio o la escuela primaria. A pesar de
ello, la presencia estatal mediante infraestructura o servicios siguió
siendo ínfima en dicha zona del país, en comparación con las más urbano
costeñas.
Un rasgo característico
del país ha sido su frágil integración nacional, expresada en la gran
fragmentación de sus espacios regionales y la falta de reconocimiento cabal de
la diversidad étnica de sus habitantes. En ese contexto, se constata la
imposición de patrones culturales occidentales y la tendencia a marginar a los
demás sectores, especialmente a los rurales indígenas. Sin un sistema educativo
nacional e integrador ni revoluciones
populares como la mexicana o
boliviana, los procesos de integración social y cultural más radicales
del país han surgido de proyectos
autoritarios como el del General Velasco (1968-1975) o a través del impulso de
los mismos actores bajo la forma de desborde popular.
Los acelerados cambios
demográficos y las transformaciones en
el aparato productivo ocurridos a partir de la década
del cuarenta transformaron radicalmente el perfil poblacional del país. En
pocos años, el acelerado crecimiento demográfico y la migración del campo a la
ciudad, produjeron un país más poblado y más urbano. De los 6.2 millones de
habitantes de 1940 se pasó a 17 millones en 1981. Las políticas económicas
aplicadas, mientras tanto, contribuyeron a ampliar la brecha entre ricos y
pobres, aumentando el número de estos últimos, especialmente en las áreas rurales andinas, cuyos habitantes de
menores ingresos son los más pobres del país.
El gobierno de Velasco
transformó radicalmente la sociedad peruana anterior a 1968 y creó un nuevo
escenario militar en el que se desenvolvieron los principales
actores del proceso de violencia. De las
numerosas medidas realizadas por este gobierno, tienen particular importancia
para dicho proceso la reforma agraria, la expansión industrial, el
reconocimiento de sindicatos, la reforma educativa y la radicalización de
discursos. El gobierno militar impulsó una
corriente de opinión en contra de
los partidos políticos y la democracia parlamentaria. Persiguió a los miembros
de Acción Popular, el partido del ex presidente Belaunde, alentando más adelante un régimen al que
denominaba del «no partido». Asimismo, incentivó el contacto directo con la
población al que denominó «binomio pueblo-fuerza armada».
La expansión del sistema
educativo, en todos sus niveles, fue intensa y sin correlato con un crecimiento
económico que asegure la absorción de la población educada por un mercado
laboral formal. En términos sociales y culturales, los efectos fueron bastante
más allá de la insatisfacción de expectativas económicas. La educación
proporcionó un «mito de progreso» a cientos de miles de peruanos que por su
procedencia étnica, capacidad
económica o lugar de residencia
se encontraban bastante lejos de poder transformar su condiciones de existencia
y de participar en el proceso político nacional de otra manera.
Hasta la década del
setenta la economía peruana se caracterizó
por presentar una industrialización escasa y tardía, a la
que correspondió una clase obrera de reducido tamaño y sin mayor presencia en
la escena política nacional. La abundancia y diversidad de materias primas, en
un país casi desprovisto de servicios públicos, permitió relegar por varias
décadas la industrialización. No
obstante, este carácter primario de la economía peruana no implicó
una dependencia total del capital norteamericano como ha ocurrido en
varios casos latinoamericanos de economías
similares. La inversión
norteamericana en el Perú no ha sido permanente sino concentrada en algunos
períodos de la historia republicana, como 1919-30, 1948-56, etc. No ha existido en el país una tradición de organizaciones subversivas armadas. De las
excepciones registradas, el aparato militar y clandestino aprista prefirió la
toma de ciudades y las acciones de propaganda armada urbana a la creación de
focos guerrilleros permanentes y siempre estuvo subordinado a una estrategia
política general orientada a lograr la inclusión del partido en la escena
política legal. Las guerrillas de1965 pugnaron por insertarse en el campo pero
sufrieron una rápida derrota militar.
1.4 LAS PRIMERAS ACCIONES: UN PROBLEMA MENOR PARA EL PAÍS
El PCP SL inició su
autodenominada guerra popular contra el Estado peruano mediante una serie de
atentados con explosivos contra instalaciones
públicas en diversas partes del país, aunque desplegando
más recursos en Ayacucho. Si bien la quema de ánforas en Chuschi sería vista como
un hecho aislado, debe precisarse que hubo acciones menores en otras partes del
país como Lima y La Oroya. En las semanas
que siguieron al ataque del 17 de
mayo de 1980, grupos de senderistas arrojaron bombas incendiarias contra el
local de la municipalidad de San
Martín de Porres, destruyendo documentación y enseres, y contra la tumba del
general Velasco. Hasta el 28 de julio, día del cambio de gobierno, hubo
diversas acciones de propaganda, robo de cartuchos de dinamita y armas. No
hubo, en ese lapso, una respuesta estatal directa contra Sendero Luminoso de
parte del gobierno militar. El mismo día de la
juramentación de Fernando Belaunde Terry se produjo un apagón parcial
por el derribo de una torre en Huancavelica y un ataque con explosivos al local
de Acción Popular en Pasco. En general, los medios de comunicación
cubrieron escasamente las primeras acciones de propaganda armada
senderistas, prácticamente irrelevantes ante la trascendencia de los debates
propios de la transferencia del poder a los civiles.
El Presidente entrante
encontró un país radicalmente distinto al que dejó. El nuevo escenario le
exigió lidiar con nuevos actores políticos y sociales. Entre los primeros, el
gobierno de Acción Popular ya no tuvo que enfrentar una oposición parlamentaria de derecha, como la de APRA-UNO
en su primera administración (1963-68), sino una de la izquierda sin
precedentes por su radicalidad y tamaño. En el
plano social, Belaunde enfrentaba
por primera vez fuertes organizaciones gremiales y sindicales con presencia nacional,
tales como el SUTEP, la CGTP, la CCP o la Federación Minera, que venían de la
experiencia reciente de las luchas contra el gobierno militar y mantenían
estrechos lazos con la izquierda parlamentaria y amplia cobertura en medios
opositores.
En cuanto a la respuesta
a la lucha armada, el gobierno de Acción Popular, al igual que la mayoría de
actores en el país, no terminó de comprender lo que implicaba el desafío
planteado al Estado por Sendero y su guerra popular. Por varios años,
el tema no ocupó un lugar prioritario dentro de la agenda estatal ni de las
preocupaciones sociales fuera de las zonas de emergencia. Tratado como un
problema de delincuencia común susceptible de ser resuelto mediante
la neutralización de individuos
(los «delincuentes terroristas»). En ese momento, sin embargo, factores ajenos
a la guerra interna afectaban el desempeño policial. Entre los más importantes,
la extensión de la corrupción vinculada al narcotráfico y las disputas y
tensiones entre institutos policiales (Guardia Civil, Guardia Republicana y Policía de Investigaciones),
propiciadas por arraigadas y
contrapuestas identidades corporativas. A lo largo del quinquenio, además, se
va a insistir en la vinculación
entre Sendero Luminoso y parte de la izquierda legal, al punto que
el gobierno se resistirá a liberar a militantes de IU encarcelados por
acusaciones de terrorismo. Al margen de las discusiones en la escena oficial,
el PCP SL utilizó consistentemente todos los espacios políticos a su
disposición, construyendo su organización prácticamente sin alteraciones
significativas de sus planes
originales. Las respuestas del Estado y de la sociedad
estuvieron mediatizadas por razones ajenas al proceso subversivo mismo. Para
algunos sectores era imposible aislar al PCP-SL del resto de la izquierda
radical mientras que para otros
la guerra sucia
era inevitable por la naturaleza misma del Estado. La Policía de Investigaciones logró éxitos en los medios
urbanos al capturar a cientos de senderistas (por ello, el PCP-SL tuvo que
concentrarse en liberar a sus presos) mientras que en el campo el avance
policial fue ínfimo, en parte
por la insuficiencia de efectivos
y precariedad de los puestos rurales. No obstante, la presencia de Sendero
Luminoso no se limitó a algunas provincias del departamento de Ayacucho. Desde
un inicio, dio gran importancia a su trabajo en Lima, en palabras de Abimael
Guzmán: Nosotros lo hemos visto así, el trabajo en Lima lo hemos ido
ponderando, ¿tiene importancia Lima? Tiene
importancia. Razón. Nosotros decimos, «Ayacucho es la cuna, Lima la
catapulta». El Partido por diversas instancias, en un par de años, salta a
trabajar en Lima, al centrar en Lima se encuentra en una gran ciudad con gente
de diversas provincias de todo el país. Al trabajar ahí trabajas en todo el
país, por eso se convierte en catapulta. Pero
no podía ser
una ciudad conquistada al comienzo, sino en la parte final. (Entrevista
CVR)»
La principal fuerza
política de oposición, el Partido
Aprista Peruano (PAP), también subestimó la emergencia y el desarrollo
inicial de la llamada guerra popular senderista. Desde su papel opositor a lo
largo del quinquenio 1980-85, el PAP no dio señales concretas de contar con
alguna alternativa a la política contrasubversiva aplicada por las fuerzas del
orden. Representantes del PAP fueron duros críticos de lo hecho por AP pero
evitaron una confrontación radical con las fuerzas armadas, especialmente el
Ejército, debido a su tradicional rivalidad.
1.5 EL PCP-SL ALCANZA UNA REPERCUSIÓN NACIONAL
Dos eventos asociados a
Sendero Luminoso proporcionaron una nueva dimensión al conflicto. En marzo de
1982, en una operación inédita hasta el momento y planeada por su dirección
central, un comando senderista asaltó el CRAS de Huamanga y rescató a sus
presos, logrando escapar sin que hubiese una adecuada respuesta de las
fuerzas policiales y sin que los
miembros del Ejército acantonados
en el cuartel de la ciudad interviniesen por no
contar con órdenes de Lima para hacerlo. El asalto a la cárcel de Huamanga
obligó a distintos observadores a considerar al PCP-SL como una amenaza mayor
de que la que
sugerían los actos terroristas o los asesinatos aislados iníciales. Para
generales del Ejército, como Sinesio Jarama, a partir de ahí las cosas iban en
serio, mientras que el general Noel empezó a
preparar inteligencia en el terreno desde su base en Huancayo. Desde la
orilla opuesta, izquierdistas radicales que posteriormente habrían de
constituir el MRTA, señalaron a la CVR que el asalto a dicho penal los
convenció de que se había producido un escalamiento del conflicto del que ya no
habría marcha atrás. Horas después de consumado el ataque y liberación de los
internos senderistas, un grupo de miembros de la Guardia Republicana (la
institución policial hasta entonces encargada de la custodia de los
establecimientos penales) ingresó al hospital de Huamanga y en represalia
ejecutó a tres senderistas heridos internos bajo custodia policial. La
combinación de ambas acciones,
el ataque al penal y la ejecución de senderistas hospitalizados, proporcionó una primera
victoria mediática a Sendero Luminoso al ser presentado por los medios
nacionales, aun si lo condenaban, como una fuerza guerrillera y víctima a la
vez de la inocultable brutalidad policial.
Precisamente, el tema de los abusos cometidos por
las fuerzas policiales destacadas en Ayacucho para las operaciones contrasubversivas terminaría siendo
capitalizado por Sendero Luminoso en circunstancias particulares meses después.
En setiembre, a raíz de la muerte de Edith Lagos, una de las senderistas
evadidas del penal de Huamanga, en un choque
con miembros policiales, hubo
manifestaciones masivas de respaldo que incluyeron una misa de cuerpo presente
celebrada por el obispo de Ayacucho y un entierro multitudinario en el que
no faltaron símbolos senderistas. Luego
de su muerte, Edith Lagos, fue
convertida por la opinión pública en la figura más conocida del senderismo y,
si bien nunca fue una dirigente partidaria importante, su imagen de joven
rebelde (murió a los 19 años) dio un rostro al desconocido senderismo. Así,
hubo congresos de la juventud aprista ayacuchana que llevaron su nombre y,
dirigentes históricos del PAP, como Armando Villanueva del Campo, que
recibieron muy fuertes críticas en la prensa a fines de los ochenta por haber visitado
supuestamente su tumba en una visita al cementerio huamanguino. Desde esta
etapa inicial del conflicto, quedó incorporado en la agenda política nacional
el tema de violaciones de los derechos humanos. Uno de los primeros debates al
respecto se produjo por la protesta de altos representantes de la Iglesia
católica por el caso de las torturas que Edmundo Cox Beuzeville habría sufrido
en manos de la policía después de su captura, realizada el 6 de julio de 1981
en Cuzco. Cox, miembro del PCP SL actualmente en prisión, era sobrino de un
respetado obispo de entonces, que denunció los hechos recibiendo muy fuertes
críticas de representantes del Véase
entrevistas de la CVR con Sinesio Jarama, Roberto Clemente Noel y Peter
Cárdenas. Véase el caso ilustrativo referido al hospital de Huamanga. Véase
capítulo sobre el PAP. Gobierno que reclamaron a los obispos por no haber
protestado igual durante la dictadura militar.
Dos elementos quedaron
muy claros a raíz de dichos eventos. Lo primero fue que los senderistas
preservaron al máximo la clandestinidad de
su organización al negar su militancia (su llamada «regla de
oro») y, al mismo tiempo,
aprovecharon espacios democráticos en los que no creían, como el de la defensa
de los derechos humanos, para debilitar la imagen de las fuerzas de orden. En
segundo lugar, las denuncias sobre las violaciones de los derechos humanos por las repuestas de
agentes del Estado a la acción senderista fueron vistas como parte de un juego
político subalterno de opositores y no como un problema a encarar por el
gobierno. A lo largo del período 1980-85, no hubo esfuerzos por la creación de
una comisión de paz o mayores anuncios de investigación de denuncias sobre el
particular. El tema de los derechos
humanos se internacionalizó gradualmente por la intervención de organizaciones
que protestaban desde el exterior
por las violaciones documentadas en el
país. Algunos diputados de izquierda denunciaron al Estado peruano ante la
OEA y la ONU, por considerar que los
atropellos expuestos no eran resueltos
por la justicia peruana. A lo largo de
1982 fue quedando patente que las fuerzas policiales eran impotentes para
controlar la expansión del Plan estratégico de inicio del PCP SL en las zonas
rurales de Ayacucho y para superar la
mala imagen que tenían frente a la opinión pública. Todo ello, se tradujo en
una demanda constante al gobierno de
turno para que
actuase con mayor rigor ante el avance y las provocaciones senderistas.
El 27 de diciembre de 1982 el presidente Belaunde dio un ultimátum de horas al
PCP SL para que depusiera las armas. El
30 de diciembre
el gobierno entregó
a las FFAA el control de la zona de emergencia de Ayacucho. El general
de brigada EP Roberto C. Noel Moral, quien había sido Prefecto de Lima en
1979 y jefe del SIE dos años después,
asumió la jefatura del nuevo comando político militar. El general Noel recuerda
así los términos del encargo recibido: En el Consejo de Defensa Nacional, el
Presidente del Comando Conjunto, le manifestó al Presidente de la República que
su orden se había cumplido. ‘Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, Jefe Supremo
de la República, Presidente de la Nación; artículo 118
de la Constitución del Estado’.
El general presidente del Comando Conjunto, le indicó al Presidente de la
República que para no omitir ninguna cosa que pudiera constreñir los planes, le
pedía que el Comandante General de la 2ª División de Infantería, expusiera al
Consejo y yo expuse al Consejo. A las
cinco de la tarde, el Presidente de la República decide clausurar el evento,
pero en el evento me dicen ‘General, sus planes son aprobados, pero usted
va a actuar con el apoyo de las
fuerzas policiales’. Entonces yo le digo, pregúnteme. Presidente del Comando
Conjunto, yo le digo, ‘¿Qué pasa?’ Y
como nadie habla, prendo el micro y digo ‘Señor presidente, perdón,
quiero hacerle una pregunta, usted me ha cambiado la misión. ¿Voy o no voy a
combatir?’. El presidente Belaunde me dice, ‘General, usted combata con toda
energía y tiene el apoyo del Gobierno Constitucional’.‘Gracias’.» (Entrevista
CVR, 18.03.03) Desde entonces, la
violencia senderista estuvo dirigida
contra los representantes y partidarios del antiguo orden en las áreas iníciales
del conflicto armado (Ayacucho, Apurímac, etc.) por lo que la mayor
parte de víctimas
de las acciones senderistas estuvieron entre campesinos o pequeñas
autoridades locales y no entre miembros de las elites políticas o económicas
del país.
1.6 LA ESCALADA DE LA VIOLENCIA
El asesinato de ocho
periodistas en Uchuraccay, a cuatro
semanas del ingreso de las fuerzas armadas a la lucha contra el PCP-SL, produjo
un quiebre en el conflicto al difundirse ampliamente en los medios nacionales
imágenes terribles de la violencia que se estaba produciendo en la sierra de
Ayacucho y departamentos limítrofes. En los
meses siguientes hubo un avance en la militarización del conflicto, al reducirse
los espacios de actuación política y predominar la lógica de las acciones
armadas no convencionales en dicho contexto.
Las cifras de
víctimas y de violaciones a los
derechos humanos en los departamentos afectados crecieron exponencialmente,
siendo este el período con la mayor cantidad de víctimas del conflicto. A pesar
del tiempo transcurrido, las fuerzas armadas no contaron
inicialmente con una adecuada comprensión de Sendero Luminoso y su estrategia,
viendo a esta organización como parte de una gran conspiración comunista
atacando el país. Según esta concepción
todos los izquierdistas eran igualmente responsables de las acciones
senderistas y no había mayor diferencia a partir de alineamientos
internacionales. De esta manera, por ejemplo, el general EP Noel pudo señalar,
en entrevista con la CVR en el 2003, que veinte años atrás había desbaratado un
plan de ataque senderista preparado para el 26 de julio de 1983 en homenaje al
trigésimo aniversario del asalto al cuartel de Moncada en Cuba. Acción
impensable para una organización como el PCP-SL, que jamás celebró dicha fecha
y no concedía un carácter revolucionario a la experiencia cubana. El general Noel tuvo serias disputas con los
medios de comunicación especialmente a partir de los
sucesos de Uchuraccay, con los «directores o periodistas que escribían
en contra de las fuerzas armadas y alentaron a la subversión [...] la rama de
agitación y propaganda que tiene el comunismo en las organizaciones sectarias
todo eso está en el conocimiento de Inteligencia».
Por su parte, en 1984, el siguiente jefe
político militar de Ayacucho, el general EP Adrián Huamán Centeno fue
destituido por sus declaraciones públicas criticando la falta de apoyo
del gobierno central a la lucha contrasubversiva. En contraste con su antecesor, el general
Huamán, quechua hablante y
de origen comunero
campesino, tuvo una mejor imagen mediática que el general Noel y fue
respaldado por fuerzas de oposición en sus alegatos a favor de medidas sociales
para los campesinos y por sus críticas a la falta de respaldo de los políticos
oficialistas. Su relevo intempestivo, se
debió, según el ex ministro Percovich,
«a que quiere rebasar a la autoridad civil [...] Quiere manejar él solo las
cosas de acuerdo a su criterio. No obedece o da la impresión que quiere decir
lo que el gobierno estaba señalando y lo que el gobierno civil estaba haciendo.
Incluso llega un momento a hacer apreciaciones orientadas a desprestigiar al
gobierno civil».Paradójicamente, a pesar
de estas imágenes a favor y en contra del general Huamán, no se tomó en cuenta
para su destitución que 1984, en cuyos ocho primeros meses fue jefe del comando
político militar, es individualmente el año con mayor número de víctimas de
todo el conflicto armado interno (1980-2000).
En esta fase de militarización
el país conoce de algunos casos emblemáticos de violaciones masivas a los
derechos humanos atribuidos a las fuerzas del orden como los de Socos (sinchis
de la ex GC, noviembre 1983), Pucayacu (infantes de Marina, agosto de 1984) y
Accomarca (infantería del Ejército, agosto de 1985). Por el lado de Sendero
Luminoso, los casos principales de este tipo que se le atribuyen son los de
Lucanamarca y Huancasancos (abril de 1983). Finalmente, el MRTA inició sus
acciones armadas formalmente en 1984,
presentándose como parte de la izquierda
peruana y explicitando sus
diferencias con el PCP-SL (uso de uniformes, campamentos guerrilleros,
reivindicación de acciones, etc.).
Esta organización, constituida en
1982 a partir de la unión de dos pequeñas agrupaciones de izquierda, el Movimiento
de Izquierda Revolucionaria- El Militante (MIR-EM) y el Partido Socialista Revolucionario- Marxista Leninista (PSR -ML),
había optado dos años después por prepararse para la lucha armada.
1.7 EL ÉNFASIS «SOCIAL» EN LA LUCHA CONTRASUBVERSIVA
Al ser elegido presidente
Alan García Pérez cambió el discurso
oficial sobre la guerra interna al criticarse por primera vez desde el gobierno
las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas; se
creó, además, una Comisión de Paz. Se intentó cambiar el es General EP (r) Noel.. Alan García Pérez
define las posiciones de su gobierno en los siguientes términos: Nosotros hemos
tenido dos etapas en el análisis sobre Sendero Luminoso. La primera muy borrosa
en el gobierno de Fernando Belaunde, donde sin conocer siquiera lo que podría
ser esto, los alcances de lo que podría sobrevenir, pensábamos en una
explicación de tipo sociológica,
estímulo, impulso de la miseria, y naturalmente éramos un poco concesivos y
tolerantes en la explicación. Y tal vez en los términos actuales un poco
paternalistas en el sentido decir ‘pobre gente que ha sido abandonada tantos
siglos reacciona de esta manera, de manera que la sociedad centralista y blanca
tiene que entenderla, darle una solución’. A partir de 28 de julio no es que la
perspectiva cambia o la actitud, sino la necesidad ya de administrar. Se cuenta
con que la gente le está pidiendo que no haya apagones en Lima, que no le maten
más gente, que no traigan malas noticias los diarios, ¿no? La idea central del gobierno de García era
derrotar a la subversión sustrayéndole el posible apoyo campesino mediante el
desarrollo de políticas dirigidas a este sector y a zonas de extendida pobreza.
El gobierno aprista entendió con exagerado optimismo que el crecimiento
económico de sus dos primeros años había terminado con Sendero Luminoso, al
registrarse un descenso de sus acciones
entre 1985 y 1986. Por último, asumió que el carácter «popular» del PAP cerraría
los espacios sociales para un eventual crecimiento del PCP-SL. Inicialmente,
esta política pudo parecer exitosa por el repliegue del PCP-SL tras la ofensiva
de las fuerzas armadas de 1983 y 1984 y por la tregua unilateral que le dio el
MRTA al gobierno aprista. Las relaciones
con las fuerzas armadas fueron tirantes al principio, pero este impulso inicial
quedó relegado ante casos posteriores en que las denuncias de violaciones a los
derechos humanos no encontraron igual eco, como la muerte de internos en el motín del penal de
Lurigancho, ocurrido en octubre de 1985 en Lima, en el que el
gobierno aprista no asumió responsabilidad alguna. El punto culminante de este
proceso fue la masacre de los penales (18 y 19
de junio de 1986) que marcó
considerablemente a todos los actores del conflicto, y trajo a Lima las
imágenes de matanzas hasta entonces lejanas. En términos prácticos, con esta
matanza y el trámite dado a ella, terminaron los intentos del gobierno
aprista por desarrollar una política
propia de seguridad interior.
EL DESPLIEGUE NACIONAL DE
LA VIOLENCIA (junio de 1986-marzo de 1989) Luego del proceso de militarización
creado por el incremento de las acciones del
PCP-SL, el ingreso de las fuerzas
armadas al combate contra la subversión y el inicio de acciones del MRTA, se
creó un contexto de actores armados desarrollando sus propias estrategias en el
terreno. A partir de 1986, sin embargo, fue evidente, que el conflicto armado interno había salido de los
departamentos iníciales en los que se produjeron las acciones de los primeros
años y había alcanzado una
extensión nacional. Se había desplegado fuera de Ayacucho, ingresando a
otras zonas del país en las que permanecería por varios años más.
1.8 CONTRASUBVERSIÓN SIN SUBVERSIÓN
Lejos de revertirse, el
proceso de corrupción normativa continuará el resto de la década,
con el objetivo de asegurar la
perpetuación del régimen. Para ello, el gobierno utilizará, con fines
electorales y de control político, la estructura militar desplegada con
pretexto de la contrasubversión, en un contexto en el que
la subversión se replegaba. Explotará mediáticamente, con fines
de acumulación política, las últimas acciones de gran impacto de la
guerra interna que concluyeron en éxitos, al tiempo que manipulaba los
miedos de la población con la amenaza
del «terrorismo». Así, las operaciones antisubversivas dejaron de ser un medio para capturar líderes
subversivos y terminar finalmente con las acciones del PCP-SL y del MRTA, para
convertirse en un medio de propaganda para el gobierno, en el mejor de los
casos, y en una cortina de humo, en el peor, tapando los excesos y los delitos
que se denunciaban cada vez con más frecuencia. Esto fue posible en gran medida
por el progresivo y casi total control de medios de comunicación masivos, comprados
con el dinero del Estado Las últimas acciones de gran impacto de la guerra
interna concluyeron en éxitos explotados por el gobierno. Por ejemplo, el
asalto a la residencia del embajador japonés en Lima en diciembre de 1996 por
un comando del MRTA, encabezado por su líder máximo Néstor Cerpa, que mantuvo
cautivos a 72 rehenes, concluyó con la operación de rescate Chavín de Huántar.
Luego del revés militar sufrido en el conflicto del Cenepa de inicios de 1995,
el gobierno utilizó los festejos por la exitosa liberación de los rehenes para
su legitimación. Por otro lado, en julio de 1999, luego de un enorme y
publicitado operativo militar para cercarlo, fue capturado cerca de la ciudad
de Huancayo el líder senderista disidente Oscar Ramírez Durand, Feliciano,
quien había rechazado la propuesta De acuerdo de paz de Abimael Guzmán y
mantenía vigente la
guerra popular iniciada en 1980. Ramírez Durand era el último de los
altos dirigentes del PCP SL que seguía libre.
Preocupado más por asegurar su continuidad, y aun resaltando su imagen
de mano dura sin concesiones frente a la subversión, Fujimori terminará descuidando en la práctica la
política antisubversiva y no dará una
solución final al problema de la subversión, focalizada desde hacía varios años
en algunas zonas marginales y poco accesibles del territorio en las que
coincidía con el narcotráfico. Las
contradicciones entre el discurso de mano dura y realidad se mostraron más de una vez. Como colofón, a poco tiempo de su
colapso, el gobierno que se
preciaba de ser
duro e infranqueable frente a la
subversión terminó apoyando (con una
venta de armas) al grupo subversivo de un país hermano, acusado precisamente en
ese momento de realizar actos terroristas y de estar vinculado con el
narcotráfico.
3. Los rostros y perfiles de la violencia
La violencia armada no afectó uniformemente
todos los ámbitos geográficos ni los diferentes estratos sociales del país.
Estuvo concentrada en lo que podríamos denominar los márgenes de la sociedad, es decir, aquellas
zonas y grupos menos integrados a los centros de poder económico y político de
la sociedad peruana.
Dentro de las zonas más afectadas, a pesar del
carácter masivo en términos del número de víctimas fatales que provocaron, los
principales actores del conflicto armado interno no tuvieron un accionar
totalmente indiscriminado, sino que seleccionaban a sus víctimas al interior de
estratos específicos de las sociedades regionales o locales que fueron
escenario de la violencia.
El perfil de las víctimas de los principales
actores del conflicto armado interno tuvo un carácter dinámico, condicionado
por el tipo de estrategia que intentaron llevar a cabo, así como por las características
específicas de los lugares donde se
desarrolló el conflicto.
Para realizar este
análisis, nos hemos concentrado en las características sociodemográfico de las
23,969 personas muertas y desaparecidas que fueron reportadas a la CVR en los
16,917 En los miles de testimonios recopilados por la CVR, es común encontrar
frases que dan cuenta del sentimiento de exclusión e indiferencia que
experimentaron las personas y comunidades que fueron las víctimas mayoritarias
del conflicto armado interno. Muchos de ellos sintieron que para el resto del
país, en particular para los principales centros del poder político y
económico, lo ocurrido en sus pueblos, casas y familias sucedía en «otro país»,
un Perú ajeno a la modernidad y el poder.
Durante muchos años, el Perú moderno,
urbano y limeño, trató con indiferencia a las regiones más
afectadas por la violencia, las
más alejadas y pobres. Incluso cuando el conflicto armado arremetió con fuerza
en el corazón de las principales ciudades a finales de la década del 80 e
inicios de la del 90, fue difícil unificar las experiencias y la memoria de la
violencia de mundos tan distintos, al punto que los íconos emblemáticos de las
víctimas del conflicto hasta entonces cambiaron repentinamente de color de
piel, idioma y lugar de residencia cuando aparecieron en las pantallas de TV.
Las imágenes de la violencia vivida en el centro del poder, desplazaron a
aquellas captadas durante tantos años en la periferia de la sociedad
peruana. Las manchas más oscuras en el
mapa 1 representan aquellos distritos con mayor número de víctimas fatales
reportadas. Como se aprecia, éstas forman una
especie de línea a lo largo de la sierra y selva de la mitad central del
país.
Las víctimas fatales incluyen también a las
personas que se encuentran actualmente desaparecidas a consecuencia del
conflicto armado interno. Las principales ciudades, en particular de la costa,
no estuvieron en el centro del conflicto a pesar de que muchos de los hechos
ocurridos en ellas hayan tenido gran trascendencia en la opinión pública. El principal costo en vidas humanas a lo
largo de los veinte años investigados por la CVR fue asumido por las
localidades más pobres del país. Existe
una evidente relación entre exclusión
social e intensidad de la violencia. No es casual que cuatro de los
departamentos más afectados por el conflicto armado interno más del 35% de las
víctimas fatales ocurrieron en distritos
que se ubicaban, según el censo de 1993, en el quintil más pobre del país,
mientras que menos de 10% de ellas murieron o desaparecieron en distritos que
se ubican en el quintil menos pobre. Como es sabido, la exclusión social y
la pobreza en el
Perú tienen un rostro rural y campesino. Es también en esas zonas y categorías
sociales donde se concentró la mayor cantidad de víctimas, no sólo a escala
nacional sino dentro de los mismos departamentos más afectados por la violencia
La proporción de muertos y desaparecidos reportados a la CVR en zonas rurales
es casi tres veces mayor que la proporción de personas que vivían en esas zonas según el censo de 1993. En forma
concurrente, el porcentaje de muertos y desaparecidos reportados a la CVR que
trabajaban en actividades agropecuarias es casi el doble que el porcentaje de
la PEA nacional ocupada en ese sector en 1993.
Sin embargo, son las
distancias culturales entre las víctimas y el resto del país las que resultan ser las más dramáticas. Mientras
que, de acuerdo con el censo de 1993, sólo un quinto del país tenía al quechua
u otras lenguas nativas como idioma materno, esa proporción supera el 75% entre
los muertos y desaparecidos reportados a la CVR. En los tres departamentos más
afectados, la proporción de personas que hablaban quechua u otra lengua nativa es siempre mayor entre las
víctimas fatales reportadas a la CVR que en el conjunto de la población. Esta
enorme brecha cultural y étnica entre la sociedad afectada por la violencia y
el resto del país se refuerza con la distancia educativa existente entre las víctimas y el conjunto de los
peruanos. En términos relativos, los muertos y desaparecidos tenían niveles
educativos largamente inferiores a los del conjunto del país.
Si todos fuéramos ayacuchanos...
Si bien la CVR ha
recibido reportes de 23,969 peruanos muertos o desaparecidos, los cálculos y
las estimaciones estadísticas realizadas nos permiten afirmar que la cifra
total de víctimas fatales del conflicto armado interno superaría en 2.9 veces
esa cantidad. Aplicando una metodología llamada Estimación de Múltiples
Sistemas, la CVR ha estimado que el número total de peruanos que pudieron haber
muerto en el conflicto armado interno sería de 69,280 personas. Con esta
metodología estadística, la CVR
ha estimado que 26,259 personas murieron o desaparecieron a consecuencia del
conflicto armado interno en el departamento de Ayacucho entre 1980 y 2000. Si
la proporción de víctimas estimadas para Ayacucho respecto de su población en
1993 fuese la misma en todo el país, el conflicto armado interno habría causado cerca de 1.2
millones de víctimas fatales en todo el
Perú, de las cuales aproximadamente 340,000 habrían ocurrido en la ciudad de Lima Metropolitana, el equivalente a la proyección al año 2000 de
la población total de los distritos limeños de San Isidro, Miraflores, San
Borja y La Molina. En un intervalo de
confianza al 95% cuyos límites inferior y superior son 61,007 y 77,552 personas
respectivamente. Estimación del número total de víctimas fatales del conflicto
armado interno entre 1980 y 2000. Tales magnitudes pueden parecer inverosímiles
si se miran desde ciertos ángulos
de la sociedad peruana. Sin
embargo, si todos fuéramos ayacuchanos o
por lo menos hiciéramos el esfuerzo por comprender bien qué significa el perfil
sociodemográfico de la inmensa mayoría de las víctimas, no resulta extraño que
este Perú rural, andino y selvático,
quechua y asháninka, campesino, pobre y poco educado, se haya desangrado
durante años sin que el resto del país sienta y asuma como propia la real
dimensión de la tragedia que se vivía en ese «pueblo ajeno dentro del
Perú».
3.1
UNA VIOLENCIA MASIVA PERO SELECTIVA
[...] senderistas
cubiertos sus rostros con pasamontañas y
que usaban ponchos, aproximadamente a
las ocho de la noche, y que inmediatamente habían reunido a todos los
pobladores en el local de la escuela, donde los habían tenido casi hasta el
amanecer, y que después habían comenzado a escogerlos en dos salones, a los más
jóvenes los habían puesto en un salón y en el otro a los más maduros, y cuando
se disponían a partir llevándose a cinco jóvenes de la comunidad, entre ellos
a su hermano, que entonces tenía 15 años
de edad, y a una jovencita de 18 años [...].
Testimonio , Apurímac.
[...] esa mañana, los
soldados acorralaron al pueblo de Nuevo Occoro, reunieron en la plaza a toda la
gente, serían unas 100 personas entre hombres y mujeres, niños y ancianos. En
la plaza, los soldados separaron a los varones y a las mujeres; a éstas los
metieron al local del Cabildo y no los dejaron ni moverse. Cuando vinieron hacia la plaza, a los hombres los tenían agachados, a tres
muchachas los llevaron hacia el local del concejo distrital y los interrogaron
si los hombres de Nuevo Occoro eran o no terroristas. Del total del grupo de
hombres, los soldados seleccionaron a [...] los golpearon y los llevaron [...]
desde entonces hasta la fecha no se supo nada de ellos [...].
Testimonio, Huancavelica.
En 1984, no recuerdo la fecha exacta, pero fue
aproximadamente a medio día, los senderistas
vinieron por primera vez en el distrito de Pilchaca; al no encontrar a
las autoridades, dijeron a todo el mundo que toda autoridad debía renunciar a
su cargo. En esa oportunidad, no lo encontraron
a mi papá [...] pero
quemaron los documentos
de la Municipalidad en la Plaza
Principal. En 1985, regresaron por segunda vez y dejaron cartas en las cuales
le decían que renuncie a su cargo; habían estado pidiéndole su renuncia; si él
no hacía caso, en cualquier momento iba a ser ajusticiado, porque, según ellos,
«ya conocen Los dos apellidos más frecuentes entre las personas muertas y
desaparecidas registradas en la base de datos de la CVR son Quispe y Huamán.
sus debilidades». Como se decía de que siempre iban a buscarlo a mi papá, mis
hermanos y yo le dijimos que se escape porque le habían matado a otras
autoridades de por acá, pero mipapá decía: «¿Porqué yo? ¿Qué cosa he hecho para
que me esté amenazando?». Y no nos hizo caso.
Testimonio, Huancavelica.
[...] salíamos a buscarlo
en todos los lugares en donde se decía que habían aparecido muertos,
revisábamos uno a uno para poder
reconocerlo y nada [...]. En una oportunidad, nos dijeron que a orillas
del río Mantaro tiraban a los muertos y fuimos con mi hijo tempranito [...]
cuando nos acercábamos, vimos que llegaba
el carro del Ejército y nos
escondimos para que no
nos vean; miramos cómo botaban bolsas negras en forma rápida y se fueron; nos
acercamos y eran un montón de muertos, que eran jóvenes torturados, con
alambres en el cuello, con mucha sangre, los pies rotos, muy golpeados.
La violencia no afectó a
hombres y mujeres en forma similar ni estuvo distribuida uniformemente en todos
los grupos de edad. Fueron los hombres entre 20 y 49 años quienes conforman el
grueso de las víctimas fatales
reportadas a la CVR (más
del 55%), mientras que las mujeres de todas las edades suman poco menos
del 20% de víctimas. Si comparamos la
distribución de edades de las víctimas con la de edades de la población peruana
estimada para 1985, la concentración de víctimas en los grupos antes
mencionados se hace más evidente.
Mientras que, en el
conjunto de la sociedad peruana, el
grupo que va de 20 a 49 años
representaba el 38% de la población, entre los muertos y desaparecidos
reportados a la CVR, este grupo de edades representa el 66% de las víctimas. Si
además consideramos que más del 75% de las víctimas fatales mayores de 15 años
estaban casadas o eran convivientes,
es posible afirmar que, donde tuvo lugar, el conflicto
armado interno afectó principalmente a hombres jefes de hogar, es decir, el
grupo de la población con mayor cantidad de hijos dependientes y sobre el cual
reposan las principales responsabilidades económicas y políticas de sus
respectivas localidades. Otro indicador de selectividad es el tamaño del grupo
en el que fue ejecutada o asesinada una persona. Cuando las personas son
asesinadas o ejecutadas en grupos pequeños, generalmente estamos ante
situaciones donde los principales actores del conflicto se han dado el trabajo
de ubicar dentro de una comunidad a víctimas específicas para ultimarlas. Como
se aprecia en el Gráfico 9, independientemente del agente responsable, la mayoría (cerca del 68%) de
personas asesinadas o Como referencia,
se empleó la distribución por edades de la proyección realizada por el INEI
para la población peruana de 1985. 165ejecutadas extrajudicialmente reportadas a la CVR lo
fueron en operativos o acciones donde murieron simultáneamente menos de cinco
personas. A título de comparación, en el
caso del conflicto armado
guatemalteco, más de la mitad de las personas reportadas como asesinadas entre
1969 y 1995 murieron en grupos de más
de cincuenta personas, particularmente en las comunidades
mayas, lo que da cuenta de niveles de violencia indiscriminada tales que dieron
lugar a que la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala califique de
genocidio la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad estatal contra el
pueblo maya.
En el Perú y en el caso
de los agentes del Estado en particular, el trabajo de selección de víctimas se
refleja también en la importancia que adquirió la práctica de desaparición
forzada. Ésta supone extraer a una persona específica del contexto en el cual
vive, sustraerla de la mirada pública y de los mecanismos legales de protección
individual, para de esta forma encubrir un conjunto de violaciones de los
derechos humanos (detenciones
arbitrarias, torturas, violaciones
sexuales) que generalmente
terminan en una ejecución extrajudicial. La CVR ha determinado que, entre 1980
y el 2000, aproximadamente el 61% de las víctimas fatales provocadas por los
agentes del Estado lo fueron mediante la práctica de desaparición forzada. Las mujeres y los niños aparecen entre
las víctimas fatales con mayor
frecuencia en situaciones de violencia indiscriminada, como son las
masacres o arrasamientos de comunidad. conforme aumenta el tamaño del grupo de
personas que son asesinadas o ejecutadas en un mismo operativo o incursión,
también aumenta ligeramente la proporción de mujeres y de niños menores de 15
años de edad.
Es importante tomar en
cuenta que, de manera similar a otras investigaciones sobre conflictos armados
internos, en la información presentada existe un importante su registro de niños debido a que solamente
se incluyen las víctimas identificadas. Dentro de las víctimas de asesinatos
masivos, generalmente los niños resultan ser los menos identificados
por los sobrevivientes que dieron
sus testimonios, puesto que son menos conocidos en sus comunidades en
comparación con los adultos.
3.2. Perfiles
La práctica de selección
de víctimas por parte de los principales actores del conflicto armado interno supone que éstos contaban con
un perfil o una caracterización de quiénes eran considerados blanco de la
acción violenta. Este perfil está
estrechamente vinculado con los objetivos y estrategias de los actores.
La CVR ha concluido que
el conflicto armado interno se inició debido a la decisión
del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso (PCP-SL) de conquistar
el poder mediante la lucha armada con el fin de destruir las instituciones del
Estado peruano e instaurar un régimen totalitario. En la estrategia de conquista del poder
mediante la lucha armada, el PCP-SL buscó atacar deliberadamente a quienes,
según su ideología, representaban el
viejo Estado. En la práctica, ello significó
que las personas que tenían
responsabilidades relativamente más importantes o desempeñaban un cierto
liderazgo social o político en sus respectivas comunidades se convirtieron en
potenciales enemigos y víctimas de su accionar.
Un indicador contundente de esto último es que, luego de los campesinos,
el segundo grupo ocupacional más golpeado por la violencia del PCP-SL estuvo
conformado por las
diversas autoridades locales y dirigentes sociales que existían en las
zonas donde el conflicto armado interno tuvo lugar (alcaldes, regidores,
subprefectos, gobernadores, tenientes gobernadores, jueces de paz, dirigentes
locales, etc.). De acuerdo con los testimonios recibidos, aproximadamente 1680 personas, es decir, el 21% de las
víctimas fatales provocadas por el PCP-SL reportadas a la CVR fueron
autoridades de este tipo. El asesinato
de un número tan grande de autoridades locales, la mayoría de ellas militantes
de los partidos políticos que sustentaron el
régimen democrático inaugurado en 1980,
constituyeun duro golpe a la
capacidad de intermediación política de las zonas afectadas por el conflicto
armado interno. Es evidente que toda una generación de representantes e intermediarios políticos
locales ha sido eliminada intencionalmente por el PCP-SL en su estrategia de
generar un vacío de poder que pueda ser posteriormente llenado por sus propios
cuadros. Si bien las personas que ocupaban cargos de autoridad o posiciones de liderazgo en sus
comunidades eran los blancos más visibles de la acción armada del PCP-SL, los
mecanismos de selección del grueso de las
víctimas provocadas por este grupo subversivo eran mucho más sutiles y dependientes de las microdiferenciaciones del poder local
y el estatus social que pueden configurarse en las diferentes comunidades
rurales donde tuvo lugar el conflicto armado interno.
De acuerdo con los
testimonios recopilados por la CVR, las personas dedicadas a actividades
agropecuarias representan el 57% de las víctimas causadas por el PCP-SL, sin
embargo, al interior de ese porcentaje se esconden las múltiples diferencias que
pueden existir entre los campesinos relativamente más prósperos económicamente
y los más pobres, entre aquellos más conectados a las redes del poder
(económico y político) local o regional y los más excluidos. Estos matices son
difícilmente percibidos desde el Perú más urbano, ya que las inmensas
distancias económicas, políticas y sociales que existen con el Perú rural
llegan a cubrir a esta última realidad de un manto de uniformidad teñido y
definido por la pobreza y el subdesarrollo.
En el mundo rural andino y selvático, esas diferencias no logran ser
captadas o medidas con exactitud
mediante las gruesas categorías socioeconómicas que una aproximación
cuantitativa obliga a utilizar. Dependen en gran medida de las diferencias
sociales relativas y específicas a cada contexto particular, por lo que resulta
difícil encontrar estándares aplicables a todos los casos. Sin embargo, son
justamente esas diferencias relativas las que configuran los potenciales
conflictos dentro de la sociedad rural que
la estrategia del PCP-SL buscó
aprovechar a su favor. Los diferentes estudios en profundidad realizados por la
CVR dan cuenta de la importancia de estos factores en la estrategia del PCP-SL
y sus prácticas de selección de blancos de la autodenominada «acción armada
revolucionaria». La concepción hiperideologizada
del mundo que representa el pensamiento Gonzalo, al ser aplicada al mundo rural
peruano, determinó que todos aquellos que podían estar relativamente más
conectados al mercado, las redes e instituciones políticas, regionales o
nacionales, se convirtieran en «enemigos de clase del proletariado y del campesinado» o en «agentes del Estado feudal
y burocrático» que debía ser destruido. Ello en un contexto en el cual
la sociedad rural peruana había sufrido ya grandes transformaciones en la
segunda mitad del siglo
XX (como lo
atestigua el proceso de Reforma
Agraria en la década de 1970),
transformaciones que modificaron profundamente
las antiguas divisiones entre indios y señores, campesinos
y hacendados, y terminaron por hacer desaparecer la oligarquía rural y
terrateniente en el campo peruano. El «Pensamiento Gonzalo» busco forzar la
nueva realidad de relaciones sociales en el campo para que encajen en sus
categorías ideológicas y de esta forma
poder crear artificialmente blancos identificables para la acción armada de sus
militantes. El trabajo político de acumulación de fuerzas desarrollado por el
PCP-SL lo llevó a reclutar a sus militantes y simpatizantes entre la juventud de
origen campesino, principalmente en Ayacucho. Muchos de estos jóvenes se
habían beneficiado entre los años 1960 y 1980 de un proceso de expansión de la
educación secundaría y superior, el cual elevó sus expectativas de movilidad social ascendente. Sin embargo, las
escasas oportunidades de desarrollo
económico en sus localidades de origen hicieron que muchas de estas
expectativas se vieran frustradas, por lo que un sector importante de la
juventud rural ayacuchana fue atraído por el proyecto de cambio social y político
radical del PCP-SL, que le reservaba además un rol protagónico a los jóvenes en
el nuevo orden social que se buscaba implantar. En aquellas comunidades en las
que el PCP-SL no podía captar la adhesión voluntaria de los
jóvenes, obligaba a éstos a participar de sus acciones mediante prácticas de
reclutamiento forzado.
Al definir el escenario
del conflicto en sus
propios términos, el PCP-SL configuró los perfiles de las víctimas tanto de su
acción armada como de aquella desencadenada por la represión de las
fuerzas del orden. En la medida en que el conflicto armado interno tuvo
un carácter no convencional y que los militantes del PCP-SL se mimetizaban
entre la población local, las fuerzas del
orden seleccionaban a
sus víctimas de acuerdo al perfil
general de quienes podían ser más propensos a integrarse al grupo subversivo,
tal y como narra un joven universitario detenido por terrorismo en 1991
y posteriormente absuelto: [en la Dirección Nacional contra el
Terrorismo-DINCOTE] los policías me dijeron que mis antecedentes eran ideales
para ser miembro de Sendero Luminoso: era hijo de padres
ayacuchanos, hablaba más o menos quechua, estudiaba en la UNMSM y vivía en el
Callao
[...] Finalmente, en
Canto Grande, cuando fui asignado al pabellón de los senderistas, esta vez
ellos eran los que me decían «tú eres hijo de ayacuchanos, hablas un poco de
quechua, estudias en la San Marcos, y vives en el Callao, cumples el prototipo,
¿por qué no te unes a nosotros?». Testimonio, Lima.
Tomando en cuenta este
perfil de edades, es posible afirmar que, hasta cierto punto,
el conflicto armado interno provocado por el PCP-SL fue también una
lucha generacional, en donde los jóvenes de origen campesino, relativamente
más educados que sus padres y atraídos por la ideología subversiva, buscaban desplazar violentamente
a las personas mayores de las posiciones de poder y prestigio en sus propias
comunidades.
las víctimas fatales
reportadas a la CVR que tenían entre 20 a 29 años, la proporción de personas
que tenían educación secundaría es algo mayor entre las víctimas provocadas por
los agentes del Estado que entre aquellas causadas por el PCP-SL. Una confirmación de este perfil del militante
o simpatizante del PCP-SL puede encontrarse en
las características socio demográfico
de aquellas personas que actualmente se encuentran detenidas por cargos de
terrorismo en los diferentes establecimientos penitenciarios del país.
La CVR ha entrevistado a
poco más de 1,000 personas actualmente detenidas por delito de terrorismo. Como
se aprecia en el Gráfico 14, más de la mitad de ellos tenían entre 20 y 29 años
al momento de ser detenidos. Por otro lado, cerca del 45% de los detenidos por
delito de terrorismo que han dado su testimonio a la CVR tienen algún nivel de instrucción
superior. Más allá de las coincidencias existentes entre los perfiles de las
personas ejecutadas o desaparecidas por los agentes del Estado y aquellas que
actualmente purgan prisión por delito de terrorismo, es evidente que una
estrategia de selección de blancos de la
represión basada en categorías tan generales (grupo de edad y nivel educativo),
aplicada en forma masiva y sistemática, conduce inevitablemente a graves
violaciones de los derechos humanos.
Por otro lado, independientemente de que las víctimas
se ajusten al perfil mencionado, ello no
implica que necesariamente sean miembros del PCP-SL y, aunque ese haya podido
ser el caso de varias de las personas ejecutadas o desaparecidas por las fuerzas
del orden, ni la ejecución extrajudicial sumaria ni la desaparición forzada
están previstas como sanciones legales
en el ordenamiento jurídico peruano.
Si bien queda claro que
el ser joven y tener niveles educativos relativamente mayores constituyen un elemento central del perfil de aquellas
personas que fueron objeto de la represión estatal en la lucha contrasubversiva
Ayacucho
es el departamento de nacimiento de la mayoría de personas
ejecutadas o desaparecidas
por los agentes del Estado. Sin embargo, la mayoría de personas que se encuentran
en la cárcel por delito
de terrorismo provienen ya sea de Lima o del conjunto de departamentos
menos afectados por el conflicto armado interno. Por otro lado, mientras que, entre los
ejecutados y desaparecidos, más del 70% tenían al quechua u otras lenguas
nativas como idioma materno, sólo el 24% de los actualmente detenidos por
terrorismo comparten esa característica. La probabilidad de que la acción contrasubversiva del Estado devenga en una
violación grave de los derechos humanos o en una aplicación de la legislación
antiterrorista no es uniforme en todos los grupos sociales. Las consecuencias
resultan ser más graves y los errores de aplicación del perfil menos
reversibles en aquellos grupos más vulnerables de la sociedad peruana.
3.3. DINÁMICA DE LA VIOLENCIA
La intensidad de la
violencia no estuvo uniformemente distribuida a lo largo de los años que duró
el conflicto armado interno ni afectó a todas las regiones en el mismo
momento.
existen dos picos que
marcan períodos diferentes en el conflicto armado: 1984 y 1989. El
primero corresponde al momento de
mayor intensidad y que provocó el número más importante de muertos y
desaparecidos que fueron reportados a la CVR (19% del total del víctimas). Se
inscribe en el período inicial del conflicto, centrado esencialmente en el
departamento de Ayacucho, en el que se
aprecia una notable escalada de la
violencia, especialmente a partir de 1983, luego de que, en diciembre de
1982 se les encarga las fuerzas armadas
(FFAA) la conducción de la lucha contrasubversiva. Luego de un período de
descenso de la intensidad del conflicto,
cuyo punto más bajo en términos de
número de víctimas fatales fue 1986, a partir de 1987 se inicia un
recrudecimiento de la violencia que alcanza otro pico en 1989 y que se mantiene en niveles relativamente elevados
hasta 1992, año en que es capturado Abimael Guzmán Reinoso y desestructurada la
cúpula de la dirección central del PCP-SL. Si bien en este segundo período no
se llegó a niveles similares a los de 1984, el conflicto se expandió a cada vez
más lugares del país.
El año más intenso en
términos de víctimas fue 1984, pero los años comprendidos entre 1989 y
1992 fueron aquellos donde más
localidades experimentaron el conflicto armado interno. Cada año, cómo
fue la distribución relativa de las víctimas fatales en los principales
departamentos afectados por el conflicto armado interno. Entre 1982 y1985, éste estuvo prácticamente circunscrito
al departamento de Ayacucho. En los años posteriores, Ayacucho, en particular
la región del valle del río Apurímac en las provincias de Huanta y La Mar,
permanece como uno de los escenarios centrales hasta 1993. Sin embargo, a
partir de 1986-1988, el conflicto armado interno adquiere un carácter
relativamente más nacional. Entre 1989 y 1991, la región central, especialmente
el departamento de Junín, se convierte
en otro de los escenarios Los indicadores empleados son número de
muertos y desaparecidos reportados a la CVR para la intensidad de la violencia (escala del eje vertical
izquierdo) y número de distritos donde los hechos que provocaron esas víctimas
tuvieron lugar (escala del eje vertical derecho). principales de la violencia,
al mismo tiempo que la importancia relativa de la zona
nororiental comienza a aumentar. A partir de 1994, el departamento de Huánuco,
y sobre todo la provincia de Leoncio Prado en el valle del Huallaga,
concentrará a más de un cuarto de las víctimas fatales del período final de la
violencia.
Indicadores: Idioma
materno quechua (% QUECHUA); Hechos ocurridos en zonas rurales (% RURAL);
Hechos ocurridos en la región Sur Central (% SUR CENTRAL)En el Gráfico 19,
podemos observar que, mientras va
disminuyendo la importancia relativa de la región sur central (conformada por el departamento de Ayacucho y provincias
colindantes de Huancavelica y Apurímac), también disminuye
el porcentaje de víctimas fatales ocurridas en zonas rurales y de aquellas que
tenían el quechua como idioma materno. Ello implica que el conflicto no
sólo abarca espacios
geográficos diferentes, sino realidades sociales más complejas. Nótese,
sin embargo, que, en todos los momentos de mayor intensidad, la mayoría absoluta de las víctimas sigue
presentándose en zonas rurales
y tienen como su lengua materna idiomas diferentes al castellano. Esta
disminución relativa del peso del Perú rural y quechua hablante en el universo
de las víctimas es acompañado de una mayor visibilidad mediática del conflicto
armado interno.
Esta correlación reafirma
nuestra conclusión de que una parte importante del Perú
se desangró casi sin que el resto del país lo notara. La violencia y sus
víctimas adquirieron cada vez más importancia para la opinión pública conforme
el conflicto atacaba los centros donde se ubica el poder económico y político
del país.
3.4. VÍCTIMAS ENTRE LAS FUERZAS DEL ORDEN
Veintidós hombres con
seis fusiles, en esa intervención
salimos con tres fusiles y con ametralladoras
MGP, que no son aptas para un combate
así en este lugar. Y ahí fuimos
sorprendidos. El que habla y seis efectivos iban a la intervención y fuimos
sorprendidos por este grupo de bloqueo de Sendero Luminoso, el cual con una
granada Instalasa, que entró por el parabrisas de la camioneta le voló los
dedos al chofer, impactó la granada Instalasa en la pierna del teniente,
pasando la puerta y estallando en la marginal.
Y ahí fuimos recibidos por una lluvia de balas. Estando yo en la parte
de atrás de la camioneta cuatro por cuatro, junto a mi colega, difunto ahora y
al frente de tres personal subalternos, fuimos el escudo de ellos. Mi colega
que estaba a la izquierda le cayó una
ráfaga, agarrando yugular y corazón, que al instante quedó muerto. El que habla
que iba con una mochila con munición trescientos cincuenta cartuchos, fue
impactado también. (SO. PNP. José
Rafael Vives, San Martín, 1990)
En el
31 de marzo
del 92 [...] mi esposo [...] me acompañaba [...] a dos cuadras, al
paradero, sin presagiar. [...] Me acuerdo que, al llegar al paradero, [...]
divisé una combi que bajaba por Montenegro. Y les dije a mis hijos, a mi
esposo... me despedí de ellos y crucé la pista. Les di la vuelta a las personas
que estaban alrededor, en el paradero. Esperé que subiera un joven y de ahí
traté de subir yo. Y escuché como un estallido. Pensé que era la llanta del
carro, de la combi. Bajé la mirada a ver la llanta y era el primer disparo que
me tiraban por la espalda. De ahí sentí como un desvanecimiento y caí. Y me
acuerdo que miré 189al cielo y
dije: “¿Por qué?”. De ahí comencé a querer levantarme, incorporarme, y
sentí cómo las balas entraban en mi cuerpo y cómo mi cuerpo se movía a cada impacto
de bala que entraba. [...] Entonces, yo decía: “Dios mío,
si sigo moviéndome me van a
seguir dando”. Y yo me acuerdo que [...]
atiné [...] a tirar mi cabeza a la
izquierda, y es donde entra la quinta bala, que era el tiro de gracia, que me
entra por el globo derecho y sale por lasien izquierda, quemándome el nervio
óptico de la izquierda. [...] Y
sentí la presencia después de mi esposo que me decía: “No
te mueras. Te necesitamos.
Nuestros hijos te necesitan”. (SO. PNP. Ana Carolina Lira Chupingahua, Lima,
1992)
Los institutos armados y
el Ministerio del Interior han proporcionado a la CVR las listas de
las bajas de sufrieron
las fuerzas del orden en el combate contra la subversión armada a lo largo del
20 años investigados. De acuerdo con esta información murieron 1,674 miembros
de las fuerzas del orden en actos de servicio en zonas de emergencia o en
combates contra elementos subversivos entre 1980 y el año 2000. Esta cifra
equivale al 7% del total de víctimas fatales reportadas en los testimonios
analizados por la CVR.17 Según las mismas fuentes, adicionalmente las fuerzas
del orden sufrieron 1,698
bajas de heridos o de efectivos que quedaron inválidos a
consecuencia de los combates o los ataques perpetrados por los elementos
subversivos. La distribución de víctimas
fatales por instituciones se aprecia en el gráfico 31. Como se ve el Ejército
Peruano fue la institución que tuvo mayores bajas (60% del total de las bajas
reportadas de los agentes del Estado) en la medida en que el Estado Peruano les
encomendó a sus miembros la principal responsabilidad del combate a la
subversión armada. El 82% de las víctimas del Ejército Peruano fueron personal
de tropa, 7% suboficiales o técnicos y
11% oficiales. El 50% de los oficiales caídos en cumplimiento de su deber
fueron tenientes o subtenientes, el 85% tenían grados iguales o
inferiores al de capitán. La gran
mayoría de oficiales fallecidos eran entonces responsables de tropas o
patrullas por lo que sus muertes se produjeron generalmente en actos de combate
o en emboscadas subversivas en el campo
El Ministerio del Interior remitió a la CVR un
listado de 568 miembros de la
policía muertos a
consecuencia del combate contra
la subversión. Diversos elementos le permiten suponer a la CVR que la cifra
real de policías fallecidos podría ser
mayor (existen indicios que varios registros se perdieron en el proceso
de la reforma policial de 1988, además de posibles errores de registro en las
instituciones policiales). Un estimado de la cifra real podría situarla
alrededor de 839policías fallecidos (271 personas adicionales no registradas),
sin embargo, para el presente análisis la CVR decidió utilizar la información
oficialmente remitida por el Ministerio del Interior ya que en ese listado
aparecen los nombres de los policías que perdieron la vida en el cumplimiento
del deber, además de cierta información sobre las circunstancias en que
ocurrieron esos hechos. Salvo el caso de
algunos familiares de miembros de las fuerzas policiales caídos en combate
contra la subversión, a pesar de las campañas de difusión del trabajo de la CVR
se recibieron muy pocos testimonios
sobre víctimas de los institutos
castrenses. La información sobre estas bajas fue proporcionada directamente por
los institutos armados.
III ROSTROS Y PERFILES DE LA VIOLENCIA
La violencia armada no
afectó uniformemente todos los ámbitos geográficos ni los diferentes estratos
sociales del país. Estuvo concentrada en lo que podríamos denominar los márgenes de la sociedad, es decir, aquellas
zonas y grupos menos integrados a los centros de poder económico y político de
la sociedad peruana. Dentro de las zonas
más afectadas, a pesar del carácter masivo en términos del número de víctimas
fatales que provocaron, los principales actores del conflicto armado interno no
tuvieron un accionar totalmente indiscriminado, sino que seleccionaban a sus
víctimas al interior de estratos específicos de las sociedades regionales o
locales que fueron escenario de la violencia.
El perfil de las víctimas
de los principales actores del conflicto armado interno tuvo un carácter
dinámico, condicionado por el tipo de estrategia que intentaron llevar a cabo,
así como por las características específicas
de los lugares donde se desarrolló.
Conflicto.
[...] senderistas
cubiertos sus rostros con pasamontañas y
que usaban ponchos, aproximadamente a
las ocho de la noche, y que inmediatamente habían reunido a todos los pobladores
en el local de la escuela, donde los habían tenido casi hasta el amanecer, y
que después habían comenzado a escogerlos en dos salones, a los más jóvenes los
habían puesto en un salón y en el otro a los más maduros, y cuando se disponían
a partir llevándose a cinco jóvenes de la comunidad, entre ellos a su hermano, que entonces tenía 15 años de
edad, y a una jovencita de 18 años [...].
[...] esa mañana, los
soldados acorralaron al pueblo de Nuevo Occoro, reunieron en la plaza a toda la
gente, serían unas 100 personas entre hombres y mujeres, niños y ancianos. En
la plaza, los soldados separaron a los varones y a las mujeres; a éstas los
metieron al local del Cabildo y no los dejaron ni moverse. Cuando vinieron hacia la plaza, a los hombres los tenían agachados, a tres
muchachas los llevaron hacia el local del concejo distrital y los interrogaron
si los hombres de Nuevo Occoro eran o no terroristas. Del total del grupo de
hombres, los soldados seleccionaron a [...] los golpearon y los llevaron [...]
desde entonces hasta la fecha no se supo nada de ellos [...].
CVR. Testimonio Huancavelica.
En 1984, no recuerdo la fecha exacta, pero fue
aproximadamente a medio día, los senderistas
vinieron por primera vez en el distrito de Pilchaca; al no encontrar a
las autoridades, dijeron a todo el mundo que toda autoridad debía renunciar a su
cargo. En esa oportunidad, no lo encontraron
a mi papá [...] pero
quemaron los documentos
de la Municipalidad en la Plaza
Principal. En 1985, regresaron por segunda vez y dejaron cartas en las cuales
le decían que renuncie a su cargo; habían estado pidiéndole su renuncia; si él no
hacía caso, en cualquier momento iba a ser ajusticiado, porque, según ellos,
«ya conocen sus debilidades». Como se decía de que siempre iban a buscarlo a mi
papá, mis hermanos y yo le dijimos que se escape porque le habían matado a
otras autoridades de por acá, pero mi papá decía: «¿Por qué yo? ¿Qué cosa he
hecho para que me esté amenazando?». Y no nos hizo caso.
CVR. Testimonio,
Huancavelica.
[...] salíamos a buscarlo
en todos los lugares en donde se decía que habían aparecido muertos,
revisábamos uno a uno para poder
reconocerlo y nada [...]. En una oportunidad, nos dijeron que a orillas
del río Mantaro tiraban a los muertos y fuimos con mi hijo tempranito [...]
cuando nos acercábamos, vimos que llegaba
el carro del Ejército y nos escondimos para que no nos vean; miramos
cómo botaban bolsas negras en forma rápida y se fueron; nos acercamos y eran un
montón de muertos, que eran jóvenes torturados, con alambres en el cuello, con
mucha sangre, los pies rotos, muy golpeados. CVR. Testimonio, madre de
estudiante desaparecido, Junín.
A pesar de que la
violencia tuvo un carácter masivo y estuvo concentrada en las zonas más
marginadas y excluidas de la sociedad peruana, muchos de los testimonios
recogidos por la CVR nos indican que los principales actores del conflicto
armado interno desarrollaron un conjunto de prácticas de selección de sus
víctimas al interior de determinados grupos poblacionales
la violencia
no afectó a hombres y mujeres en forma similar ni estuvo distribuida
uniformemente en todos los grupos de edad. Fueron los hombres entre 20 y 49
años quienes conforman el grueso de las víctimas fatales reportadas
a la CVR (más del 55%), mientras que las mujeres de todas
las edades suman poco menos del 20% de víctimas. Si comparamos la distribución de edades de
las víctimas con la de edades de la población peruana estimada para 1985, la
concentración de víctimas en los grupos antes mencionados se hace más evidente: Mientras que, en el conjunto de la sociedad
peruana,el grupo que va de 20 a 49 años representaba el 38% de
la población, entre los muertos y desaparecidos reportados a la CVR, este grupo
de edades representa el 66% de las víctimas. Si además consideramos que más del75%
de las víctimas fatales mayores de 15 años estaban casadas o eran
convivientes, es posible
afirmar que, donde tuvo lugar, el conflicto armado interno afectó
principalmente a hombres jefes de hogar, es decir, el grupo de la población con
mayor cantidad de hijos dependientes y sobre el cual reposan las principales
responsabilidades económicas y políticas de sus respectivas localidades. Otro
indicador de selectividad es el tamaño del grupo en el que fue ejecutada o
asesinada una persona. Cuando las personas son asesinadas o ejecutadas en grupos
pequeños, generalmente estamos ante situaciones donde los principales actores
del conflicto se han dado el trabajo de ubicar dentro de una comunidad a
víctimas específicas para ultimarla sin dependientemente del agente responsable, la mayoría (cerca del 68%) de
personas asesinadas o ejecutadas extrajudicialmente reportadas a la CVR lo
fueron en operativos o acciones donde murieron simultáneamente menos de cinco
personas. A título de comparación, en el
caso del conflicto armado
guatemalteco, más de la mitad de las personas reportadas como asesinadas entre
1969 y 1995 murieron en grupos de más
de cincuenta personas, particularmente en las comunidades
mayas, lo que da cuenta de niveles de violencia indiscriminada tales que dieron
lugar a que la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala califique de
genocidio la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad estatal contra el
pueblo maya.En el Perú y en el caso de los agentes del Estado en particular, el
trabajo de selección de víctimas se refleja también en la importancia que
adquirió la práctica de desaparición forzada. Ésta supone extraer a una persona
específica del contexto en el cual vive, sustraerla de la mirada pública y de
los mecanismos legales de protección individual, para de esta forma encubrir un
conjunto de violaciones de los derechos humanos (detenciones arbitrarias, torturas, violaciones sexuales)
que generalmente terminan en una ejecución extrajudicial. La CVR ha
determinado que, entre 1980 y el 2000, aproximadamente el 61% de las víctimas
fatales provocadas por los agentes del Estado lo fueron mediante la práctica de
desaparición forzada.
Las mujeres y los niños
aparecen entre las víctimas fatales con
mayor frecuencia en situaciones de violencia indiscriminada, como son las
masacres o arrasamientos de comunidades.
PERFILES
La práctica de selección
de víctimas por parte de los principales actores del conflicto armado interno supone que éstos contaban con
un perfil o una caracterización de quiénes eran considerados blanco de la
acción violenta. Este perfil está
estrechamente vinculado con los objetivos y estrategias de los actores.
La CVR ha concluido que
el conflicto armado interno se inició debido a la decisión
del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso (PCP-SL) de conquistar
el poder mediante la lucha armada con el fin de destruir las instituciones del
Estado peruano e instaurar un régimen totalitario. En la estrategia de conquista del poder
mediante la lucha armada, el PCP-SL buscó atacar deliberadamente a quienes,
según su ideología, representaban el
viejo Estado. En la práctica, ello significó que
las personas que tenían responsabilidades relativamente más importantes
o desempeñaban un cierto liderazgo social o político en sus respectivas
comunidades se convirtieron en potenciales enemigos y víctimas de su
accionar. Un indicador contundente de
esto último es que, luego de los campesinos, el segundo grupo ocupacional más
golpeado por la violencia del PCP-SL estuvo conformado por
las diversas autoridades locales
y dirigentes sociales que existían en las zonas donde el conflicto armado
interno tuvo lugar (alcaldes, regidores, subprefectos, gobernadores, tenientes
gobernadores, jueces de paz, dirigentes locales, etc.). De acuerdo con los
testimonios recibidos, aproximadamente
1680 personas, es decir, el 21% de las víctimas fatales provocadas por
el PCP-SL reportadas a la CVR fueron autoridades de este tipo. El asesinato de un número tan grande de
autoridades locales, la mayoría de ellas militantes de los partidos políticos
que sustentaron el régimen democrático
inaugurado en 1980, constituye un duro golpe a la capacidad de intermediación
política de las zonas afectadas por el conflicto armado interno. Es evidente
que toda una generación de representantes
e intermediarios políticos locales ha sido eliminada intencionalmente por el
PCP-SL en su estrategia de generar un vacío de poder que pueda ser
posteriormente llenado por sus propios cuadros. Si bien las personas que
ocupaban cargos de autoridad o
posiciones de liderazgo en sus comunidades eran los blancos más visibles de la
acción armada del PCP-SL, los mecanismos
de selección del grueso de las víctimas provocadas por este grupo
subversivo eran mucho más sutiles y dependientes de las microdiferenciaciones del poder local
y el estatus social que pueden configurarse en las diferentes comunidades
rurales donde tuvo lugar el conflicto armado interno. De acuerdo con los testimonios recopilados
por la CVR, las personas dedicadas a actividades agropecuarias representan
el 57%
de las víctimas causadas por el PCP-SL, sin embargo, al interior de ese
porcentaje se esconden las múltiples diferencias que pueden existir entre los
campesinos relativamente más prósperos económicamente y los más pobres, entre
aquellos más conectados a las redes del poder (económico y político) local o
regional y los más excluidos. Estos matices son difícilmente percibidos desde
el Perú más urbano, ya que las inmensas distancias económicas, políticas y
sociales que existen con el Perú rural llegan a cubrir a esta última realidad
de un manto de uniformidad teñido y definido por la pobreza y el subdesarrollo. En el mundo rural andino y selvático, esas
diferencias no logran ser captadas
o medidas con exactitud mediante las gruesas categorías socioeconómicas
que una aproximación cuantitativa obliga a utilizar. Dependen en gran medida de
las diferencias sociales relativas y específicas a cada contexto particular,
por lo que resulta difícil encontrar estándares aplicables a todos los casos.
Sin embargo, son justamente esas
diferencias relativas las que
configuran los potenciales conflictos dentro de la sociedad rural que la
estrategia del PCP-SL buscó aprovechar a su favor. Los diferentes
estudios en profundidad realizados por la CVR dan cuenta de la importancia de
estos factores en la estrategia del PCP-SL y sus prácticas de selección de
blancos de la autodenominada «acción
armada revolucionaria».
La concepción
hiperideologizada del mundo que representa el pensamiento Gonzalo, al ser
aplicada al mundo rural peruano, determinó que todos aquellos que podían estar
relativamente más conectados al mercado, las redes e instituciones políticas,
regionales o nacionales, se convirtieran en «enemigos de clase del proletariado
y del campesinado» o en «agentes del
Estado feudal y burocrático» que debía ser destruido. Ello
en un contexto en el cual la sociedad rural peruana había sufrido ya grandes
transformaciones en la segunda mitad
del siglo XX
(como lo atestigua
el proceso de Reforma Agraria en la
década de 1970), transformaciones que modificaron profundamente las
antiguas divisiones entre indios
y señores, campesinos y hacendados, yterminaron por hacer desaparecer la
oligarquía rural y terrateniente en el campo
peruano. El «Pensamiento Gonzalo»
busco forzar la nueva realidad de relaciones sociales en el campo para que
encajen en sus categorías ideológicas y de
esta forma poder crear artificialmente blancos identificables para la
acción armada de sus militantes. El trabajo político de acumulación de fuerzas
desarrollado por el PCP-SL lo llevó a reclutar a sus militantes y simpatizantes
entre la juventud de origen campesino, principalmente en Ayacucho.
Muchos de estos jóvenes se habían beneficiado entre los años 1960 y 1980 de un
proceso de expansión de la educación secundaría y superior, el cual elevó sus
expectativas de movilidad social ascendente.
Sin embargo, las escasas oportunidades
de desarrollo económico en sus localidades de origen hicieron que muchas de
estas expectativas se vieran frustradas, por lo que un sector importante de la
juventud rural ayacuchana fue atraído por el proyecto de cambio social y político
radical del PCP-SL, que le reservaba además un rol protagónico a los jóvenes en
el nuevo orden social que se buscaba
implantar. En aquellas comunidades en las que el PCP-SL no
podía captar la adhesión voluntaria de los jóvenes, obligaba a éstos a
participar de sus acciones mediante prácticas de reclutamiento forzado.
3.3. DINÁMICA DE LA VIOLENCIA
La intensidad de la
violencia no estuvo uniformemente distribuida a lo largo de los años que duró
el conflicto armado interno ni afectó a todas las regiones en el mismo
momento. 1984 y 1989. El
primero corresponde al momento de
mayor intensidad y que provocó el número más importante de muertos y
desaparecidos que fueron reportados a la CVR (19% del total del víctimas). Se
inscribe en el período inicial del conflicto, centrado esencialmente en el
departamento de Ayacucho, en el que se
aprecia una notable escalada de la
violencia, especialmente a partir de 1983, luego de que, en diciembre de
1982 se les encarga las fuerzas armadas
(FFAA) la conducción de la lucha contrasubversiva. Luego de un período de
descenso de la intensidad del conflicto,
cuyo punto más bajo en términos de número
de víctimas fatales fue 1986, a partir de 1987 se inicia un recrudecimiento de
la violencia que alcanza otro pico en 1989 yque
se mantiene en niveles relativamente elevados hasta 1992, año en que es
capturado Abimael Guzmán Reinoso y desestructurada la cúpula de la dirección
central del PCP-SL. Si bien en este segundo período no se llegó a niveles
similares a los de 1984, el conflicto se expandió a cada vez más lugares del
país. a la intensidad de la
violencia con la extensión de la misma
a diferentes ámbitos geográficos. Se observa cómo, a partir de 1987,
luego del descenso experimentado
entre 1985 y 1986, no sólo se
incrementa el número de muertos o desaparecidos reportados a la CVR, sino también
los lugares donde ocurrieron los hechos que dieron lugar a esas víctimas el año más intenso en
términos de víctimas fue 1984, pero los años comprendidos entre 1989 y
1992 fueron aquellos donde más
localidades experimentaron el conflicto armado interno. , cómo fue la
distribución relativa de las víctimas fatales en los principales departamentos
afectados por el conflicto armado interno. Entre 1982 y1985, éste estuvo prácticamente circunscrito
al departamento de Ayacucho. En los años posteriores, Ayacucho, en particular
la región del valle del río Apurímac en las provincias de Huanta y La Mar,
permanece como uno de los escenarios centrales hasta 1993. Sin embargo, a
partir de 1986-1988, el conflicto armado interno adquiere un carácter
relativamente más nacional. Entre 1989 y 1991, la región central, especialmente
el departamento de Junín, se convierte
en otro de los escenarios principales de
la violencia, al mismo tiempo que la importancia relativa de la zona
nororiental comienza a aumentar. A partir de 1994, el departamento de Huánuco,
y sobre todo la provincia de Leoncio Prado en el valle del Huallaga,
concentrará a más de un cuarto de las víctimas fatales del período final de la
violencia. a la distribución relativa de víctimas
por año para cada uno de los departamentos más
afectados por el
conflicto armado interno.Aquí se puede detectar qué momentos
marcaron diferentes niveles de
intensidad del conflicto en cada zona del país.
Conforme evolucionan a lo largo del tiempo los escenarios del conflicto,
también se producen cambios en ciertos aspectos del perfil de las
víctimas, especialmente en
aquellos elementos relacionados con la caracterización sociocultural de
éstas mientras va disminuyendo la
importancia relativa de la región sur central (conformada por el departamento de Ayacucho y provincias
colindantes de Huancavelica y Apurímac), también disminuye
el porcentaje de víctimas fatales ocurridas en zonas rurales y de aquellas que
tenían el quechua como idioma materno. Ello implica que el conflicto no
sólo abarca espacios
geográficos diferentes, sino realidades sociales más complejas. Nótese,
sin embargo, que, en todos los momentos de mayor intensidad, la mayoría absoluta de las víctimas sigue
presentándose en zonas rurales
y tienen como su lengua materna idiomas diferentes al castellano. Esta
disminución relativa del peso del Perú rural y quechuahablantes en el universo
de las víctimas es acompañado de una mayor visibilidad mediática del conflicto
armado interno. Como se aprecia en
el Gráfico 20,
existe una correlación positiva entre el crecimiento de
la proporción de víctimas en zonas rurales y la cantidad de noticias que sobre
el conflicto armado interno se reportan en los principales medios de
comunicación escrita del país. Esta correlación reafirma nuestra conclusión de que
una parte importante del Perú se desangró casi sin que el resto del país lo
notara. La violencia y sus víctimas adquirieron cada vez más importancia para
la opinión pública conforme el conflicto atacaba los centros donde se ubica el
poder económico y político del país.
3.3.1. Dinámica de los actores
Tal y como ha sido
reseñado a lo largo del Informe, la responsabilidad del mayor
porcentaje de muertos y desaparecidos reportados a la CVR (cerca del 54%) ha
sido atribuida al PCP-SL, mientras que los diversos agentes del Estado han sido
señalados como responsables de cerca de un tercio de esos casos.
la
responsabilidad de los demás agentes que intervinieron en el
conflicto armado es mucho menos importante en comparación a
estos dos actores En tal sentido, para efectos de esta sección, nos
concentraremos en las víctimas provocadas por el PCPSL y los agentes del
Estado. en todos los años, los muertos y desaparecidos
reportados a la CVR que serían responsabilidad del PCP-SL son más numerosos que
aquellos provocados por los agentes del
Estado. La distancia entre las
líneas correspondientes a cada actor se acrecienta notablemente a partir de
1987. Como ha sido indicado, entre 1987 y 1993, el país experimenta una nueva
escalada de la violencia, provocada por la expansión del accionar del PCP-SL
hacia nuevos escenarios regionales.
Esa expansión no es
inmediatamente acompañada de un
recrudecimiento de la represión del Estado, puesto que, como es visible, la
inflexión hacia arriba de la línea del PCP-SL se produce en 1987, mientras que
la de los agentes estatales comienza su nuevo ascenso el año siguiente. Por
otro lado, los patrones visibles en las
curvas dan cuenta de los cambios en las estrategias de
los actores. Las primeras fases
del conflicto estuvieron marcadas por su carácter eminentemente ayacuchano y
por los elevados picos de violencia
alcanzados en 1983 y 1984. Luego de un reflujo, la nueva expansión del
conflicto hacia fines de la década de los 80 adquiere un carácter nacional y
está definida por el «salto al equilibrio estratégico» emprendido por el PCP-SL
y el refinamiento y mayor selectividad de la estrategia contrasubversiva del
Estado. Ello puede corroborarse en el siguiente gráfico. Mientras que la
cantidad relativa de muertos y desaparecidos provocados por el PCP-SL es muy
parecida en los dos
momentos de mayor intensidad del
conflicto (1983-1984 y 1989-1990), las víctimas provocadas por los agentes del
Estado en el segundo momento son casi la mitad de las que murieron o
desaparecieron entre 1983 y 1984. Los cambios mencionados se reflejan también en la paulatina diferenciación del tipo de sociedad en la cual se desarrolla el
accionar de cada uno de los principales actores del conflicto. Si exceptuamos
los años 1980 y 1981, los Gráficos 25 y 26 nos indican que tanto el PCPSL como
los agentes del Estado actuaban en los mismos espacios socioculturales en los
períodos iníciales del conflicto. A
partir de 1988-1989, no sólo estos universos sociales se van
diversificando, sino que
las víctimas provocadas por cada actor van diferenciándose entre sí.
Mientras que los muertos
y desaparecidos reportados a la CVR que serían responsabilidad del PCPSL siguen
proviniendo básicamente del mundo rural
y quechuahablantes, aquellos provocados por los agentes del Estado comienzan a
ser reportados con mayor frecuencia en
zonas más urbanas y entre una población más próxima a la cultura occidental
Es claro que, para los años 1982-1984,
el comportamiento de los patrones cuantitativos expresados en los gráficos
precedentes se explica por el hecho de que el conflicto se desarrolló casi
exclusivamente en el departamento de Ayacucho. Sin embargo, conforme el
conflicto adquiere dimensiones nacionales y el PCP-SL busca expandir su proyecto político totalitario hacia nuevos
espacios, esta organización comienza a encontrar una resistencia en el mundo
campesino o nativo (andino y selvático) cada vez mayor, la cual es potenciada
por la promoción estatal de la formación de rondas campesinas. Ello motiva
que las
acciones armadas de la organización subversiva adquieran un marcado
carácter de represalia contra la sociedad rural. Paralelamente, los agentes del Estado y, en
particular, las FFAA, como parte del cambio de su estrategia contrasubversiva,
van desarrollando alianzas más importantes con el campesinado y focalizando su
acción represiva en sectores sociales donde existe una mayor probabilidad de
ubicar y eliminar individuos vinculados más estrechamente con el PCP-SL. , la
nueva estrategia implementada por
los agentes estatales, en la
medida en que incrementó su carácter selectivo, implicó un empleo cada vez más
sistemático de la práctica de la
desaparición forzada (especialmente en los años 1989-1993), así como un
incremento sustantivo de las detenciones oficiales de presuntos
subversivos que fueron capturados y sometidos a las nuevas leyes y procedimientos judiciales antiterroristas.
Cabe resaltar que este
incremento se intensifica
notablemente luego de la captura de los principales dirigentes
subversivos. Más allá de las dinámicas reseñadas en esta sección, ciertos
componentes de los perfiles de las víctimas se mantienen relativamente estables
a lo largo de todo el conflicto armado
interno, 187especialmente las diferencias antes establecidas en las estructuras
de edades y los niveles educativos de las víctimas provocadas por los
principales actores del conflicto .
3.4. VÍCTIMAS ENTRE LAS FUERZAS DEL ORDEN
Veintidós hombres con
seis fusiles, en esa intervención salimos
con tres fusiles y con ametralladoras
MGP, que no son aptas para un combate así
en este lugar. Y ahí fuimos sorprendidos.
El que habla y seis efectivos iban a la intervención y fuimos sorprendidos por este
grupo de bloqueo de Sendero Luminoso, el cual con una granada Instalasa, que
entró por el parabrisas de la camioneta le voló los dedos al chofer, impactó la
granada Instalasa en la pierna del teniente, pasando la puerta y estallando en
la marginal. Y ahí fuimos recibidos por
una lluvia de balas. Estando yo en la parte de atrás de la camioneta cuatro por
cuatro, junto a mi colega, difunto ahora y al frente de tres personal
subalternos, fuimos el escudo de ellos. Mi colega que estaba a la izquierda le cayó una ráfaga, agarrando yugular y corazón,
que al instante quedó muerto. El que habla que iba con una mochila con munición
trescientos cincuenta cartuchos, fue impactado también.
(SO. PNP. José Rafael
Vives, San Martín, 1990)
En el 31 de
marzo del 92 [...] mi esposo
[...] me acompañaban [...] a dos cuadras, al paradero, sin presagiar. [...] Me
acuerdo que, al llegar al paradero, [...] divisé una combi que bajaba por
Montenegro. Y les dije a mis hijos, a mi esposo... me despedí de ellos y crucé
la pista. Les di la vuelta a las personas que estaban alrededor, en el
paradero. Esperé que subiera un joven y de ahí traté de subir yo. Y escuché
como un estallido. Pensé que era lallanta del carro, de la combi. Bajé la
mirada a ver la llanta y era el primer disparo que metiraban por la espalda. De
ahí sentí como un desvanecimiento y caí. Y me acuerdo que miré al cielo
y dije: “¿Por qué?”. De ahí
comencé a querer levantarme, incorporarme, y sentí cómo las balas entraban en
mi cuerpo y cómo mi cuerpo se movía a cada impacto de bala que entraba. [...]
Entonces, yo decía: “Dios mío, si
sigo moviéndome me van a seguir dando”. Y yo me acuerdo que [...] atiné
[...] a tirar mi cabeza a la izquierda, y es donde entra la quinta bala,
que era el tiro de gracia, que me entra por el globo derecho y sale por lasien
izquierda, quemándome el nervio óptico
de la izquierda. [...] Y sentí la presencia después de mi esposo que me
decía: “No te
mueras. Te necesitamos. Nuestros hijos te necesitan”.
(SO. PNP. Ana Carolina
Lira Chupingahua, Lima, 1992)
Los institutos armados y
el Ministerio del Interior han proporcionado a la CVR las listas de las bajas
de sufrieron las fuerzas del orden en el combate contra la subversión armada a
lo largo del 20 años investigados. De acuerdo con esta información murieron 1,674
miembros de las fuerzas del orden16 en actos de servicio en zonas de emergencia
o en combates contra elementos subversivos entre 1980 y el año 2000. Esta cifra
equivale al 7% del total de víctimas fatales reportadas en los testimonios
analizados por la CVR Según las mismas fuentes, adicionalmente las fuerzas del
orden sufrieron 1,698
bajas de heridos o de efectivos que quedaron inválidos a
consecuencia de los combates o los ataques perpetrados por los elementos
subversivos. el Ejército Peruano fue la institución que tuvo mayores bajas (60%
del total de las bajas reportadas de los agentes del Estado) en la medida en
que el Estado Peruano le encomendó a sus miembros la principal responsabilidad
del combate a la subversión armada. El 82% de las víctimas del Ejército Peruano
fueron personal de tropa, 7%
suboficiales o técnicos y 11% oficiales. El 50% de los oficiales caídos en
cumplimiento de su deber fueron tenientes o subtenientes, el 85% tenían grados iguales o
inferiores al de capitán. La gran
mayoría de oficiales fallecidos eran entonces responsables de tropas o
patrullas por lo que sus muertes se produjeron generalmente en actos de combate
o en emboscadas subversivas en el campo. La policía
nacional fue la segunda institución de las fuerzas del orden que sufrió el
mayor número de bajas a consecuencia del conflicto armado interno (34% de las
bajas de las fuerzas del orden). El 8% de los fallecidos de las fuerzas
policiales serían oficiales. A
diferencia de los efectivos de las fuerzas armadas, cuyas
bajas se produjeron sobre todo en operaciones de patrullaje el campo, gran parte de las
bajas policiales son producto de
atentados individuales («aniquilamientos») o ataques subversivos contra puestos
policiales relativamente aislados y poco guarnecidos. En los primeros años del
conflicto armado interno, los ataques contra policías eran una modalidad
empleada por los miembros del PCP-SL para proveerse de armamento. Asimismo,
estos ataques se consideraban una forma de «bautizo» para los subversivos que
formaban parte de los destacamentos de «aniquilamiento selectivo». Muchos de
estos ataques se produjeron mientras los policías realizaban labores cotidianas
relacionadas a su función (seguridad ciudadana, patrullaje urbano, etc.) por
sorpresa y de forma alevosa (tiros por la espalda). En relación al Ejército o
las Fuerzas Policiales, la Marina de Guerra tuvo un número mucho menor de
bajas fatales (6% del total de las fuerzas del orden). Su ámbito de
acción estuvo básicamente restringido a las provincias de Huanta y La Mar en el
departamento de Ayacucho (25 bajas fatales) y a algunas provincias de Ucayali y
Huánuco (39 víctimas fatales). Efectivos de esta institución también murieron
en enfrentamientos o atentados en la ciudad de Lima y el Callao, en estas
localidades se registraron 20 bajas, 3 de las cuales corresponden a miembros de
la marina de guerra que murieron en la debelación del motín en el Penal del
Frontón en 1986. La CVR ha recibido una relación de 10 efectivos de la Fuerza
Aérea Peruana muertos a
consecuencia del conflicto armado interno. Estas bajas de
produjeron generalmente mientras brindaban acciones de apoyo logístico a
miembros de las demás fuerzas del orden. En la tabla 1, se presentan el número
de efectivos de las fuerzas del orden que murieron según año de ocurrencia de
los hechos. Como se aprecia, los años
donde ocurrieron el mayor número de bajas fueron 1991, 1992 y 1993 (42% del
total de víctimas de las fuerzas del orden). La distribución de las víctimas de
las fuerzas del orden a lo largo del tiempo es bastante diferente de la
distribución del conjunto de víctimas reportadas en los testimonios de la CVR. existen
8 años de diferencia entre el momento en que el conflicto armado interno afectó
más a la población en general (1984) y aquel donde la mayor cantidad de
efectivos de las fuerzas del orden dieron su vida en el cumplimiento del deber
(1992). Si bien se observa un paulatino y continuado incremento de las bajas de
las fuerzas del orden a lo largo de los años, se registra un brusco incremento
en 1988 y otro en 1992. Ello coincide con el período del llamado «salto al
equilibrio estratégico» en el transcurso
del cual los miembros del PCP-SL intensificaron sus ataques en contra de los
blancos policiales y militares en todo el país. Luego de la captura de Abimael
Guzmán y de los principales líderes de
las organizaciones subversivas,
el conjunto de todas las víctimas desciende significativamente a partir de
1993. Se aprecia un nuevo y breve incremento de
bajas en 1995, casi todas perteneciente al Ejército y concentradas
en la zona del alto Huallaga. La CVR ha constatado que en diferentes momentos y
regiones del país, ocurrieron actos de heroísmo y ejemplos de cumplimiento del
deber por parte de policías y militares que arriesgaron o dieron su vida en la
lucha contra la subversión armada. A
ellos, el Estado y el país les debemos reconocimiento pleno.
4. La dimensión jurídica de los hechos
El presente capítulo da
cuenta del dolor padecido por miles de peruanas y peruanos en el período comprendido
en el mandato de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Presenta así once
tipos de graves hechos ocurridos en el país: desaparición forzada de personas,
ejecuciones arbitrarias, asesinatos, secuestros, torturas y tratos crueles inhumanos
o degradantes, violencia sexual contra la mujer, violencia contra menores,
desplazamiento interno y violación de derechos colectivos, detenciones
arbitrarias y abusos en la administración de justicia. El propósito específico del
capítulo es establecer el marco jurídico que
se utilizará a lo largo de este informe para el análisis de los once
tipos de hechos antes mencionados.
4.1MARCO JURÍDICO
4.2. Derecho Internacional y Constitución Política del Perú
La CVR toma en cuenta que
la comunidad internacional reconoce la
existencia de un núcleo inderogable de derechos de la persona humana,
establecido por normas imperativas de Derecho Internacional general, sean éstas
tributarias del Derecho Internacional de Derechos Humanos, del Derecho
Internacional Humanitario, o del Derecho
Penal Internacional. Este núcleo inderogable de derechos deriva y se funda en
la dignidad de la persona humana. Conforme
a la Cuarta Disposición Final y al artículo 3º de la Constitución
Política del Estado vigente desde
1993 este núcleo de derechos inderogables determina el sentido en que debe ser interpretado el contenido y alcance de
todos los derechos reconocidos por la Constitución
e integran además la relación de derechos fundamentales específicos a los que
cabe reconocer rango constitucional, como parte de nuestro ordenamiento jurídico. Conforme lo declaró la Corte Internacional de
Justicia —caso Barcelona Traction, 1970—, estos derechos expresan «obligaciones
de los Estados hacia la comunidad internacional en su conjunto», por lo que:
(…) Vista la importancia de los derechos en
cuestión, todos los Estados lo reconocen como un asunto de interés jurídico
para que tales derechos sean protegidos, estableciendo que las obligaciones asumidas por ellos son
obligaciones erga omnes. Estas
obligaciones provienen por ejemplo, en el derecho internacional contemporáneo,
de la misma fuente que las leyes sobre actos de agresión y de genocidio pero
también de los principios y las reglas sobre los derechos fundamentales de la
persona humana y comprenden la
protección contra la práctica de la esclavitud y la discriminación racial. Las garantías
de protección correspondientes están integradas al derecho internacional
general. Igualmente, la CVR ha utilizado los tratados de derechos humanos y de
derecho humanitario que, al haber sido
suscritos por el Estado peruano, deben ser cumplidos cabalmente. Estos
tratados, como es sabido, codifican frecuentemente normas de Derecho Internacional general surgidas
consuetudinariamente o reconocidas como normas imperativas. Asimismo, se ha tenido
en consideración los preceptos constitucionales y dispositivos legales
internos, entendiendo que el Estado
peruano está obligado internacionalmente a mantener en estas disposiciones respeto
a las obligaciones que ha asumido como miembro de la comunidad
internacional. Es de notar que la
noción de derechos humanos aparece
expresamente en nuestras constituciones de 1979 y 1993, las mismas
que la comprenden dentro de la expresión
«derechos fundamentales» de la
persona humana. Ambas Constituciones contienen extensos listados de derechos organizados a
partir del reconocimiento de la dignidad
de la persona humana que contemplan las reglas
básicas sobre respeto a la vida, a la libertad y a la integridad física y
mental de la persona humana, entre otras.
Además, ambas
Constituciones han reconocido que la
enumeración de los derechos fundamentales que contienen debe completarse en todo
momento con «los demás que la
Constitución garantiza» y con «otros de naturaleza análoga
o que derivan de la dignidad del hombre» (artículos 4º de la Constitución de
1979 y 3º de la Constitución de 1993). Entre ellos debe destacarse, dado el
estado actual del derecho
internacional, los derechos derivados de normas imperativas de derecho
internacional general que obligan a todos los Estados, y las propias disposiciones de los instrumentos
internacionales de protección a los
derechos humanos, que entonces adquieren, combinando la Cuarta Disposición
Final con el artículo 3º de la Constitución de
1993, una doble fuerza
vinculante, ya como pauta hermenéutica para la interpretación de los derechos
fundamentales, ya como derechos fundamentales por sí mismos incorporados a
través del artículo 3º. La Décimo Sexta Disposición Final de la Constitución de
1979 concedió a los principales instrumentos de protección a los Derechos
Humanos el rango explícito de normas constitucionales. Si bien la Constitución
de 1993 no mantuvo esta disposición, respetó sin embargo, en su Cuarta Disposición
Final, el valor hermenéutico que les
corresponde al momento de determinar el contenido y alcance de las normas
vinculadas a los derechos de la persona humana, y amplió esta función a todos
los instrumentos que sean ratificados sobre estos temas.
4.3El Derecho Internacional de los Derechos Humanos
El Estado ha ratificado
los más importantes tratados universales y regionales que conforman hoy en día
el Derecho Internacional de los Derechos Humanos a nivel mundial e interamericano, participando activamente en
los sistemas de Naciones Unidas e Interamericano de protección de los derechos
humanos.
La Declaración Universal
de los Derechos Humanos (1948) fue aprobada por el Perú mediante Resolución
Legislativa N° 13282 de fecha 15 de diciembre de 1959. La comunidad internacional
reconoce contemporáneamente que esta Declaración enuncia derechos de las
personas de cuyo efectivo reconocimiento ningún Estado está exento. Así es como
se ha instituido en base a ella un Sistema universal de protección de los Derechos
Humanos para supervigilar su cumplimiento y promover su respeto por
todos los Estados.
Algo semejante puede afirmarse respecto de la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre (1948).
El cuerpo jurídico existente
en materia de derechos humanos
tiene implicancias precisas para el Perú.
En primer lugar, en virtud de
principios de derecho
internacional, ningún Estado podrá invocar las disposiciones de su
derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado o de normas
imperativas de derecho internacional general (jus cogens). En segundo lugar,
que los tratados de derechos humanos difieren de los otros tratados en un punto
central: su objeto es la «protección de los derechos fundamentales de los seres
humanos» (Corte I.D.H., OC—2/82, N° 29)
En tercer lugar, las
violaciones a los derechos humanos perpetrados por un Estado dejan de ser
materia interna y competencia exclusiva
de dicho Estado, estando la comunidad internacional siempre autorizada a emitir
críticas y recomendaciones, disponer investigaciones
y adoptar otras medidas pertinentes, como lo atestigua el funcionamiento de los
Sistemas universal y regionales —interamericano, europeo y africano— de protección
de los derechos humanos. A las
implicancias de alcance general antes
señaladas debemos añadir otras
de carácter específico que recaen
sobre todo Estado en virtud del Derecho Internacional de
los Derechos Humanos. Estas son
las obligaciones de respetar y de garantizar —hacer respetar— los derechos y libertades
reconocidos por los tratados de
derechos humanos y humanitarios en general. De tal modo que todo
menoscabo a estos derechos atribuible «a la acción u omisión de cualquier autoridad pública, constituye un
hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad» según los términos
fijados por el tratado infringido. Ello por cuanto «es un principio del Derecho
internacional que el Estado responde por los actos de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial y por las omisiones de
los mismos aun si actúan fuera de los límites
de su competencia o en violación
del derecho interno». Como consecuencia de la obligación de garantizar los
derechos establecidos en los tratados precitados, el Estado debe «prevenir,
investigar y sancionar toda
violación de los
derechos reconocidos y procurar, además, el restablecimiento, si es
posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños
producidos por la violación de los derechos humanos». caso, la acción penal que
el Estado debe promover va dirigida contra todo individuo, funcionario público
o particular sin excepción alguna, responsable de la violación alegada.
El
Derecho Internacional de los Derechos Humanos vela pues por la
protección de los derechos de las personas pero también exige la intervención
del Derecho Penal de cada Estado
contra los presuntos delincuentes. La «negligencia en la prevención del delito
y en el castigo del delincuente constituye una violación de las obligaciones
que el Estado ha asumido en materia de derechos humanos» (Faúndez
1999: 31). Asimismo, el Estado está en la obligación de adecuar su ordenamiento
jurídico a las exigencias de los principios y normas del Derecho Internacional
de los Derechos Humanos.
4.4 LA MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LOS PATRONES DE CRÍMENES Y VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Al realizar el examen de
los crímenes y violaciones bajo el mandato de la Comisión es necesario, además
de la necesaria precisión jurídica, preguntarse por las razones que estuvieron
detrás de su realización. En efecto, detrás de estas conductas hubo ideologías,
voluntades políticas y estrategias, algunas de las cuales se propusieron
obtener la aquiescencia de la población civil a cualquier costo. Las siguientes
consideraciones intentan poner en contacto las estrategias elegidas por los actores
y sus consecuencias, con el fin de arrojar
luces sobre la magnitud sin precedentes del conflicto. Debe aclararse que
el entendimiento de estas estrategias no constituye ningún tipo de excusa moral ni de eximente legal para los crímenes
cometidos. Del mismo modo, la diferente participación proporcional en el número
total de víctimas fatales no puede entenderse como atenuante de la
responsabilidad moral y política que pueda caber a los
distintos agentes participantes,
por los daños ocasionados contra la población civil.
4.5
Crímenes y violaciones derivados de la estrategia senderista
En el caso del iniciador
del conflicto, el autodenominado Partido Comunista del Perú «Sendero Luminoso», se desarrolló una
estrategia que incorporaba conscientemente el terror como un instrumento al servicio de
sus objetivos y que rechazaba explícitamente las reglas del derecho internacional.
La ideología senderista, sintetizada en el llamado «pensamiento Gonzalo», fundamentaba
un maniqueísmo extremo que consideraba a toda institución y grupo social no controlado
por Sendero como un enemigo absoluto y lo convertía en un
objetivo militar. Autoridades,
dirigentes sociales, empresarios, religiosos, líderes políticos de cualquier
punto del espectro electoral,
eran considerados como blancos legítimos de acciones violentas. La
prédica senderista señalaba inequívocamente que los derechos humanos son
construcciones ideológicas funcionales al orden social existente y que, por
lo tanto, no
tenían ningún valor para orientar la acción. Sendero Luminoso negaba que los individuos tuvieran realmente derechos por el hecho de
ser seres humanos, y afirmaba que toda
consideración humanitaria debía ceder paso a la exigencia de tomar el
poder para los sectores sociales oprimidos, a quienes decían representar. El
objetivo estratégico central de la acción senderista era la total destrucción
de las estructuras políticas existentes
y su reemplazo por organismos sujetos al control directo del PCPSL, como
gérmenes de un régimen político
alternativo en el que esta organización ejercería un control total del
poder del Estado. La estrategia preveía la acción restablecedora del orden de
parte de las fuerzas armadas, que destruiría
violentamente muchas de las iníciales bases senderistas, yanticipaba una
sangrienta y prolongada confrontación para dirimir superioridades. Con el objetivo de destruir total y
radicalmente el poder local, ya fuera estatal o tradicional y construir «bases
de apoyo», Sendero Luminoso optó por una política
de aniquilamientos selectivos, y
para reprimir toda resistencia, aplicó
consistentemente una política de ejercer represalias desproporcionadas. Los aniquilamientos fueron
consagrados como una «forma de lucha» indesligable de otras tácticas
normalmente utilizadas en los conflictos internos, como los sabotajes, la
propaganda armada y las emboscadas contra unidades militares aisladas o
pequeñas. Del mismo modo, el PCP-SL optó por construir aceleradamente, en
aquellos lugares donde lograba sustituir a las autoridades locales, unidades
armadas; para lo que no vaciló en recurrir al reclutamiento forzoso,
incluso de menores de edad. Alrededor de esta forma de violencia, que explica
la gran cantidad de secuestros y desapariciones atribuidas a Sendero
Luminoso se generaron una serie de
violaciones colaterales como la violencia sexual, la servidumbre, la tortura ylos
tratos crueles, inhumanos o degradantes. Sin embargo, las unidades armadas que
Sendero Luminoso organizaba no tenían
como objetivo defender las «bases de apoyo» creadas, puesto que para su concepción estratégica era
deseable provocar una represión desproporcionada de las fuerzas del orden y que
esa represión produjera fuertes
daños, pues suponía que el consiguiente rechazo de la población se traduciría
en apoyo a su causa. Cuando se hacía
urgente mantener a la población
como apoyo logístico de unidades militares
importantes, se optaba por una política de desplazamiento
forzoso y servidumbre que obligaba a la población civil (considerada como
«masa») a trasladarse de un lugar a otro huyendo de la
presencia estatal, sin
ningún reparo por las condiciones de vida extremas a las
que esa población era sometida en campamentos improvisados. Las diferencias de
la estrategia militar del PCP-SL con respecto a la normalmente aplicada por
otros grupos insurgentes en América Latina, explican su propensión a realizar
actos de extrema brutalidad y su recurso
permanente a la violencia ejemplarizadora. Incluso cuando se llevaban a cabo
acciones normalmente utilizadas por otros grupos armados en conflictos
internos, existía un ingrediente de saña y crueldad calculado para
crear un sentimiento de zozobra generalizado que sería supuestamente
favorable a sus objetivos al provocar
respuestas desproporcionadas y desmoralizar al enemigo. La provocación fue
un elemento permanente en la práctica senderista, pero para ser efectiva debió
asegurarse de indoctrinar a sus militantes con un sentido fatalista de sus
vidas. El llamado «pensamiento Gonzalo» elevó a la categoría de verdad
científica el concepto de una «cuota de sangre» que la población debía pagar
para lograr el triunfo de la lucha senderista, y que incluía la disposición de
los militantes a sacrificar sus vidas en acciones que no podían reportar ninguna ventaja militar, y que sólo
podían terminar en su propia destrucción. La estrategia del PCP-SL se mantuvo, en
general, incólume a lo largo del conflicto y cambió sólo en forma
cuantitativa, cuando se expandía a otras zonas o aumentaba de escala, como ocurriría
con los «paros armados». Cada
situación que cuestionaba la
efectividad de la estrategia elegida, ya fuese la resistencia de la población
local, o las operaciones estatales se respondía no con una revisión de la
estrategia, sino con un escalamiento de la violencia. Así ocurrió cuando el
PCPSL debió enfrentar la resistencia de comunidades que rechazaban su proyecto:
incapaz de aceptar que no había ganado la legitimidad que buscaba, el
PCP-SL generalizó enfrentamientos masivos entre sus columnas armadas y los
grupos de autodefensa, a los que veía como «mesnadas» feudales y no como lo que
eran, la
respuesta desesperada de
poblaciones que asumían la función de protección que el Estado no cumplía. Los principales crímenes y violaciones de los derechos
humanos cometidos por el PCP-Sendero Luminoso que fueron reportados a la CVR.
En el gráfico se pueden observar dos grandes ciclos de violencia desatada por
esta organización subversiva. El primero que va de 1982 a 1985 es el de mayor
intensidad. Entre esos años se cometieron cerca de un tercio de los asesinatos perpetrados
por el PCP-Sendero Luminoso que fueron reportados
a la CVR. Este primer ciclo de
intensa violencia en el conflicto armado interno se concentró básicamente en el
departamento de Ayacucho y está relacionado con tres procesos:
v El intento por parte del
PCP-Sendero Luminoso de imponer su modelo de estructura social y estatal en el
campo ayacuchano a través de la
formación de los
llamados «Comités Populares».
v La resistencia cada vez
más creciente (especialmente a partir de 1983)
de la población campesina ayacuchana al proyecto
totalitario senderista.
v La intervención de las
Fuerzas Armadas en el conflicto armado interno y la estrategia de la organización
subversiva de provocar actos de represión violenta e indiscriminada por parte de
las fuerzas del orden Luego de una violenta represión por parte de las fuerzas
del orden que, además de causar miles de víctimas inocentes en Ayacucho, golpeó
duramente al aparato político y militar del PCP Sendero Luminoso, esta
organización subversiva entró en una etapa de repliegue —prevista en sus planes,
que anticipaban una respuesta violenta
del Estado— y de penetración en otros espacios sociales y geográficos
distintos al escenario
ayacuchano. Entre 1985 y 1987, el PCP-Sendero Luminoso buscó generar
«bases de apoyo» y ampliar su accionar en
las regiones central, nororiental, sur
andina y las ciudades, tratando
de vincularse con diferentes sectores como el campesinado cocalero del valle
del Huallaga, las comunidades campesinas de Junín, Huancavelica y Apurímac, a
la vez que intensificaba un trabajo de proselitismo político entre sectores
juveniles radicalizados en las universidades de Lima y Huancayo principalmente.
Hacia 1988 se desencadenó otro ciclo de intensa violencia en estos nuevos
escenarios. La magnitud de los crímenes y violaciones de los derechos
humanos cometidas por la
organización subversiva en este período se explica por causas similares
a las del primer ciclo. Sin embargo, en este periodo la resistencia de la
población, sus autoridades y dirigentes sociales fue mucho
más temprana y decidida, como lo demuestra el caso de la exitosa resistencia
de las
comunidades campesinas puneñas, la expansión de las rondas campesinas y
de los comités de autodefensa. Por otro lado en esta nueva etapa, el Estado y
las fuerzas del orden habían logrado diseñar una nueva estrategia contrasubversiva que reforzaba el trabajo de inteligencia,
realizaba operativos de represión más selectivos, e incorporaba a la población
campesina en la lucha contrasubversiva. Tal y como se observa en el gráfico 1,
la distribución de los principales crímenes cometidos por el PCP-Sendero
Luminoso reportados a la CVR guarda un patrón bastante sincronizado. Esta
organización utiliza en forma concurrente y masiva el asesinato y la tortura
como métodos de «lucha armada», del
mismo modo utiliza el secuestro como forma de
reclutamiento. En conjunto estos métodos tienen el efecto de
provocar temor y zozobra en la
población y configuran una estrategia terrorista. Al mismo tiempo, por su
carácter sistemático o generalizado constituyen graves crímenes de lesa
humanidad, condenados no sólo por el derecho peruano sino también por el
ordenamiento jurídico internacional.
Entre los casos de
asesinatos, torturas y secuestros cometidos
por el PCP-Sendero Luminoso entre
1980 y el 2000 son muy altas ypositivas, lo que sugiere que estas prácticas
eran cometidas en forma simultánea consistentemente a lo largo del tiempo.
Involucrado
en una lógica de aniquilamientos, provocación, progresivo escalamiento de la
violencia y armamentización de antiguos conflictos intercomunales, el PCP-SL
causó una forma de conflicto armado sumamente costoso en vidas humanas, sin
precedente en la historia de los conflictos armados internos en América Latina.
La enorme proporción de las víctimas fatales atribuidas al PCP-SL no tiene
parangón en relación a los hallazgos de otras comisiones de la verdad en países
que también han sufrido enfrentamientos internos, ninguna de las cuales ha
atribuido más del 5% de las víctimas fatales a la acción de grupos insurgentes.
De acuerdo a la ideología
y práctica establecida por los líderes principales de Sendero Luminoso, la vida
humana era un valor apenas relativo; tanto la de aquellos a los que enfrentó, como
la de sus propios militantes. No deja de llamar la atención, sin embargo, a la
Comisión de la Verdad y Reconciliación, lo que ocurrió cuando los principales dirigentes
senderistas fueron capturados y se vieron frente a los mismos retos que
reclamaban a sus seguidores. Abimael Guzmán
y sus seguidores más cercanos, que habían rechazado todo tipo de
negociación con los regímenes democráticos, no sólo no se enfrentaron a sus
captores, sino que aceptaron una serie de privilegios y entablaron
negociaciones con un régimen dictatorial, a cambio de concesiones políticas que
implicaban su capitulación estratégica.
Guzmán
y sus seguidores más cercanos, que habían rechazado todo tipo de
negociación con los regímenes democráticos, no sólo no se enfrentaron a sus
captores, sino que aceptaron una serie de privilegios y entablaron
negociaciones con un régimen
dictatorial, a cambio de
concesiones políticas que implicaban su capitulación estratégica.
4.5 Crímenes y violaciones derivados de las
estrategias de los agentes estatales
El
Estado peruano no estuvo preparado para enfrentar la subversión
armada, tal como esta fue planteada por el PCP-SL. Por mucho tiempo creyó que
se enfrentaba a una insurgencia similar a las guerrillas de
1965, o emparentada con otras
tendencias latinoamericanas. Por esta razón, la actuación policial inicial fue
sobre todo reactiva y subordinada a la iniciativa de Sendero Luminoso. Esta
actuación inicial de las fuerzas policiales no tuvo tiempo de madurar en
resultados positivos y se decidió delegar las responsabilidades de la lucha contrasubversiva en las fuerzas armadas.
El resultado inmediato de una decisión tal, adoptada sin contar con una
estrategia integral en todos los campos —ideológico, político, económico y
militar—, fue una abdicación del poder civil en las cada vez más amplias zonas
de emergencia y un radical escalamiento del conflicto que acentuó los costos
humanos hasta llegar a magnitudes
que nunca serían igualadas en el resto del período de
violencia. No se
conocía a Sendero
Luminoso. No se sabía con precisión
en qué sectores se había asentado, cuál era el perfil de sus militantes,
ni sus diferencias ideológicas de
Sendero con otros grupos. Los agentes del Estado sustituyeron su falta de
conocimiento por la definición de una población genérica como
el presunto enemigo: los ayacuchanos, los quechuahablantes, los
estudiantes universitarios, los dirigentes de izquierda pasaron a ser
sospechosos por asociación. Del mismo
modo, se encaró la preparación de las unidades contrasubversivas como un asunto
meramente técnico y militar, enfatizando la preparación física de sus miembros
para enfrentarse a geografías complejas.No se entendió la formación de estas
tropas como la capacitación ideológica y política de quienes debían ganar a la
población civil, evitando abusos que alienaran su lealtad; sino como el
adoctrinamiento basado en la obediencia ciega y al disposición a
cometer actos de crueldad. A estos factores hay que agregar
que las fuerzas del orden reprodujeron
prácticas racistas frente a las
poblaciones entre las cuales debían desenvolverse. Los oficiales de las fuerzas
del orden provenían de sectores medios urbanos;
sus distancias culturales y sociales con la población eran muy
altas y determinaron un extendido desprecio por la misma gente a la que tenían
que ganar. En muchos casos, en vez de proteger a la población ayacuchana contra el senderismo que
los sojuzgaba, se actuó como si se pretendiera proteger al Perú de esa
población. Pese a que Sendero se había rebelado contra un régimen democrático,
los gobiernos civiles, salvo iniciativas excepcionales, no utilizaron la
legitimidad de la democracia para
enfrentarlo y derrotarlo
ideológicamente. Por el contrario, se abdicó de la autoridad civil a favor de
respuestas militares sobre las que no se ejerció ningún control significativo.
Consentir que los jefes militares de
las zonas de emergencia se
convirtieran en autoridades «político-militares»
equivalía a una decisión del liderazgo civil de organizar la lucha
contrasubversiva de forma tal que sólo los líderes militares se hicieran cargo
del «trabajo sucio» que se suponía inevitables en el enfrentamiento; en tanto
los civiles se empeñaban en ignorar y acallar las denuncias que llegaban, en
lugar de asumir la responsabilidad de diseñar una estrategia contrasubversiva
efectivamente democrática. El estado de emergencia se desnaturalizó y, de una
institución excepcional que debía ser, se hizo permanente en distintas zonas
del país, con la consiguiente suspensión de garantías previstas en las
sucesivas constituciones vigentes. El carácter permanente que se le dio a la
excepcionalidad, debilitó la democracia peruana y creó un clima propicio para
las violaciones a los derechos humanos. Como se verá con claridad
en este informe, la política indiscriminada de los primeros años fue evaluada
críticamente durante momentos iníciales del gobierno encabezado por el Dr. Alan García Pérez, partiendo de una
evaluación crítica de lo hecho por su
antecesor, el presidente Fernando Belaunde Terry. Quizás lo más relevante para
ello fue en 1985 y 1986 el funcionamiento de una Comisión de Paz y una inicial
energía frente a graves violaciones a los derechos humanos cometidas por
miembros de las Fuerzas Armadas. Este interregno se quebró luego de la matanza de
los penales en junio de 1986, que restó credibilidad a la posibilidad de una
alternativa democrática a la lucha contrasubversiva y jugó a favor de la
estrategia de provocación y mayor polarización, preconizada por Sendero. De
este modo, el conflicto no solo no se solucionó sino que se expandió a otras
zonas y se hizo más complejo, llegando a
ser un fenómeno que –para muchos-
ponía en cuestión la viabilidad
estatal del Perú y que tenía un altísimo costo en violaciones de los derechos humanos
y acciones terroristas.
Es
cierto que hubo desde el poder legislativo meritorios esfuerzos por reorientar
la forma en que se hacía frente al problema subversivo, e investigación de
violaciones a los
derechos humanos. Lamentablemente se trató de posiciones en minoría que
no lograron cambiar de manera significativa la forma en que la autoridad civil
asumía sus responsabilidades en el conflicto. En la
práctica, fueron las
mismas fuerzas armadas y
policiales las que evaluaron y reorientaron su estrategia, reconociendo que
muchas poblaciones estaban entre dos
fuegos y que debían ser ganadas
para el lado del Estado. Con un mayor énfasis en acciones de inteligencia y en establecer
alianzas con los sectores sociales
donde Sendero pretendía ganar
adeptos, se desarrollaron acciones menos indiscriminadas. No se usaron, sin embargo,
métodos legales para su detención y procesamiento y se continuó recurriendo a
las ejecuciones extrajudiciales y de modo más selectivo a las desapariciones
forzadas. Luego de la captura de los principales dirigentes senderistas, del
uso de nuevas leyes que buscaban romper la lealtad interna de los grupos
subversivos y del creciente cuestionamiento nacional e internacional a
prácticas como las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada, se
produjo un nuevo ajuste en la
estrategia contrasubversiva. Las
violaciones a los derechos humanos más recurrentes desde ese momento en
adelante estuvieron vinculadas a la
detención arbitraria, a la violación de las garantías de debido proceso
y a la masiva condena de inocentes a términos de prisión muy prolongados En la primera etapa comprendida por los años
1983 y 1984, cuando se
delegó en las Fuerzas Armadas el control del orden
interno y el combate a la subversión en el departamento de Ayacucho se aprecia
una importante concentración de los casos reportados a la CVR en referencia a
ejecuciones arbitrarias, desaparición forzada y torturas. Esta etapa se
caracteriza por la aplicación por parte de agentes del Estado de una estrategia de represión masiva e
indiscriminada, especialmente en las zonas rurales del departamento de
Ayacucho. Como se ha dicho, en esos años, los miembros de las fuerzas del orden
golpearon a un cierto perfil de población con el objeto de eliminar a los
militantes del PCP-SL. Se eliminó a los sospechosos, a los presuntos
colaboradores yen no pocos casos a su entorno social y familiar de dichas
personas, buscando hacer evidente ante la población campesina los costos de
colaborar con el grupo subversivo. Algunas de estas prácticas se generalizaron
y constituyen crímenes de lesa humanidad, infracciones al Derecho Internacional
Humanitario y violaciones al orden constitucional y legal del Estado Peruano. A
partir de 1985 se observa un descenso en la
intensidad del conflicto armado interno, acompañado por una disminución
relativa de los crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos por
agentes del Estado. Entre 1985 y 1989,
ante la persistencia de la
subversión y su afincamiento en otras regiones, los agentes del Estado encargados de la lucha
contrasubversiva realizaron una evaluación de su desempeño y diseñaron una
nueva estrategia que buscaba combatir en
forma más directa y focalizada a la subversión armada. Para ello se puso
mayor énfasis en la recopilación de inteligencia sobre las organizaciones
subversivas, lo que dio lugar a operativos de eliminación más selectiva de
presuntos elementos subversivos e incorporando más activamente al campesinado
organizado en rondas de autodefensa en la lucha contrasubversiva.
La
actuación de grupos como los comités de autodefensa que, aunque no eran agentes
del Estado, actuaban bajo su dirección o cuando menos bajo su aquiescencia,
contribuyó también con una significativa
cantidad de violaciones a los derechos humanos. Lo mismo puede decirse de grupos
tales como los escuadrones de la muerte, cuyo ejemplo más notable fue el
autodenominado Comando «Rodrigo Franco». Como resultado de los cambios
estratégicos de la segunda etapa se
observa una disminución relativa
y absoluta de los casos de ejecuciones arbitrarias (respecto de 1983-1985), sin
embargo aumentan los casos de desaparición forzada de personas, especialmente a
partir de 1989 hasta 1992. El cambio de estrategia está también asociado a los
nuevos escenarios del
conflicto abiertos por el accionar de las organizaciones subversivas,
especialmente en las zonas urbanas donde los operativos de eliminación de
presuntos subversivos se realizaban de
manera más encubierta a través
del recurso a la desaparición forzada.
Está práctica también está asociada a la tortura como método de obtención de
información sobre los planes y la
composición de las organizaciones
subversivas. Uno de los hitos
culminantes de esta etapa es la
captura de los principales líderes
de las organizaciones subversivas, entre ellos el líder máximo del
PCP-Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reinoso, en septiembre de
1992, como resultado de tácticas de inteligencia aplicadas por la Policía
Nacional. Dicha captura resultaría luego
en la capitulación estratégica del líder
capturado, la desmoralización de muchos de sus seguidores, y el éxito
cuantitativo de estrategias de desarme de personas presuntamente
vinculadas a la subversión a través del
mecanismo del «arrepentimiento» legalmente reconocido. La tercera etapa
en la lucha contrasubversiva de los agentes del Estado está caracterizada, pues,
por un incremento sustancial de las detenciones de presuntos subversivos y la
disminución de los casos de
ejecuciones arbitrarias y desapariciones
forzadas, aunque aumentó notoriamente el número de casos de violación al debido
proceso de los detenidos. La información
obtenida en la captura de los principales dirigentes subversivos, así como la proporcionada
por los miembros de dichas organizaciones que se beneficiaron de
las leyes de «arrepentimiento» dictadas por el gobierno
del ex Presidente Alberto
Fujimori, llevaron a la detención de
miles de personas acusadas de formar
parte del PCP-Sendero Luminoso y
del MRTA. Muchas de ellas fueron procesadas violando principios elementales del
debido proceso yen varios casos con insuficiente evidencia como para ser
condenados en juicios regulares, puesto que algunas eran hechas prisioneras por
la sindicación de alguien interesado en acogerse a la ley de arrepentimiento.
La magnitud de los errores cometidos por el sistema implementado para procesar
a los acusados por delito de terrorismo
y traición a la patria en esos años obligaron al Estado Peruano a establecer el
mecanismo del indulto por el que se debió liberar en muy poco tiempo a cientos
de sentenciados que eran inocentes. Asimismo, provocaron que, a la larga, ante
los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre violaciones al
debido proceso en el Perú, el Tribunal Constitucional declarara en 2002 nula
gran parte de la llamada «legislación
antiterrorista» promulgada por el gobierno del ex Presidente Alberto Fujimori.
Estos hechos ocasionaron que el Estado peruano seviera en la necesidad
de juzgar nuevamente, en procesos
que reúnan los estándares internacionales, a un número importante de dirigentes
y miembros de organizaciones subversivas que habían sido
condenados con la anterior legislación. A lo largo de estos tres grandes
ciclos estratégicos, la
tortura fue una
práctica sistemáticamente utilizada por las fuerzas del orden, como
técnica de interrogatorio para obtener información de presuntos subversivos
capturados o como forma de castigo e intimidación. el patrón de tortura a lo largo de todo el período investigado es
una constante que acompaña los picos estadísticos de ejecuciones, luego las
desapariciones forzadas de entre los casos de detenciones con los de
ejecuciones y desapariciones. Las
detenciones también muestran una débil correlación con los casos de tortura. A
diferencia de Sendero Luminoso, las
fuerzas estatales combatían con la ventaja en principio de contar con
todos los mecanismos de control de un gobierno constitucional, pero no la utilizaron,
y por el contrario frecuentemente la consideraron un obstáculo
a su actuación.
Si la autoridad civil no hubiera
abdicado de su responsabilidad, las fuerzas estatales hubieran estado en mejores condiciones de adaptar sus estrategias al
reto subversivo antes, sin necesidad de infligir sufrimientos innecesarios a la
población civil. En cambio, la impunidad en la que se desenvolvieron sólo
sirvió de aliento para continuar utilizando estrategias que tenían un
componente intrínseco de violaciones de los derechos humanos. A diferencia de
otros países latinoamericanos donde hubo conflictos armados internos, el Perú
había salido de un régimen militar y existían autoridades judiciales
competentes para poner coto a los abusos que se cometieran. Sin embargo,
durante los años del conflicto y salvo honrosas excepciones el sistema judicial
no asumió su responsabilidad de hacer cumplir la ley frente a los responsables
de violaciones a los derechos humanos. En la inmensa mayoría de los casos, la
propia Corte Suprema, ante contiendas de competencia planteadas por los tribunales
militares, abdicó de sus atribuciones constitucionales enviando los casos al fuero privativo militar, aceptando la
tesis que crímenes como la tortura, la desaparición de personas y la ejecución
arbitraria eran «delitos de función». En los tribunales militares los casos
fueron usualmente archivados o, en un puñado de ocasiones tipificados y
penados benignamente. Por último, el régimen autoritario de Alberto Fujimori
encontró la manera de prescindir incluso de la obsecuencia de las autoridades
judiciales al diseñar las leyes
de Amnistía que el Congreso llamado Constituyente Democrático aprobó por
mayoría en junio de 1995 incluyendo un voto significativo de algunos líderes de
la oposición al régimen. Durante el
gobierno encabezado por Alberto Fujimori,
más que de
abdicación de la autoridad civil cabe hablar de una total
identificación del liderazgo civil con la visión estratégica ypolítica de las
Fuerzas Armadas. La instalación de un régimen autoritario dirigido por una
alianza política entre el
fujimorismo y un sector de las fuerzas armadas, condujo inexorablemente
a una falta de fiscalización general, a la
más amplia impunidad de las
violaciones de los derechos humanos, la creación de grupos especializados en la violación de derechos humanos y a una generalizada
corrupción.
La
estrategia militar de Sendero Luminoso, pese a
la fascinación que
ejercía sobre sus seguidores y a la
mistificación ideológica que intentó consagrarla como un supuesto avance científico
de validez universal, fue bastante unívoca y poco variable. Sendero Luminoso no
tenía que responder al control de ninguna instancia porque no reconocía ideológicamente
ningún valor a los derechos humanos, ni siquiera como un asunto de imagen
pública.1984 y 1989, y por último el período de mayores detenciones legales.
Por el otro lado, la complejidad de los giros estratégicos adoptados por el Estado
a lo largo de la lucha contrasubversiva
sugiere la existencia de dos grandes orientaciones y prioridades excluyentes,
cada una de las cuales se
asocia a un cierto tipo de patrones de violación de
los derechos humanos, con diferentes niveles de gravedad:
a) La primera orientación es aquella donde
resulta más frecuente la utilización de métodos como ejecuciones arbitrarias o
desapariciones forzadas, destinados a
eliminar físicamente a las personas
consideradas como presuntos
subversivos, colaboradores o simpatizantes,
así como en muchos casos el
propio entorno social o familiar de estos grupos.
b) La segunda orientación es aquella donde se
hace mayor incidencia en la captura de presuntos
elementos de grupos subversivos y su juzgamiento mediante procedimientos expeditivos
y sumarios que en muchos casos supusieron
graves violaciones al debido proceso. Estadísticamente hemos buscado verificar
la configuración de dichas orientaciones —a la eliminación o a la
captura— mediante el análisis de las correlaciones entre los porcentajes de casos
registrados según años de ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y detenciones.
El resultado de este análisis es la definición de los componentes principales
asociados a las dos orientaciones mencionadas. En la tabla 3 mostramos la correlación
de cada
una de las variables analizadas
(las ejecuciones, las desapariciones forzadas,
las torturas y las detenciones oficiales) con las dos grandes
orientaciones posibles: hacia la eliminación o la captura de personas vinculadas
a la subversión armada. Como se aprecia, la primera orientación está marcada
por la correlación positiva con las ejecuciones,
desapariciones forzadas y las torturas, mientras que la segunda se asocia ante
todo a las detenciones y en cierta
medida también a las torturas. Se
utiliza el análisis factorial. Esta es una herramienta que busca determinar los
factores generales que subyacen a la evolución de múltiples variables.
eliminación— fue una práctica común en cualquiera de las orientaciones y
persistió pese a los cambios
estratégicos. El resultado es consistente
con las denuncias recibidas: conductas como la ejecución arbitraria y la
desaparición forzada están relacionadas con la orientación de eliminar a los presuntos
subversivos y se asocian fuertemente a la tortura que sufrieron las víctimas
antes de su muerte o desaparición. De otro lado, la orientación centrada en la
captura de presuntos subversivos muestra
menor relación con la práctica de las ejecuciones y desapariciones,
pero mantiene una importante relación con casos de tortura.
Como
paso final de este análisis se presenta un diagrama de dispersión con la
finalidad de observar en qué años o
periodos ambas orientaciones tuvieron mayor incidencia presentamos la
distribución de los años que ha investigado la CVR, considerando la mayor o
menor orientación de los agentes estatales hacia la eliminación o la captura de
presuntos. En los cuadrantes en los cuales están distribuidos los años que ha
investigado la CVR. Estos cuadrantes pueden representar cuatro tipos de
estrategias de lucha contrasubversiva: El
cuadrante A, representa por un lado la ausencia de estrategias. Es
decir, aquellos períodos en donde los agentes del Estado ni capturan ni
eliminan, lo que indica que no han definido versivos. Claramente de qué forma
se va a enfrentar la subversión armada (1980, 1981 y 1982). Por otro lado, este
cuadrante también representa aquellos años
donde la amenaza subversiva ha
decrecido considerablemente y el estado no realiza acciones importantes de represión
a la subversión armada (1998, 1999, 2000).
presuntos
subversivos pero se reportan pocas capturas: en estos años, la estrategia
contrasubversiva implicó graves violaciones a los derechos
humanos y donde los agentes del Estado desarrollaron operativos que privilegiaban la eliminación de presuntos
subversivos, personas que eran consideradas colaboradoras o simpatizantes de la
subversión, así como en ciertos casos, su entorno social o familiar. Se aprecia
que 1984 es el año que tiene el mayor puntaje en el eje representado por la
orientación de eliminación, seguido de 1983. Como ha sido señalado, esos fueron
los años donde se han reportado a la CVR el mayor número de víctimas fatales
provocadas por agentes del Estado. El
cuadrante C, representa
un cambio de estrategia donde se
comienza a combinar la eliminación física de las personas sospechosas de
participar en la subversión con un aumento en las detenciones oficiales. Los
años de 1989 y 1992 resaltan en la intensidad de este tipo de patrones de lucha
contrasubversivos. El cuadrante D,
representa aquellos periodos donde se intensifican las detenciones oficiales a
la vez que se reducen sensiblemente
los casos de desaparición forzada
y ejecuciones extrajudiciales reportados a la CVR. El año que tiene el mayor
puntaje en el eje representado por la orientación a la captura es 1994, cuando
según las estadísticas oficiales se registró el mayor número de detenciones
oficiales. Este resultado es coherente
con la situación posterior a la
captura y capitulación de Guzmán, cuando la actuación policial resultó en la
desarticulación y ruptura de la organización senderista. Los años que se
encuentran en ubicaciones cercanas o pegadas al punto 0 de cada uno de los ejes
pueden representar momentos de tránsito entre un tipo de estrategia y otro.
Cabe resaltar que los años 1986, 1987 y 1988 se ubican prácticamente en la intersección
de ambos ejes. Esos fueron los momentos intermedios del conflicto armado interno
donde el país experimentó un descenso relativo de la intensidad del mismo antes
de un nuevo momento de intensas violaciones de los derechos humanos los agentes
del estado siguieron en la lucha
contrasubversiva: La secuencia sería: del cuadrante Luego la
intersección de ambos ejes, el paso al
cuadrante «C», luego al «D» y finalmente de vuelta al «A». Es decir:
del desconcierto a la violencia
indiscriminada; luego, la transición hacia una violencia más selectiva. Una
nueva transición —esta vez hacia
el encarcelamiento masivo— y finalmente un descenso en todos los niveles
debido a la disminución de las acciones senderistas.
5. Causas del terrorismo
La injusticia social
Una y otra han recibido muy distinta consideración social según como
evolucionaron los acontecimientos y quien interpretó y redactó el legado.
La injusticia social es el mayor común denominador de la violencia terrorista y su máximo reclamo de combatientes. La injusticia social, de hecho, es la expresión del fracaso legal para reconocer la igualdad de derecho de todas las personas, ya sea en el marco estatal o internacional. Proporcionalmente a cuanto mayor sea la injusticia, o sea, la conculcación de derechos, así será el juicio social sobre la legalidad vigente y en la misma medida la identificación de las personas con los sistemas de lucha que se le ofrezcan para recuperar el ejercicio de sus derechos. En esa situación, cualquier estructura medianamente organizada que preconice la lucha armada encontrará individuos dispuestos a incorporarse a sus filas.
La injusticia social es el mayor común denominador de la violencia terrorista y su máximo reclamo de combatientes. La injusticia social, de hecho, es la expresión del fracaso legal para reconocer la igualdad de derecho de todas las personas, ya sea en el marco estatal o internacional. Proporcionalmente a cuanto mayor sea la injusticia, o sea, la conculcación de derechos, así será el juicio social sobre la legalidad vigente y en la misma medida la identificación de las personas con los sistemas de lucha que se le ofrezcan para recuperar el ejercicio de sus derechos. En esa situación, cualquier estructura medianamente organizada que preconice la lucha armada encontrará individuos dispuestos a incorporarse a sus filas.
La dominación
extranjera
La dominación extrajera ha sido una de las causas más evidentes de la
lucha armada clandestina, para unos denominada resistencia y para otros
terrorismo. Existen estimados ejemplos en la historia pero quizá sea la
resistencia francesa a la ocupación nazi la que evidenció con el sabotaje la
inconformidad a aceptar el yugo del dominador, aun en el abismo de diferencia
de poder en que se sume al dominado.
La libertad es la mayor pasión del hombre, en la que se reconoce como hombre. El orgullo nacional es el referente de la libertad de un pueblo concebido sobre la participación político-social de sus miembros. Ese valor de la propia nación como ámbito de libertad se trunca con la invasión y el dominio extranjero, y constituye el resorte emocional más alto de justificación de las formas de reacción para conseguir la liberación a cualquier costo. Construir, por tanto, la vida política tomando en consideración que mientras las causas permanezcan habrá mucha más posibilidad de que el terrorismo aparezca, es asumir una realidad que no debe ser obviada desde la consideración que las fuerzas de seguridad mantendrán dominadas todas las situaciones, porque, aunque se puedan reducir los movimientos que gestan los grupos guerrilleros, es considerablemente más difícil neutralizar los sentimientos del sentir los propios derechos violados.
La libertad es la mayor pasión del hombre, en la que se reconoce como hombre. El orgullo nacional es el referente de la libertad de un pueblo concebido sobre la participación político-social de sus miembros. Ese valor de la propia nación como ámbito de libertad se trunca con la invasión y el dominio extranjero, y constituye el resorte emocional más alto de justificación de las formas de reacción para conseguir la liberación a cualquier costo. Construir, por tanto, la vida política tomando en consideración que mientras las causas permanezcan habrá mucha más posibilidad de que el terrorismo aparezca, es asumir una realidad que no debe ser obviada desde la consideración que las fuerzas de seguridad mantendrán dominadas todas las situaciones, porque, aunque se puedan reducir los movimientos que gestan los grupos guerrilleros, es considerablemente más difícil neutralizar los sentimientos del sentir los propios derechos violados.
6. Consecuencia del terrorismo
PRINCIPALES ACCIONES TERRORISTAS DEL MRTA ASESINATOS
Atentados con coches bomba:
estas acciones fueron el principal mecanismo para hacer notar su descontento
con sectores públicos y privados peruanos. Se estima en 1247 las víctimas de
sus acciones a lo largo de los años 1980-2000.También se dio acciones contra
minorías sexuales, tal es el caso del asesinato de 8 travestis el 31 de mayo de
1989 en Tarapoto. Se reportó además un asesinato de similares características
acaecido en febrero del mismo año, cuando el MRTA ejecutó «a un joven «homo»
muy conocido en Tarapoto.
SECUESTROS
Crimen
en el cual se priva la libertad personal y se realiza por un grupo armado de
manera generalizada o sistemática.
Entre
1984 y 1996, la CVR obtuvo evidencias de que el MRTA habría realizado decenas
de secuestros individuales y colectivos, siendo esta una práctica frecuente
orientada a la obtención de beneficios políticos o económicos.
Los
miembros del MRTA actuaban con gran precisión al momento de la aprehensión de
sus víctimas. En muchos casos, disparaban a sangre fría contra quienes trataban
de impedir el secuestro o incluso contra sus víctimas si estas ofrecían
resistencia.
Caso
del empresario vidriero Pedro Miyasato Miyasato, realizado el 22 de abril de
1993, el cautiverio implicó tratos crueles, inhumanos y degradantes.
DISTURBIOS SOCIALES
Toma
de la residencia del embajador de Japón. Diciembre de 1996.Grupo armado del
MRTA tomó la residencia del embajador japonés en Lima y capturó a 600 rehenes Todos
los rehenes pertenecían a los sectores más encumbrados de la vida política y
económica peruana A partir de esta incursión, empezaría la desarticulación casi
total del MRTA. Asalto de la embajada por fuerzas especiales del Ejército
peruano, en la Operación Chavín de Huántar.
Durante
el operativo militar, murieron los 14 terroristas, un rehén y dos comandos,
siendo presidente de Perú en aquel entonces Alberto Fujimori.
6. Acciones para combatir la violencia
terrorista
Cuando en 1992 el gobierno
presidido por el Presidente Alberto Fujimori Fujimori, decide políticamente
combatir a fondo a Sendero Luminoso y al MRTA, lo hace sustentado en cuatro
pilares fundamentales:
Dirección de la guerra con una
estrategia integral.
Potenciamiento e integración de
la Comunidad de Inteligencia bajo la dirección de su ente rector, el Servicio de
Inteligencia Nacional (SIN).Marco legal adecuado; para afrontar eficazmente la
acción homicida de SL y el MRTA.
Organización voluntaria de la población para su autodefensa.
Organización voluntaria de la población para su autodefensa.
Los objetivos políticos fijados
por el gobierno para lograr la Pacificación Nacional, son los siguientes:
a. Restablecer la paz y el orden
constitucional, basados en la justicia social y en la consolidación de la
democracia.
b.
c. Neutralizar y eliminar a los
grupos subversivos que se negaren a deponer las armas.
d. Recuperar la presencia del Estado
en su expresión administrativa y pacificar las áreas sometidas a la acción
subversiva.
e. Crear un sentimiento de
estabilidad política y de confianza por parte de la población.
f. Paralelamente, profundizar el
esfuerzo del Estado y del Gobierno para resolver los problemas socioeconómicos
de las clases necesitadas y de las zonas deprimidas.
7. Costo económico
Para
la consecución de sus fines, tanto SL como el MRTA tratan de quebrar la
infraestructura económica del país como parte del propiciado colapso a nivel
nacional e internacional; aquí recordemos que entra a jugar papel importante
para los senderistas, la eliminación selectiva como el caso de los técnicos
agro-industriales japoneses en Huaral (1991), provocando el regreso inmediato
de más de 200 de ellos a su país o la emigración a otros países más seguros, abandonando proyectos de
vital importancia para el desarrollo del país, provocando de esta manera el
desconcierto y potencialización de las contradicciones en la población marginal,
a fin de conducir a ésta , a una reacción violentista, con miras a crear las
condiciones para una insurrección generalizada, mientras continúa la
desestabilización del poder político, afectando seriamente la estructura
económica del país y las posibilidades de una reinserción franca en el sistema
financiero internacional.
Para
tal fín, orientó sus acciones de sabotaje contra instalaciones, obras de arte, vías de comunicación, torres de alta tensión (TTAT), fundos, etc; que signifiquen medios de
desarrollo y progreso. La suma en pérdidas económicas superan los 26,000
millones de dólares.
Si a
estas elevadas cifras numéricas del costo social y económico, se le agregan los costos que
demandan al Estado y a las familias la formación educativa para forjar un
profesional en el Perú, éstas se duplicarían pecuniaramente y quintuplicarían
moralmente el daño en el
seno familiar, todo esto va socavando las bases sociales, políticas y
económicas en que se fundamenta el Estado peruano.
Cada
torre de alta tensión derribada le cuesta al Estado 30,000 dólares y la formación
de un profesional desde el inicio de su educación hasta su culminación, nada
menos que 20,000 dólares.
La
primera torre fue derribada el 28 de julio de 1980 en Huancavelica, en momentos
que el recién reelecto, arquitecto Fernando Belaúnde Terry, leía su primer
mensaje al país, en el Congreso de la República como Presidente Constitucional;
el lugar elegido por SL para esta primera acción fue el caserío de Chonta,
Huancavelica a 5,000 msnm; esta torre pertenecía a una de las tres líneas de la
troncal del sistema interconectado del Mantaro (Isco) que abastece de energía
eléctrica a gran parte del territorio nacional. El número de torres de alta
tensión derribadas, fue de aproximadamente de 1,811 en trece años de lucha
armada.
Se
calcula que como consecuencia de la violencia terrorista, el movimiento
voluntario de talentos hacia el exterior, ha dado lugar a que hayan
"fugado" un promedio de 59,000 técnicos y profesionales, que
atemorizados y por la falta de garantías y de oportunidades, abandonaron el país
dejándolo todo; justamente, es lo que buscaban estas organizaciones de SL y del
MRTA.
Otra
de las consecuencias del terrorismo, fue la emigración interna, la huída para
salvar la vida, dejando tras de sí familiares, tierras y pertenencias. Según el
Centro de Promoción y Desarrollo Poblacional (CEPRODEP), se calcula entre
600,000 y un millón de personas, los que abandonaron las zonas andinas para
refugiarse en las ciudades del departamento al que pertenecen o en otras, como
es el caso de Lima, a donde se calcula que habrían llegado entre 200,000 a
300,000 pobladores andinos.
Para la consecución de sus fines, tanto SL como el MRTA tratan de quebrar la infraestructura económica del país como parte del propiciado colapso a nivel nacional e internacional. Para tal fin, orientó sus acciones de sabotaje contra todo lo que signifique medios de desarrollo y progreso
DESTRUCCION DE BIENES DEL ESTADO Y PARTICULARES
Torres de alta tensión Destruidas…………1,811
Puentes afectados……………. ………….. 176
Vías férreas afectadas………… …………. 108
Fundos y centros de investigación….…...306
TOTAL 2,401
Torres de alta tensión Destruidas…………1,811
Puentes afectados……………. ………….. 176
Vías férreas afectadas………… …………. 108
Fundos y centros de investigación….…...306
TOTAL 2,401
Luego de una minuciosa indagatoria se logró aproximar el costo económico
del terrorismo para el Perú, y fue del orden de los 26 mil millones de dólares
americanos.
Conclusiones
El
terrorismo y la criminología
En
conclusión, los patrones de crímenes y violaciones de derechos humanos que este
Informe analiza no constituyeron simples excesos aislados, sino que reflejaron
estrategias concretas tanto de parte de Sendero Luminoso como de parte de los
agentes del Estado. El conflicto armado interno fue especialmente costoso en
vidas humanas por la aplicación de estrategias militares que asumieron muchas
veces como un costo necesario la perpetración de conductas
que constituían graves infracciones al
derecho internacional humanitario,
crímenes de lesa humanidad, y violaciones al ordenamiento legal y
constitucional del Perú. Del lado de Sendero Luminoso, la ideología que
predicaba lo predispuso a la aplicación de tácticas sumamente violentas y
brutales y lo hacía insensible a cualquier tipo de crítica o reto
presentado por la realidad. Se negó a cambiar los lineamientos esenciales de la
estrategia que había elegido suponiendo que cada vez mayores escalamientos del conflicto serían favorables para su
causa. Luego de la captura de sus principales líderes, éstos capitularon ante
el Estado provocando el derrumbe de su organización y el aislamiento de
sectores focalizados. Del lado de los agentes del Estado, estos percibieron el
reto de reprimir a la subversión en democracia
y con respeto a los derechos
humanos como un obstáculo, y no como una forma de legitimidad. La
abdicación del poder civil hizo posible que el peso del diseño y
ejecución de la estrategia contrasubversiva cayera fundamentalmente en las
fuerzas armadas, a las que se garantizó de diversas formas mecanismos de
impunidad que, una vez perdida la democracia, se instititucionalizaron en la
forma de una amnistía general. Sin embargo, el costo político de prácticas como las
ejecuciones arbitrarias y las desapariciones forzadas, así como la
necesidad de una mayor eficiencia
en la lucha contrasubversiva produjeron en las
fuerzas del orden revisiones estratégicas que variaron el patrón de violaciones
a los derechos humanos existentes, pero que dejaron graves problemas sin
resolver en la situación carcelaria y judicial.
Terrorismo
El terrorismo costo miles de vidas y una
millonaria perdida de bienes, además de acentuar la inmigración a la ciudad. El
estado no actuó en forma oportuna frente al crecimiento del terrorismo porque
no estuvo preparado para afrontar esta situación Los partidos políticos
democráticos al estar desorganizados no supieron confrontar sus ideas ante la
subversión Producto del terrorismo el pueblo andino migra a la ciudad generando
fenómenos como las invasiones, el desempleo, etc. El
campesinado tuvo la iniciativa de formar las rondas campesinas para luchar
contra el terrorismo y expulsarlos de sus regiones La visión postmodernismo
del Perú de ser un país políticamente inestable paso a ser un país que se
integro a la comunidad económica mundial y que valora vivir en democracia
Bibliografía
·
Informe final de la comisión
de la verdad
·
infografia