miércoles, 21 de diciembre de 2011

TERRORISMO Y LA CRIMINOLOGIA



2011







Profesor : Rogelio Zea Catacora


Alumna : Karen Gómez Guzmán


Ciclo :III


DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS



[Terrorismo y la criminología]





Terrorismo y la criminología

1.    Introducción
2.    Los períodos de la violencia 1980 – 2003
2.1 los datos centrales del conflicto armado interno
2.2 el contexto del conflicto
2.3 antecedentes
2.4 las primera acciones : un problema menor para el país
2.5 el PCP-SL alcanza una superación nacional
2.6 la escala de la violencia
2.7 el énfasis social en la lucha contar subversiva
2.8 la contra subversión sin subversión 
3.    Los rostros y perfiles de la violencia
3.1una violencia masiva pero selectiva
3.2perfiles
3.3dinamica de la violencia
   3.3.1dinamica de los actores
3.4victimas entra las fuerzas del orden  
4      La dimensión jurídica de los hechos
4.1 marco jurídico
4.2 derecho constitucional y constitución política del peru
4.3 derechos internacionales de los derechos humanos
4.4 la magnitud y complejidad de los patrones de crímenes y violaciones a los derechos humanos
4.5 crimines y violaciones derivados de las estrategias senderistas
4.6 crimines y violaciones derivados del MRTA
4.7 crimines y violaciones derivadas de las estrategias de los agentes estatales
5.    causas del terrorismo en el Perú
6.    consecuencias del terrorismo en el Perú
7.    acciones para combatir la acción terrorista
8.    costo económico
9.    conclusiones













INTRODUCCIÓN
Esta monografía tiene como finalidad, conocer la verdadera realidad del terrorismo y la criminalidad que produjo en el periodo de 1980y 2003 siendo los departamentos más afectados los de la sierra centro recopila información de la violencia interna en el Perú y el terrorismo ejercido por los grupos armados denominados “Sendero Luminoso” y “MRTA” teniendo en cuenta las causas, metodología empleada, consecuencias y la acción de respuesta por parte del Estado.










1. LOS PERIODOS DE LA  VIOLENCIA ENTRE 1980 -2003
1.1. LOS DATOS CENTRALES DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO
El conflicto armado interno vivido por el Perú entre 1980 y el 2000 ha sido el de mayor duración, el de impacto más extenso sobre el territorio nacional y el de más elevados costos humanos y económicos de toda nuestra historia republicana. El número de muertes que ocasionó  este enfrentamiento supera ampliamente las cifras de pérdidas humanas sufridas en la guerra de la independencia y la guerra con Chile -los mayores conflictos en que se ha visto comprometida la nación. 
Si bien la CVR ha recibido reportes de 23,969 peruanos muertos o desaparecidos, los cálculos y las estimaciones estadísticas realizadas nos permiten afirmar que la cifra total de víctimas fatales del conflicto armado interno  superaría en 2.9 veces esa cantidad. Aplicando una metodología llamada Estimación de Múltiples Sistemas, la CVR ha estimado que el número total de peruanos que pudieron haber muerto en el conflicto armado interno es de 69,280 personas.
Con esta metodología estadística, la CVR ha estimado que 26,259 personas murieron o desaparecieron a consecuencia del conflicto armado interno en el departamento de Ayacucho entre 1980 y 2000. Si la proporción de víctimas estimadas para Ayacucho respecto de su población en 1993 fuese la misma en todo el país, el conflicto armado interno habría causado cerca de 1.2 millones de víctimas fatales en todo el Perú, de las cuales aproximadamente 340,000 habrían ocurrido en la ciudad de Lima Metropolitana, el equivalente a la proyección al año 2000 de la población total de los distritos limeños de San Isidro, Miraflores, San Borja y La Molina. Así, conjuntamente con las brechas socioeconómicas, el proceso de violencia puso de manifiesto la gravedad de las desigualdades de índole étnico-cultural que aún prevalecen en el país. Y es que la violencia impactó desigualmente distintos espacios geográficos y diferentes estratos de la población. Una tragedia humana de estas proporciones puede resultar inverosímil, pero es la que  En un intervalo de confianza al 95% cuyos límites inferior y superior son 61,007 y 77,552 personas respectivamente.
 Estimación del número total de víctimas fatales del conflicto armado interno entre 1980 y 2000. Sufrieron las poblaciones del Perú rural, andino y selvático, quechua y asháninka, campesino, pobre y poco educado, sin que el resto del país la sintiera y asumiera como propia. 



1.2. EL CONTEXTO DEL CONFLICTO
La causa inmediata y fundamental del desencadenamiento del conflicto  armado  interno  fue  la decisión del PCP-SL de iniciar una guerra popular contra el Estado peruano
 En nuestro país no se repite el esquema clásico latinoamericano de agentes  del Estado como perpetradores casi exclusivos enfrentados a grupos subversivos con un uso restringido de la violencia y, sobre todo, a civiles  desarmados. Por un lado, la violencia armada en contra de la población civil la inicia el principal grupo subversivo, el PCP Sendero Luminoso, utilizando de manera sistemática y masiva métodos de extrema violencia y terror sin guardar respeto a normas básicas sobre la guerra y los derechos humanos. Por otro  lado,  dicha  violencia subversiva estuvo dirigida contra los representantes y partidarios del  «antiguo  orden» en las áreas iníciales del conflicto armado (Ayacucho, Apurímac) por lo que la mayor parte de víctimas de las acciones senderistas estuvieron entre campesinos o pequeñas autoridades locales  y no  entre  miembros de las elites políticas o económicas del país. Desde entonces fue responsable del uso sistemático y masivo de métodos de extrema violencia y terror sin guardar respeto por las normas básicas sobre la guerra y los derechos humanos, hasta llegar a acumular el 53.68% de los muertos y desaparecidos reportados a la CVR, convirtiéndose así en el primer perpetrador.
Frente a la guerra desatada por el PCP-SL, el Estado tuvo el derecho y el deber de defenderse, siempre garantizando la defensa y vigencia de los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Sin embargo, la Comisión constata que, paradójicamente, las etapas más duras del conflicto en lo que a violaciones de los derechos humanos se refiere, transcurrieron en democracia. El mayor número de víctimas, muertes y desapariciones forzadas, incluyendo los tres  picos  de  1984,  1989  y 1990, ocurrieron cuando el país tenía gobiernos democráticos, surgidos de elecciones libres, sin exclusión de partidos ni fraudes electorales, por lo menos antes del autogolpe del 5 de abril de 1992. Asimismo, entre 1980 y 1990, se dio una de las etapas con mayor número de procesos electorales democráticos a nivel nacional, regional y municipal de toda la historia republicana, con  la excepción  puntual  de  las áreas directamente afectadas por la violencia que atravesaron por circunstancias particulares.  El Estado no tuvo capacidad para contener el avance de la subversión armada, que se expandió en unos años a casi todo el país. Los gobernantes aceptaron la militarización  del  conflicto,  Para un análisis detallado sobre este punto y los diferentes tipos de causas (históricas, institucionales, coyunturales) del conflicto ver capítulo correspondiente.  testimonios de muertes y desapariciones como producto del conflicto armado interno en todos los
departamentos, salvo Moquegua y Madre de Dios. Sólo en Tacna (1) y en Tumbes (4) la cifra de víctimas reportadas a la abandonando sus fueros y prerrogativas para dejar la conducción de la lucha contrasubversiva en manos de las Fuerzas Armadas (FFAA). En relación a este punto, los gobiernos  elaboraron hipótesis  equivocadas  sobre las organizaciones subversivas y procedieron a dar una respuesta fundamentalmente militar que terminó por agravar el conflicto, propiciando su escalada tal como el PCP-SL buscaba. Si bien, dada la gravedad de los hechos, era inevitable que el Estado utilizara a sus fuerzas armadas para hacerle frente, declarando además los estados de excepción, los gobiernos lo hicieron sin tomar las previsiones del caso para impedir atropellos a los derechos fundamentales de la población. Peor aún, a la abdicación de la  autoridad  civil en la conducción de la respuesta estatal  contrasubversiva se sumó la desatención a las denuncias de violación de los derechos humanos e incluso, en varios casos, la garantía de impunidad que se facilitó a los responsables de las mismas.  los agentes del Estado, Comités de Autodefensa y paramilitares son responsables del 37.26% de muertos y desaparecidos. De estos, especialmente miembros de las fuerzas armadas escalaron la  violencia  iniciada  por  el  PCP-SL,  resultando  responsables del 28.73% de muertos y desaparecidos reportados a la CVR. Si bien en nuestro país  no se repite el esquema clásico latinoamericano, ello no exime la responsabilidad por la  acumulación de graves denuncias sobre  sus  agentes que, incluso investigadas, no fueron  sancionadas. 
En efecto, otra de las peculiaridades del  conflicto armado interno es que hubo importante información, denuncias e investigación  sobre  los  hechos de violencia y las violaciones a los  derechos humanos. A diferencia de lo acontecido en otros lugares, el país contó con una cobertura  amplia de los hechos y con libertad de prensa  hasta  para las organizaciones subversivas. En las  áreas de conflicto, sin embargo, hubo hostigamiento a la prensa y hasta asesinatos de periodistas.
Por su parte, las organizaciones defensoras de los derechos humanos realizaron numerosas  denuncias específicas y acopiaron información sobre la guerra interna.  Hubo, también, investigaciones periodísticas, parlamentarias y, en menor  medida,  judiciales  que lamentablemente tuvieron poco éxito en cuanto a la sanción efectiva de los responsables. Sin embargo, la Comisión constata, con sus resultados, que hubo también un sesgo en el recojo de  dicha información y realización de investigaciones y denuncias, pues no se hizo el mismo esfuerzo por recoger denuncias que apuntaban a la responsabilidad de los grupos subversivos. Debido a ello, estimaciones realizadas anteriormente por  otras instituciones, oficiales o particulares, situaban la responsabilidad del PCP-SL en menos del 10% mientras elevaban las atribuidas a los agentes del Estado a más del 80%. 
A pesar de esta constatación, la Comisión no puede dejar  de señalar que la respuesta de los organismos del Estado a la violencia subversiva alcanzó también márgenes extremos que rompieron con un patrón singular de las FFAA peruanas. Durante la dictadura que dirigieron entre 1968-1980, años sombríos para los  derechos humanos en América Latina, los militares  peruanos registraron pocas violaciones de este tipo, toleraron  la  existencia de organizaciones y de  55propaganda izquierdista y, más aún, cumplieron  ellos  mismos  reformas  reclamadas tradicionalmente  por  las izquierdas. Si bien en los últimos años de la década del setenta, el gobierno militar endureció sus acciones contra las fuerzas de izquierda mediante la  severa represión policial de las protestas  sociales  y el  incremento de las deportaciones de opositores, quedó lejos del nivel de violencia desplegado  a partir de 1983, cuando ingresaron al  combate directo contra Sendero Luminoso. 
Por todo lo expuesto, es importante analizar el conflicto peruano como parte de un proceso en el que las acciones de violencia transcurrieron a lo largo de varios años, con incrementos graduales de intensidad y extensión geográfica, afectando principalmente a zonas marginales al poder político y económico y dejando a los campesinos indígenas como símbolos por excelencia de las víctimas.
En varios de estos lugares, una vez controlada  la amenaza subversiva armada, las poblaciones quedaron bajo control militar por extensos períodos. La aparente lejanía del poder y de los núcleos de decisión, en un país fuertemente centralizado, permitió  que  el «problema de la violencia», crucial y cotidiano para cientos de miles de peruanos, se mantuviese como un tema secundario para las agendas pública y privada del país por varios años.
La gravedad de la situación peruana, sin embargo, no se limitó a un conflicto no convencional entre organizaciones subversivas armadas y agentes del estado, sino que incluyó en el  mismo período 1980-2000 la peor crisis económica  del siglo que desembocó en un proceso hiperinflacionario inédito en el país; momentos de severa crisis  política  que  incluyeron  el debilitamiento del sistema de partidos y la aparición de liderazgos providenciales, un autogolpe de Estado  y hasta el abandono de la Presidencia de la República en medio de uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia peruana; el fenómeno del narcotráfico coincidió tanto con el surgimiento y expansión del fenómeno subversivo armado como con su represión. El crecimiento de las áreas de cultivo de coca destinadas al narcotráfico, principalmente en la ceja de selva, facilitó la aparición de espacios muy particulares en los que había retrocedido la presencia estatal mientras crecía la de grupos armados irregulares vinculados a dicha actividad ilícita. De esta manera, la zona del Alto Huallaga se convertiría, desde mediados de los ochenta, en uno de los  escenarios  de mayores  enfrentamientos  de todo el conflicto interno, quedando convertido el río Huallaga en la fosa de restos humanos más grande del país.  En tales circunstancias, todos  los  actores  que intervinieron en la zona terminaron siendo afectados por el narcotráfico y la corrupción que de éste se deriva. Por último, el conflicto armado interno coincidió también con una coyuntura de relaciones exteriores delicada, dado que el país  enfrentó dos conflictos bélicos externos contra Ecuador en 1981 y 1995. 
1.3. ANTECEDENTES
 El Perú no había sufrido conflictos armados internos significativos antes de 1980. Los momentos de  mayor  agitación  política y convulsión social con estallidos de violencia armada (1930-1934, 1948-50, 1965, 1977-80) duraron poco tiempo, tuvieron un carácter local antes que nacional y no registraron un gran número de muertes o desapariciones forzadas. Todos los casos vistos en perspectiva histórica parecieron circunscritos  a coyunturas muy específicas, de corta duración y ocasiones, pero no se consolidó un modelo de Estado represivo a gran escala, que tuviese extensas áreas del territorio controladas bajo algún régimen nacional de excepción, entre otras  razones  porque  no hubo recursos para sostener un régimen de ese tipo.
El Estado, que había sido sumamente débil en el país, registró una expansión acelerada en la segunda mitad del siglo veinte, especialmente  durante  la  década del setenta. La renovada presencia estatal en las esferas económica, social y política,  alcanzó también a zonas marginales como el área rural andina, escasamente vinculada al Estado si no era a través del servicio militar obligatorio o la escuela primaria. A pesar  de  ello, la presencia estatal mediante infraestructura o servicios siguió siendo ínfima en dicha zona del país, en comparación con las más urbano costeñas. 
Un rasgo característico del país ha sido su frágil integración nacional, expresada en la gran fragmentación de sus espacios regionales y la falta de reconocimiento cabal de la diversidad étnica de sus habitantes. En ese contexto, se constata la imposición de patrones culturales occidentales y la tendencia a marginar a los demás sectores, especialmente a los rurales indígenas. Sin un sistema educativo nacional e integrador ni revoluciones  populares  como la mexicana o boliviana, los procesos de integración social y cultural más  radicales  del  país han surgido de proyectos autoritarios como el del General Velasco (1968-1975) o a través del impulso de los mismos actores bajo la forma de desborde popular. 
Los acelerados cambios demográficos y las  transformaciones  en  el  aparato  productivo ocurridos a partir de la década del cuarenta transformaron radicalmente el perfil poblacional del país. En pocos años, el acelerado crecimiento demográfico y la migración del campo a la ciudad, produjeron un país más poblado y más urbano. De los 6.2 millones de habitantes de 1940 se pasó a 17 millones en 1981. Las políticas económicas aplicadas, mientras tanto, contribuyeron a ampliar la brecha entre ricos y pobres, aumentando el número de estos últimos, especialmente en las  áreas rurales andinas, cuyos habitantes de menores ingresos son los más pobres del país.
El gobierno de Velasco transformó radicalmente la sociedad peruana anterior a 1968 y creó un  nuevo  escenario  militar  en el que se desenvolvieron los principales actores del proceso de violencia.  De las numerosas medidas realizadas por este gobierno, tienen particular importancia para dicho proceso la reforma agraria, la expansión industrial, el reconocimiento de sindicatos, la reforma educativa y la radicalización de discursos. El gobierno militar impulsó una  corriente  de opinión en contra de los partidos políticos y la democracia parlamentaria. Persiguió a los miembros de Acción Popular, el partido del ex presidente Belaunde,  alentando más adelante un régimen al que denominaba del «no partido». Asimismo, incentivó el contacto directo con la población al que denominó «binomio pueblo-fuerza armada».
La expansión del sistema educativo, en todos sus niveles, fue intensa y sin correlato con un crecimiento económico que asegure la absorción de la población educada por un mercado laboral formal. En términos sociales y culturales, los efectos fueron bastante más allá de la insatisfacción de expectativas económicas. La educación proporcionó un «mito de progreso» a cientos de miles de peruanos que por su procedencia étnica, capacidad  económica  o lugar de residencia se encontraban bastante lejos de poder transformar su condiciones de existencia y de participar en el proceso político nacional de otra manera. 
Hasta la década del setenta la economía peruana  se  caracterizó  por  presentar  una industrialización escasa y tardía, a la que correspondió una clase obrera de reducido tamaño y sin mayor presencia en la escena política nacional. La abundancia y diversidad de materias primas, en un país casi desprovisto de servicios públicos, permitió relegar por  varias  décadas  la industrialización. No obstante, este carácter primario de la economía peruana no  implicó  una dependencia total del capital norteamericano como ha ocurrido en varios casos latinoamericanos de economías  similares.  La inversión norteamericana en el Perú no ha sido permanente sino concentrada en algunos períodos de la historia republicana, como 1919-30, 1948-56, etc. No  ha existido en el país una tradición  de organizaciones subversivas armadas. De las excepciones registradas, el aparato militar y clandestino aprista prefirió la toma de ciudades y las acciones de propaganda armada urbana a la creación de focos guerrilleros permanentes y siempre estuvo subordinado a una estrategia política general orientada a lograr la inclusión del partido en la escena política legal. Las guerrillas de1965 pugnaron por insertarse en el campo pero sufrieron una rápida derrota militar. 
1.4 LAS PRIMERAS ACCIONES: UN PROBLEMA MENOR PARA EL PAÍS
El PCP SL inició su autodenominada guerra popular contra el Estado peruano mediante una serie de atentados con explosivos contra instalaciones  públicas  en  diversas partes del país, aunque desplegando más recursos en Ayacucho. Si bien la quema de ánforas en Chuschi sería vista como un hecho aislado, debe precisarse que hubo acciones menores en otras partes del país como Lima y La Oroya. En  las  semanas  que  siguieron al ataque del 17 de mayo de 1980, grupos de senderistas arrojaron bombas incendiarias contra  el  local  de la municipalidad de San Martín de Porres, destruyendo documentación y enseres, y contra la tumba del general Velasco. Hasta el 28 de julio, día del cambio de gobierno, hubo diversas acciones de propaganda, robo de cartuchos de dinamita y armas. No hubo, en ese lapso, una respuesta estatal directa contra Sendero Luminoso de parte del gobierno militar. El mismo día de la  juramentación de Fernando Belaunde Terry se produjo un apagón parcial por el derribo de una torre en Huancavelica y un ataque con explosivos al local de Acción Popular en Pasco. En general, los medios de  comunicación  cubrieron  escasamente  las primeras acciones de propaganda armada senderistas, prácticamente irrelevantes ante la trascendencia de los debates propios de la transferencia del poder a los civiles. 
El Presidente entrante encontró un país radicalmente distinto al que dejó. El nuevo escenario le exigió lidiar con nuevos actores políticos y sociales. Entre los primeros, el gobierno de Acción Popular ya no tuvo que enfrentar una oposición  parlamentaria de derecha, como la de APRA-UNO en su primera administración (1963-68), sino una de la izquierda sin precedentes por su radicalidad y tamaño. En el  plano  social, Belaunde enfrentaba por primera vez fuertes organizaciones gremiales y sindicales con presencia nacional, tales como el SUTEP, la CGTP, la CCP o la Federación Minera, que venían de la experiencia reciente de las luchas contra el gobierno militar y mantenían estrechos lazos con la izquierda parlamentaria y amplia cobertura en medios opositores.
En cuanto a la respuesta a la lucha armada, el gobierno de Acción Popular, al igual que la mayoría de actores en el país, no terminó de comprender lo que implicaba el desafío planteado al Estado  por  Sendero y su guerra popular. Por varios años, el tema no ocupó un lugar prioritario dentro de la agenda estatal ni de las preocupaciones sociales fuera de las zonas de emergencia. Tratado como un problema de delincuencia común susceptible de ser resuelto  mediante  la neutralización  de individuos (los «delincuentes terroristas»). En ese momento, sin embargo, factores ajenos a la guerra interna afectaban el desempeño policial. Entre los más importantes, la extensión de la corrupción vinculada al narcotráfico y las disputas y tensiones entre institutos policiales (Guardia Civil, Guardia Republicana  y Policía de Investigaciones), propiciadas  por arraigadas y contrapuestas identidades corporativas. A lo largo del quinquenio, además,  se  va  a insistir en la vinculación entre Sendero  Luminoso  y parte de la izquierda legal, al punto que el gobierno se resistirá a liberar a militantes de IU encarcelados por acusaciones de terrorismo. Al margen de las discusiones en la escena oficial, el PCP SL utilizó consistentemente todos los espacios políticos a su disposición, construyendo su organización prácticamente sin alteraciones significativas de sus planes  originales.  Las  respuestas del Estado y de la sociedad estuvieron mediatizadas por razones ajenas al proceso subversivo mismo. Para algunos sectores era imposible aislar al PCP-SL del resto de la izquierda radical mientras que  para  otros  la  guerra  sucia  era inevitable por la naturaleza misma del Estado. La Policía  de Investigaciones logró éxitos en los medios urbanos al capturar a cientos de senderistas (por ello, el PCP-SL tuvo que concentrarse en liberar a sus presos) mientras que en el campo el avance policial fue ínfimo,  en  parte  por  la insuficiencia de efectivos y precariedad de los puestos rurales. No obstante, la presencia de Sendero Luminoso no se limitó a algunas provincias del departamento de Ayacucho. Desde un inicio, dio gran importancia a su trabajo en Lima, en palabras de Abimael Guzmán: Nosotros  lo hemos  visto así, el trabajo en Lima lo hemos ido ponderando, ¿tiene importancia Lima? Tiene  importancia. Razón. Nosotros decimos, «Ayacucho es la cuna, Lima la catapulta». El Partido por diversas instancias, en un par de años, salta a trabajar en Lima, al centrar en Lima se encuentra en una gran ciudad con gente de diversas provincias de todo el país. Al trabajar ahí trabajas en todo el país, por eso se convierte en catapulta. Pero  no  podía  ser  una ciudad conquistada al comienzo, sino en la parte final. (Entrevista CVR)»
La principal fuerza política de oposición, el Partido  Aprista Peruano (PAP), también subestimó la emergencia y el desarrollo inicial de la llamada guerra popular senderista. Desde su papel opositor a lo largo del quinquenio 1980-85, el PAP no dio señales concretas de contar con alguna alternativa a la política contrasubversiva aplicada por las fuerzas del orden. Representantes del PAP fueron duros críticos de lo hecho por AP pero evitaron una confrontación radical con las fuerzas armadas, especialmente el Ejército, debido a su tradicional rivalidad.
1.5 EL PCP-SL ALCANZA UNA REPERCUSIÓN NACIONAL
Dos eventos asociados a Sendero Luminoso proporcionaron una nueva dimensión al conflicto. En marzo de 1982, en una operación inédita hasta el momento y planeada por su dirección central, un comando senderista asaltó el CRAS de Huamanga y rescató a sus presos, logrando escapar sin que hubiese una adecuada respuesta de las fuerzas  policiales y sin que los miembros del Ejército acantonados  en  el  cuartel de la ciudad interviniesen por no contar con órdenes de Lima para hacerlo. El asalto a la cárcel de Huamanga obligó a distintos observadores a considerar al PCP-SL como una amenaza mayor de que  la  que  sugerían los actos terroristas o los asesinatos aislados iníciales. Para generales del Ejército, como Sinesio Jarama, a partir de ahí las cosas iban en serio, mientras que el general Noel empezó a  preparar inteligencia en el terreno desde su base en Huancayo. Desde la orilla opuesta, izquierdistas radicales que posteriormente habrían de constituir el MRTA, señalaron a la CVR que el asalto a dicho penal los convenció de que se había producido un escalamiento del conflicto del que ya no habría marcha atrás. Horas después de consumado el ataque y liberación de los internos senderistas, un grupo de miembros de la Guardia Republicana (la institución policial hasta entonces encargada de la custodia de los establecimientos penales) ingresó al hospital de Huamanga y en represalia ejecutó a tres senderistas heridos internos bajo custodia policial. La combinación de  ambas  acciones,  el ataque al penal y la ejecución de senderistas  hospitalizados, proporcionó una primera victoria mediática a Sendero Luminoso al ser presentado por los medios nacionales, aun si lo condenaban, como una fuerza guerrillera y víctima a la vez de la inocultable brutalidad policial.  Precisamente, el tema de los abusos cometidos  por  las fuerzas policiales destacadas en Ayacucho para las operaciones  contrasubversivas terminaría siendo capitalizado por Sendero Luminoso en circunstancias particulares meses después. En setiembre, a raíz de la muerte de Edith Lagos, una de las senderistas evadidas del penal de Huamanga, en un choque  con  miembros policiales, hubo manifestaciones masivas de respaldo que incluyeron una misa de cuerpo presente celebrada por el obispo de Ayacucho y un entierro multitudinario en el que no  faltaron símbolos senderistas. Luego de su muerte, Edith Lagos,  fue convertida por la opinión pública en la figura más conocida del senderismo y, si bien nunca fue una dirigente partidaria importante, su imagen de joven rebelde (murió a los 19 años) dio un rostro al desconocido senderismo. Así, hubo congresos de la juventud aprista ayacuchana que llevaron su nombre y, dirigentes históricos del PAP, como Armando Villanueva del Campo, que recibieron muy fuertes críticas en la prensa a fines  de los ochenta por haber visitado supuestamente su tumba en una visita al cementerio huamanguino. Desde esta etapa inicial del conflicto, quedó incorporado en la agenda política nacional el tema de violaciones de los derechos humanos. Uno de los primeros debates al respecto se produjo por la protesta de altos representantes de la Iglesia católica por el caso de las torturas que Edmundo Cox Beuzeville habría sufrido en manos de la policía después de su captura, realizada el 6 de julio de 1981 en Cuzco. Cox, miembro del PCP SL actualmente en prisión, era sobrino de un respetado obispo de entonces, que denunció los hechos recibiendo muy fuertes críticas de representantes del  Véase entrevistas de la CVR con Sinesio Jarama, Roberto Clemente Noel y Peter Cárdenas. Véase el caso ilustrativo referido al hospital de Huamanga. Véase capítulo sobre el PAP. Gobierno que reclamaron a los obispos por no haber protestado igual durante la dictadura militar.
Dos elementos quedaron muy claros a raíz de dichos eventos. Lo primero fue que los senderistas preservaron al máximo la clandestinidad de  su organización al negar su militancia (su llamada «regla  de  oro»)  y, al mismo tiempo, aprovecharon espacios democráticos en los que no creían, como el de la defensa de los derechos humanos, para debilitar la imagen de las fuerzas de orden. En segundo lugar, las denuncias sobre las violaciones  de los derechos humanos por las repuestas de agentes del Estado a la acción senderista fueron vistas como parte de un juego político subalterno de opositores y no como un problema a encarar por el gobierno. A lo largo del período 1980-85, no hubo esfuerzos por la creación de una comisión de paz o mayores anuncios de investigación de denuncias sobre el particular. El tema de los  derechos humanos se internacionalizó gradualmente por la intervención de organizaciones que protestaban desde el exterior  por  las  violaciones documentadas  en  el país. Algunos diputados de izquierda denunciaron al Estado peruano ante la OEA  y la ONU, por considerar que los atropellos  expuestos no eran resueltos por la justicia peruana.  A lo largo de 1982 fue quedando patente que las fuerzas policiales eran impotentes para controlar la expansión del Plan estratégico de inicio del PCP SL en las zonas rurales de Ayacucho y para  superar la mala imagen que tenían frente a la opinión pública. Todo ello, se tradujo en una demanda constante al gobierno de  turno  para  que  actuase con mayor rigor ante el avance y las provocaciones senderistas. El 27 de diciembre de 1982 el presidente Belaunde dio un ultimátum de horas al PCP SL para que depusiera las armas. El  30  de  diciembre  el  gobierno  entregó  a las FFAA el control de la zona de emergencia de Ayacucho. El general de brigada EP Roberto C. Noel Moral, quien había sido Prefecto de Lima en 1979  y jefe del SIE dos años después, asumió la jefatura del nuevo comando político militar. El general Noel recuerda así los términos del encargo recibido: En el Consejo de Defensa Nacional, el Presidente del Comando Conjunto, le manifestó al Presidente de la República que su orden se había cumplido. ‘Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, Jefe Supremo de la República, Presidente de la Nación; artículo  118  de  la Constitución del Estado’. El general presidente del Comando Conjunto, le indicó al Presidente de la República que para no omitir ninguna cosa que pudiera constreñir los planes, le pedía que el Comandante General de la 2ª División de Infantería, expusiera al Consejo  y yo expuse al Consejo. A las cinco de la tarde, el Presidente de la República decide clausurar el evento, pero en el evento me dicen ‘General, sus planes son aprobados, pero  usted  va  a actuar con el apoyo de las fuerzas policiales’. Entonces yo le digo, pregúnteme. Presidente del Comando Conjunto, yo le digo, ‘¿Qué pasa?’ Y  como nadie habla, prendo el micro y digo ‘Señor presidente, perdón, quiero hacerle una pregunta, usted me ha cambiado la misión. ¿Voy o no voy a combatir?’. El presidente Belaunde me dice, ‘General, usted combata con toda energía y tiene el apoyo del Gobierno Constitucional’.‘Gracias’.» (Entrevista CVR, 18.03.03) Desde  entonces, la violencia senderista  estuvo dirigida contra los representantes y partidarios del antiguo orden en las áreas iníciales del conflicto armado (Ayacucho, Apurímac, etc.) por lo  que la mayor  parte  de  víctimas  de las acciones senderistas estuvieron entre campesinos o pequeñas autoridades locales y no entre miembros de las elites políticas o económicas del país.
1.6 LA ESCALADA DE LA VIOLENCIA
El asesinato de ocho periodistas en Uchuraccay,  a cuatro semanas del ingreso de las fuerzas armadas a la lucha contra el PCP-SL, produjo un quiebre en el conflicto al difundirse ampliamente en los medios nacionales imágenes terribles de la violencia que se estaba produciendo en la sierra de Ayacucho y departamentos limítrofes. En los  meses siguientes hubo un avance en la militarización del conflicto, al reducirse los espacios de actuación política y predominar la lógica de las acciones armadas no convencionales en dicho contexto.  Las  cifras  de  víctimas  y de violaciones a los derechos humanos en los departamentos afectados crecieron exponencialmente, siendo este el período con la mayor cantidad de víctimas del conflicto. A  pesar  del  tiempo  transcurrido, las fuerzas armadas no contaron inicialmente con una adecuada comprensión de Sendero Luminoso y su estrategia, viendo a esta  organización  como parte de una gran conspiración comunista atacando  el país. Según esta concepción todos los izquierdistas eran igualmente responsables de las acciones senderistas y no había mayor diferencia a partir de alineamientos internacionales. De  esta manera,  por ejemplo, el general EP Noel pudo señalar, en entrevista con la CVR en el 2003, que veinte años atrás había desbaratado un plan de ataque senderista preparado para el 26 de julio de 1983 en homenaje al trigésimo aniversario del asalto al cuartel de Moncada en Cuba. Acción impensable para una organización como el PCP-SL, que jamás celebró dicha fecha y no concedía un carácter revolucionario a la experiencia cubana.  El general Noel tuvo serias disputas con los medios de comunicación especialmente a partir de  los  sucesos de Uchuraccay, con los «directores o periodistas que escribían en contra de las fuerzas armadas y alentaron a la subversión [...] la rama de agitación y propaganda que tiene el comunismo en las organizaciones sectarias todo eso está en el conocimiento de Inteligencia».
  Por su parte, en 1984, el siguiente jefe político militar de Ayacucho, el general EP Adrián Huamán Centeno fue destituido por sus declaraciones públicas criticando la falta de  apoyo  del gobierno central a la lucha contrasubversiva. En  contraste con su antecesor, el  general  Huamán, quechua hablante  y de  origen  comunero  campesino, tuvo una mejor imagen mediática que el general Noel y fue respaldado por fuerzas de oposición en sus alegatos a favor de medidas sociales para los campesinos y por sus críticas a la falta de respaldo de los políticos oficialistas. Su relevo intempestivo,  se debió,  según el ex ministro Percovich, «a que quiere rebasar a la autoridad civil [...] Quiere manejar él solo las cosas de acuerdo a su criterio. No obedece o da la impresión que quiere decir lo que el gobierno estaba señalando y lo que el gobierno civil estaba haciendo. Incluso llega un momento a hacer apreciaciones orientadas a desprestigiar al gobierno  civil».Paradójicamente, a pesar de estas imágenes a favor y en contra del general Huamán, no se tomó en cuenta para su destitución que 1984, en cuyos ocho primeros meses fue jefe del comando político militar, es individualmente el año con mayor número de víctimas de todo el conflicto armado interno (1980-2000).
En esta fase de militarización el país conoce de algunos casos emblemáticos de violaciones masivas a los derechos humanos atribuidos a las fuerzas del orden como los de Socos (sinchis de la ex GC, noviembre 1983), Pucayacu (infantes de Marina, agosto de 1984) y Accomarca (infantería del Ejército, agosto de 1985). Por el lado de Sendero Luminoso, los casos principales de este tipo que se le atribuyen son los de Lucanamarca y Huancasancos (abril de 1983). Finalmente, el MRTA inició sus acciones  armadas formalmente en 1984, presentándose como parte de la izquierda  peruana  y explicitando sus diferencias con el PCP-SL (uso de uniformes, campamentos guerrilleros, reivindicación de  acciones,  etc.).  Esta  organización, constituida en 1982 a partir de la unión de dos pequeñas agrupaciones de izquierda, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria- El Militante (MIR-EM) y el Partido Socialista  Revolucionario- Marxista Leninista (PSR -ML), había optado dos años después por prepararse para la lucha armada.
1.7 EL ÉNFASIS «SOCIAL» EN LA LUCHA CONTRASUBVERSIVA
Al ser elegido presidente Alan García Pérez cambió  el discurso oficial sobre la guerra interna al criticarse por primera vez desde el gobierno las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas; se creó, además, una Comisión de Paz. Se intentó cambiar el  es General EP (r) Noel.. Alan García Pérez define las posiciones de su gobierno en los siguientes términos: Nosotros hemos tenido dos etapas en el análisis sobre Sendero Luminoso. La primera muy borrosa en el gobierno de Fernando Belaunde, donde sin conocer siquiera lo que podría ser esto, los alcances de lo que podría sobrevenir, pensábamos en una explicación de  tipo sociológica, estímulo, impulso de la miseria, y naturalmente éramos un poco concesivos y tolerantes en la explicación. Y tal vez en los términos actuales un poco paternalistas en el sentido decir ‘pobre gente que ha sido abandonada tantos siglos reacciona de esta manera, de manera que la sociedad centralista y blanca tiene que entenderla, darle una solución’. A partir de 28 de julio no es que la perspectiva cambia o la actitud, sino la necesidad ya de administrar. Se cuenta con que la gente le está pidiendo que no haya apagones en Lima, que no le maten más gente, que no traigan malas noticias los diarios, ¿no?  La idea central del gobierno de García era derrotar a la subversión sustrayéndole el posible apoyo campesino mediante el desarrollo de políticas dirigidas a este sector y a zonas de extendida pobreza. El gobierno aprista entendió con exagerado optimismo que el crecimiento económico de sus dos primeros años había terminado con Sendero Luminoso, al registrarse un descenso de  sus acciones entre 1985 y 1986. Por último, asumió que el carácter «popular» del PAP cerraría los espacios sociales para un eventual crecimiento del PCP-SL. Inicialmente, esta política pudo parecer exitosa por el repliegue del PCP-SL tras la ofensiva de las fuerzas armadas de 1983 y 1984 y por la tregua unilateral que le dio el MRTA al gobierno aprista.  Las relaciones con las fuerzas armadas fueron tirantes al principio, pero este impulso inicial quedó relegado ante casos posteriores en que las denuncias de violaciones a los derechos humanos no encontraron igual eco, como la  muerte de internos en el motín del penal de Lurigancho, ocurrido  en  octubre de 1985 en Lima, en el que el gobierno aprista no asumió responsabilidad alguna. El punto culminante de este proceso fue la masacre de los penales (18 y 19  de junio  de 1986) que marcó considerablemente a todos los actores del conflicto, y trajo a Lima las imágenes de matanzas hasta entonces lejanas. En términos prácticos, con esta matanza y el trámite dado a ella, terminaron los intentos del gobierno aprista  por desarrollar una política propia de seguridad interior.
EL DESPLIEGUE NACIONAL DE LA VIOLENCIA (junio de 1986-marzo de 1989) Luego del proceso de militarización creado por el incremento de las acciones del  PCP-SL,  el ingreso de las fuerzas armadas al combate contra la subversión y el inicio de acciones del MRTA, se creó un contexto de actores armados desarrollando sus propias estrategias en el terreno. A partir de 1986, sin embargo, fue evidente, que el  conflicto armado interno había salido de los departamentos iníciales en los que se produjeron las acciones de los  primeros  años  y había alcanzado una extensión nacional. Se había desplegado fuera de Ayacucho, ingresando  a  otras zonas del país en las que permanecería por varios años más.
1.8 CONTRASUBVERSIÓN SIN SUBVERSIÓN
Lejos de revertirse, el proceso de corrupción normativa continuará el resto de la  década,  con  el objetivo de asegurar la perpetuación del régimen.  Para  ello, el gobierno utilizará, con fines electorales y de control político, la estructura militar desplegada con pretexto  de  la contrasubversión, en un contexto en el que la subversión se replegaba. Explotará mediáticamente, con  fines  de acumulación política, las últimas acciones de gran impacto de la guerra interna que concluyeron en éxitos, al tiempo que manipulaba los miedos  de la población con la amenaza del «terrorismo». Así, las operaciones antisubversivas  dejaron de ser un medio para capturar líderes subversivos y terminar finalmente con las acciones del PCP-SL y del MRTA, para convertirse en un medio de propaganda para el gobierno, en el mejor de los casos, y en una cortina de humo, en el peor, tapando los excesos y los delitos que se denunciaban cada vez con más frecuencia. Esto fue posible en gran medida por el progresivo y casi total control de medios de comunicación masivos, comprados con el dinero del Estado Las últimas acciones de gran impacto de la guerra interna concluyeron en éxitos explotados por el gobierno. Por ejemplo, el asalto a la residencia del embajador japonés en Lima en diciembre de 1996 por un comando del MRTA, encabezado por su líder máximo Néstor Cerpa, que mantuvo cautivos a 72 rehenes, concluyó con la operación de rescate Chavín de Huántar. Luego del revés militar sufrido en el conflicto del Cenepa de inicios de 1995, el gobierno utilizó los festejos por la exitosa liberación de los rehenes para su legitimación. Por otro lado, en julio de 1999, luego de un enorme y publicitado operativo militar para cercarlo, fue capturado cerca de la ciudad de Huancayo el líder senderista disidente Oscar Ramírez Durand, Feliciano, quien había rechazado la propuesta De acuerdo de paz de Abimael Guzmán y mantenía  vigente  la  guerra popular iniciada en 1980. Ramírez Durand era el último de los altos dirigentes del PCP SL que seguía libre.  Preocupado más por asegurar su continuidad, y aun resaltando su imagen de mano dura sin concesiones frente a la subversión, Fujimori  terminará descuidando en la práctica la política antisubversiva  y no dará una solución final al problema de la subversión, focalizada desde hacía varios años en algunas zonas marginales y poco accesibles del territorio en las que coincidía con el narcotráfico.  Las contradicciones entre el discurso de mano dura y realidad se mostraron más de  una vez. Como colofón, a poco tiempo de su colapso, el gobierno  que  se  preciaba  de  ser  duro  e infranqueable frente a la subversión terminó  apoyando (con una venta de armas) al grupo subversivo de un país hermano, acusado precisamente en ese momento de realizar actos terroristas y de estar vinculado con el narcotráfico.  



3. Los rostros y perfiles de la violencia
 La violencia armada no afectó uniformemente todos los ámbitos geográficos ni los diferentes estratos sociales del país. Estuvo concentrada en lo que podríamos denominar los  márgenes de la sociedad, es decir, aquellas zonas y grupos menos integrados a los centros de poder económico y político de la sociedad peruana.
 Dentro de las zonas más afectadas, a pesar del carácter masivo en términos del número de víctimas fatales que provocaron, los principales actores del conflicto armado interno no tuvieron un accionar totalmente indiscriminado, sino que seleccionaban a sus víctimas al interior de estratos específicos de las sociedades regionales o locales que fueron escenario de la violencia.
 El perfil de las víctimas de los principales actores del conflicto armado interno tuvo un carácter dinámico, condicionado por el tipo de estrategia que intentaron llevar a cabo, así como por las características específicas  de los lugares donde se desarrolló el conflicto.
Para realizar este análisis, nos hemos concentrado en las características sociodemográfico de las 23,969 personas muertas y desaparecidas que fueron reportadas a la CVR en los 16,917 En los miles de testimonios recopilados por la CVR, es común encontrar frases que dan cuenta del sentimiento de exclusión e indiferencia que experimentaron las personas y comunidades que fueron las víctimas mayoritarias del conflicto armado interno. Muchos de ellos sintieron que para el resto del país, en particular para los principales centros del poder político y económico, lo ocurrido en sus pueblos, casas y familias sucedía en «otro país», un Perú ajeno a la modernidad y el poder.  Durante muchos años, el Perú moderno,  urbano y limeño, trató con indiferencia a las regiones  más  afectadas  por la violencia, las más alejadas y pobres. Incluso cuando el conflicto armado arremetió con fuerza en el corazón de las principales ciudades a finales de la década del 80 e inicios de la del 90, fue difícil unificar las experiencias y la memoria de la violencia de mundos tan distintos, al punto que los íconos emblemáticos de las víctimas del conflicto  hasta  entonces cambiaron repentinamente de color de piel, idioma y lugar de residencia cuando aparecieron en las pantallas de TV. Las imágenes de la violencia vivida en el centro del poder, desplazaron a aquellas captadas durante tantos años en la periferia de la sociedad peruana.  Las manchas más oscuras en el mapa 1 representan aquellos distritos con mayor número de víctimas fatales reportadas. Como se aprecia, éstas forman una  especie de línea a lo largo de la sierra y selva de la mitad central del país. 
 Las víctimas fatales incluyen también a las personas que se encuentran actualmente desaparecidas a consecuencia del conflicto armado interno. Las principales ciudades, en particular de la costa, no estuvieron en el centro del conflicto a pesar de que muchos de los hechos ocurridos en ellas hayan tenido gran trascendencia en la opinión pública.  El principal costo en vidas humanas a lo largo de los veinte años investigados por la CVR fue asumido por las localidades más pobres del país.   Existe una evidente relación  entre  exclusión  social e intensidad de la violencia. No es casual que cuatro de los departamentos más afectados por el conflicto armado interno más del 35% de las víctimas  fatales ocurrieron en distritos que se ubicaban, según el censo de 1993, en el quintil más pobre del país, mientras que menos de 10% de ellas murieron o desaparecieron en distritos que se ubican en el quintil menos pobre. Como es sabido, la exclusión social y la  pobreza  en  el Perú tienen un rostro rural y campesino. Es también en esas zonas y categorías sociales donde se concentró la mayor cantidad de víctimas, no sólo a escala nacional sino dentro de los mismos departamentos más afectados por la violencia La proporción de muertos y desaparecidos reportados a la CVR en zonas rurales es casi tres veces mayor que la proporción de personas que vivían en esas  zonas según el censo de 1993. En forma concurrente, el porcentaje de muertos y desaparecidos reportados a la CVR que trabajaban en actividades agropecuarias es casi el doble que el porcentaje de la PEA nacional ocupada en ese sector en 1993. 
Sin embargo, son las distancias culturales entre las víctimas y el resto del país las  que resultan ser las más dramáticas. Mientras que, de acuerdo con el censo de 1993, sólo un quinto del país tenía al quechua u otras lenguas nativas como idioma materno, esa proporción supera el 75% entre los muertos y desaparecidos reportados a la CVR. En los tres departamentos más afectados, la proporción de personas que hablaban quechua u  otra lengua nativa es siempre mayor entre las víctimas fatales reportadas a la CVR que en el conjunto de la población. Esta enorme brecha cultural y étnica entre la sociedad afectada por la violencia y el resto del país se refuerza con la distancia educativa existente  entre las víctimas y el conjunto de los peruanos. En términos relativos, los muertos y desaparecidos tenían niveles educativos largamente inferiores a los del conjunto del país.
 Si todos fuéramos ayacuchanos...
Si bien la CVR ha recibido reportes de 23,969 peruanos muertos o desaparecidos, los cálculos y las estimaciones estadísticas realizadas nos permiten afirmar que la cifra total de víctimas fatales del conflicto armado interno superaría en 2.9 veces esa cantidad. Aplicando una metodología llamada Estimación de Múltiples Sistemas,  la  CVR ha estimado que el  número total de peruanos que pudieron haber muerto en el conflicto armado interno sería de 69,280 personas. Con  esta  metodología  estadística, la CVR ha estimado que 26,259 personas murieron o desaparecieron a consecuencia del conflicto armado interno en el departamento de Ayacucho entre 1980 y 2000. Si la proporción de víctimas estimadas para Ayacucho respecto de su población en 1993 fuese la misma en todo el país, el conflicto  armado  interno habría causado cerca de 1.2 millones  de víctimas fatales en todo el Perú, de las cuales aproximadamente 340,000 habrían ocurrido en la ciudad de  Lima Metropolitana,  el equivalente a la proyección al año 2000 de la población total de los distritos limeños de San Isidro, Miraflores, San Borja y La Molina.  En un intervalo de confianza al 95% cuyos límites inferior y superior son 61,007 y 77,552 personas respectivamente. Estimación del número total de víctimas fatales del conflicto armado interno entre 1980 y 2000. Tales magnitudes pueden parecer inverosímiles si se miran desde ciertos ángulos  de  la sociedad peruana. Sin embargo, si todos  fuéramos ayacuchanos o por lo menos hiciéramos el esfuerzo por comprender bien qué significa el perfil sociodemográfico de la inmensa mayoría de las víctimas, no resulta extraño que este Perú  rural, andino y selvático, quechua y asháninka, campesino, pobre y poco educado, se haya desangrado durante años sin que el resto del país sienta y asuma como propia la real dimensión de la tragedia que se vivía en ese «pueblo ajeno dentro del Perú». 
 3.1 UNA VIOLENCIA MASIVA PERO SELECTIVA
[...] senderistas cubiertos sus rostros  con pasamontañas y que usaban  ponchos, aproximadamente a las ocho de la noche, y que inmediatamente habían reunido a todos los pobladores en el local de la escuela, donde los habían tenido casi hasta el amanecer, y que después habían comenzado a escogerlos en dos salones, a los más jóvenes los habían puesto en un salón y en el otro a los más maduros, y cuando se disponían a partir llevándose a cinco jóvenes de la comunidad, entre ellos a  su hermano, que entonces tenía 15 años de edad, y a una jovencita de 18 años [...]. 
 Testimonio , Apurímac.
[...] esa mañana, los soldados acorralaron al pueblo de Nuevo Occoro, reunieron en la plaza a toda la gente, serían unas 100 personas entre hombres y mujeres, niños y ancianos. En la plaza, los soldados separaron a los varones y a las mujeres; a éstas los metieron al local del Cabildo y no los dejaron ni moverse. Cuando  vinieron hacia la plaza, a los  hombres los tenían agachados, a tres muchachas los llevaron hacia el local del concejo distrital y los interrogaron si los hombres de Nuevo Occoro eran o no terroristas. Del total del grupo de hombres, los soldados seleccionaron a [...] los golpearon y los llevaron [...] desde entonces hasta la fecha no se supo nada de ellos [...]. 
 Testimonio, Huancavelica.
En  1984, no recuerdo la fecha exacta, pero fue aproximadamente a medio día, los senderistas  vinieron por primera vez en el distrito de Pilchaca; al no encontrar a las autoridades, dijeron a todo el mundo que toda autoridad debía renunciar a su cargo. En esa oportunidad, no lo encontraron  a  mi papá [...] pero quemaron  los  documentos  de  la Municipalidad en la Plaza Principal. En 1985, regresaron por segunda vez y dejaron cartas en las cuales le decían que renuncie a su cargo; habían estado pidiéndole su renuncia; si él no hacía caso, en cualquier momento iba a ser ajusticiado, porque, según ellos, «ya conocen Los dos apellidos más frecuentes entre las personas muertas y desaparecidas registradas en la base de datos de la CVR son Quispe y Huamán. sus debilidades». Como se decía de que siempre iban a buscarlo a mi papá, mis hermanos y yo le dijimos que se escape porque le habían matado a otras autoridades de por acá, pero mipapá decía: «¿Porqué yo? ¿Qué cosa he hecho para que me esté amenazando?». Y no nos hizo caso. 
 Testimonio, Huancavelica.
[...] salíamos a buscarlo en todos los lugares en donde se decía que habían aparecido muertos, revisábamos uno a uno para poder  reconocerlo y nada [...]. En una oportunidad, nos dijeron que a orillas del río Mantaro tiraban a los muertos y fuimos con mi hijo tempranito [...] cuando nos acercábamos, vimos  que  llegaba  el carro del Ejército y nos
escondimos para que no nos vean; miramos cómo botaban bolsas negras en forma rápida y se fueron; nos acercamos y eran un montón de muertos, que eran jóvenes torturados, con alambres en el cuello, con mucha sangre, los pies rotos, muy golpeados.
La violencia no afectó a hombres y mujeres en forma similar ni estuvo distribuida uniformemente en todos los grupos de edad. Fueron los hombres entre 20 y 49 años quienes conforman el grueso de las víctimas fatales  reportadas  a la CVR  (más  del 55%), mientras que las mujeres de todas las edades suman poco menos del 20% de víctimas.  Si comparamos la distribución de edades de las víctimas con la de edades de la población peruana estimada para 1985, la concentración de víctimas en los grupos antes mencionados se hace más evidente.
Mientras que, en el conjunto de la sociedad peruana, el  grupo  que va de 20 a 49 años representaba el 38% de la población, entre los muertos y desaparecidos reportados a la CVR, este grupo de edades representa el 66% de las víctimas. Si además consideramos que más del 75% de las víctimas fatales mayores de 15 años estaban casadas o eran convivientes,  es  posible  afirmar que, donde tuvo lugar, el conflicto armado interno afectó principalmente a hombres jefes de hogar, es decir, el grupo de la población con mayor cantidad de hijos dependientes y sobre el cual reposan las principales responsabilidades económicas y políticas de sus respectivas localidades. Otro indicador de selectividad es el tamaño del grupo en el que fue ejecutada o asesinada una persona. Cuando las personas son asesinadas o ejecutadas en grupos pequeños, generalmente estamos ante situaciones donde los principales actores del conflicto se han dado el trabajo de ubicar dentro de una comunidad a víctimas específicas para ultimarlas. Como se aprecia en el Gráfico 9, independientemente del agente  responsable, la mayoría (cerca del 68%) de personas asesinadas o  Como referencia, se empleó la distribución por edades de la proyección realizada por el INEI para la población peruana de 1985. 165ejecutadas  extrajudicialmente reportadas a la CVR lo fueron en operativos o acciones donde murieron simultáneamente menos de cinco personas. A título de comparación, en el  caso  del conflicto armado guatemalteco, más de la mitad de las personas reportadas como asesinadas entre 1969 y 1995 murieron en grupos  de  más  de  cincuenta  personas, particularmente en las comunidades mayas, lo que da cuenta de niveles de violencia indiscriminada tales que dieron lugar a que la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala califique de genocidio la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad estatal contra el pueblo maya.
En el Perú y en el caso de los agentes del Estado en particular, el trabajo de selección de víctimas se refleja también en la importancia que adquirió la práctica de desaparición forzada. Ésta supone extraer a una persona específica del contexto en el cual vive, sustraerla de la mirada pública y de los mecanismos legales de protección individual, para de esta forma encubrir un conjunto de violaciones de los derechos humanos (detenciones  arbitrarias, torturas, violaciones  sexuales)  que generalmente terminan en una ejecución extrajudicial. La CVR ha determinado que, entre 1980 y el 2000, aproximadamente el 61% de las víctimas fatales provocadas por los agentes del Estado lo fueron mediante la práctica de desaparición forzada.  Las mujeres y los niños aparecen entre las  víctimas fatales con mayor frecuencia en situaciones  de  violencia indiscriminada, como son las masacres o arrasamientos de comunidad. conforme aumenta el tamaño del grupo de personas que son asesinadas o ejecutadas en un mismo operativo o incursión, también aumenta ligeramente la proporción de mujeres y de niños menores de 15 años de edad.
Es importante tomar en cuenta que, de manera similar a otras investigaciones sobre conflictos armados internos, en la información presentada existe un importante  su registro de niños debido a que solamente se incluyen las víctimas identificadas. Dentro de las víctimas de asesinatos masivos, generalmente los niños resultan ser los menos  identificados  por  los sobrevivientes que dieron sus testimonios, puesto que son menos conocidos en sus comunidades en comparación con los adultos.
3.2. Perfiles
La práctica de selección de víctimas por parte de los principales actores del conflicto  armado interno supone que éstos contaban con un perfil o una caracterización de quiénes eran considerados blanco de la acción violenta. Este perfil está  estrechamente vinculado con los objetivos y estrategias de los actores.
La CVR ha concluido que el conflicto armado interno se inició debido a la  decisión  del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso (PCP-SL) de conquistar el poder mediante la lucha armada con el fin de destruir las instituciones del Estado peruano e instaurar un régimen totalitario.  En la estrategia de conquista del poder mediante la lucha armada, el PCP-SL buscó atacar deliberadamente a quienes, según su ideología,  representaban el viejo Estado. En la práctica, ello significó  que  las personas que tenían responsabilidades relativamente más importantes o desempeñaban un cierto liderazgo social o político en sus respectivas comunidades se convirtieron en potenciales enemigos y víctimas de su accionar.  Un indicador contundente de esto último es que, luego de los campesinos, el segundo grupo ocupacional más golpeado por la violencia del PCP-SL estuvo conformado  por  las  diversas autoridades locales y dirigentes sociales que existían en las zonas donde el conflicto armado interno tuvo lugar (alcaldes, regidores, subprefectos, gobernadores, tenientes gobernadores, jueces de paz, dirigentes locales, etc.). De acuerdo con los testimonios recibidos,  aproximadamente  1680 personas, es decir, el 21% de las víctimas fatales provocadas por el PCP-SL reportadas a la CVR fueron autoridades de este tipo.  El asesinato de un número tan grande de autoridades locales, la mayoría de ellas militantes de los partidos políticos que sustentaron el  régimen democrático inaugurado en 1980,  constituyeun  duro golpe a la capacidad de intermediación política de las zonas afectadas por el conflicto armado interno. Es evidente que toda una generación de  representantes e intermediarios políticos locales ha sido eliminada intencionalmente por el PCP-SL en su estrategia de generar un vacío de poder que pueda ser posteriormente llenado por sus propios cuadros. Si bien las personas que ocupaban cargos de  autoridad o posiciones de liderazgo en sus comunidades eran los blancos más visibles de la acción armada del PCP-SL, los mecanismos  de selección del grueso de las víctimas provocadas por este grupo subversivo eran mucho más sutiles y dependientes  de las microdiferenciaciones del poder local y el estatus social que pueden configurarse en las diferentes comunidades rurales donde tuvo lugar el conflicto armado interno. 
De acuerdo con los testimonios recopilados por la CVR, las personas dedicadas a actividades agropecuarias representan el  57%  de las víctimas causadas por el PCP-SL, sin embargo, al interior de ese porcentaje se esconden las múltiples diferencias que pueden existir entre los campesinos relativamente más prósperos económicamente y los más pobres, entre aquellos más conectados a las redes del poder (económico y político) local o regional y los más excluidos. Estos matices son difícilmente percibidos desde el Perú más urbano, ya que las inmensas distancias económicas, políticas y sociales que existen con el Perú rural llegan a cubrir a esta última realidad de un manto de uniformidad teñido y definido por la pobreza y el subdesarrollo.   En el mundo rural andino y selvático, esas diferencias no logran  ser  captadas  o medidas con exactitud mediante las gruesas categorías socioeconómicas que una aproximación cuantitativa obliga a utilizar. Dependen en gran medida de las diferencias sociales relativas y específicas a cada contexto particular, por lo que resulta difícil encontrar estándares aplicables a todos los casos. Sin embargo, son justamente esas  diferencias  relativas las que configuran los potenciales conflictos dentro de la sociedad rural que  la  estrategia del PCP-SL buscó aprovechar a su favor. Los diferentes estudios en profundidad realizados por la CVR dan cuenta de la importancia de estos factores en la estrategia del PCP-SL y sus prácticas de selección de blancos de la autodenominada «acción armada revolucionaria».  La concepción hiperideologizada del mundo que representa el pensamiento Gonzalo, al ser aplicada al mundo rural peruano, determinó que todos aquellos que podían estar relativamente más conectados al mercado, las redes e instituciones políticas, regionales o nacionales, se convirtieran en «enemigos de clase del proletariado y del  campesinado» o en «agentes del Estado  feudal  y burocrático» que debía ser destruido. Ello en un contexto en el cual la sociedad rural peruana había sufrido ya grandes transformaciones en la segunda mitad  del  siglo  XX  (como  lo  atestigua  el proceso de Reforma Agraria en la  década de 1970), transformaciones que modificaron profundamente  las  antiguas  divisiones entre indios y señores, campesinos y hacendados, y terminaron por hacer desaparecer la oligarquía rural y terrateniente en el campo  peruano.  El «Pensamiento Gonzalo» busco forzar la nueva realidad de relaciones sociales en el campo para que encajen en sus categorías ideológicas y de  esta forma poder crear artificialmente blancos identificables para la acción armada de sus militantes. El trabajo político de acumulación de fuerzas desarrollado por el PCP-SL lo llevó a reclutar a sus militantes y simpatizantes entre la juventud  de  origen campesino, principalmente en Ayacucho. Muchos de estos jóvenes se habían beneficiado entre los años 1960 y 1980 de un proceso de expansión de la educación secundaría y superior, el cual elevó sus expectativas  de movilidad social ascendente. Sin embargo, las escasas  oportunidades de desarrollo económico en sus localidades de origen hicieron que muchas de estas expectativas se vieran frustradas, por lo que un sector importante de la juventud rural ayacuchana fue atraído por el proyecto de cambio social y político radical del PCP-SL, que le reservaba además un rol protagónico a los jóvenes en el nuevo orden social que se buscaba implantar. En aquellas comunidades en las que el PCP-SL  no  podía captar la adhesión voluntaria de los jóvenes, obligaba a éstos a participar de sus acciones mediante prácticas de reclutamiento forzado.
Al definir el escenario del  conflicto  en  sus propios términos, el PCP-SL configuró los perfiles de las víctimas tanto de su acción armada como de aquella desencadenada por la represión de  las  fuerzas del orden. En la medida en que el conflicto armado interno tuvo un carácter no convencional y que los militantes del PCP-SL se mimetizaban entre la población local, las fuerzas del  orden  seleccionaban  a  sus  víctimas de acuerdo al perfil general de quienes podían ser más propensos a integrarse al grupo subversivo, tal  y como narra un joven  universitario detenido por terrorismo en 1991 y posteriormente absuelto: [en la Dirección Nacional contra el Terrorismo-DINCOTE] los policías me dijeron que mis antecedentes eran ideales para ser  miembro  de Sendero Luminoso: era hijo de padres ayacuchanos, hablaba más o menos quechua, estudiaba en la UNMSM y vivía en el Callao
[...] Finalmente, en Canto Grande, cuando fui asignado al pabellón de los senderistas, esta vez ellos eran los que me decían «tú eres hijo de ayacuchanos, hablas un poco de quechua, estudias en la San Marcos, y vives en el Callao, cumples el prototipo, ¿por qué no te unes a nosotros?». Testimonio, Lima.
Tomando en cuenta este perfil de edades, es posible afirmar que, hasta cierto  punto,  el conflicto armado interno provocado por el PCP-SL fue también una lucha generacional, en donde los jóvenes de origen campesino,  relativamente  más educados que sus padres y atraídos por la ideología  subversiva, buscaban desplazar violentamente a las personas mayores de las posiciones de poder y prestigio en sus propias comunidades.
las víctimas fatales reportadas a la CVR que tenían entre 20 a 29 años, la proporción de personas que tenían educación secundaría es algo mayor entre las víctimas provocadas por los agentes del Estado que entre aquellas causadas por el PCP-SL.  Una confirmación de este perfil del militante o simpatizante del PCP-SL puede encontrarse en  las  características socio demográfico de aquellas personas que actualmente se encuentran detenidas por cargos de terrorismo en los diferentes establecimientos penitenciarios del país. 
La CVR ha entrevistado a poco más de 1,000 personas actualmente detenidas por delito de terrorismo. Como se aprecia en el Gráfico 14, más de la mitad de ellos tenían entre 20 y 29 años al momento de ser detenidos. Por otro lado, cerca del 45% de los detenidos por delito de terrorismo que han dado su testimonio a la CVR tienen algún nivel de instrucción superior. Más allá de las coincidencias existentes entre los perfiles de las personas ejecutadas o desaparecidas por los agentes del Estado y aquellas que actualmente purgan prisión por delito de terrorismo, es evidente que una estrategia de  selección de blancos de la represión basada en categorías tan generales (grupo de edad y nivel educativo), aplicada en forma masiva y sistemática, conduce inevitablemente a graves violaciones de los  derechos  humanos.  Por  otro  lado, independientemente de que las víctimas se  ajusten al perfil mencionado, ello no implica que necesariamente sean miembros del PCP-SL y, aunque ese haya podido ser el caso de varias de las personas ejecutadas o desaparecidas por las fuerzas del orden, ni la ejecución extrajudicial sumaria ni la desaparición forzada están previstas  como sanciones legales en el ordenamiento jurídico peruano.
Si bien queda claro que el ser joven y tener niveles educativos relativamente  mayores constituyen  un elemento central del perfil de aquellas personas que fueron objeto de la represión estatal en la lucha contrasubversiva
 Ayacucho  es el departamento de nacimiento de la mayoría de personas ejecutadas  o  desaparecidas  por los agentes del Estado. Sin embargo, la mayoría de personas que se encuentran en la cárcel  por  delito  de terrorismo provienen ya sea de Lima o del conjunto de departamentos menos afectados por el conflicto armado interno.  Por otro lado, mientras que, entre los ejecutados y desaparecidos, más del 70% tenían al quechua u otras lenguas nativas como idioma materno, sólo el 24% de los actualmente detenidos por terrorismo comparten esa característica. La probabilidad de que la acción  contrasubversiva del Estado devenga en una violación grave de los derechos humanos o en una aplicación de la legislación antiterrorista no es uniforme en todos los grupos sociales. Las consecuencias resultan ser más graves y los errores de aplicación del perfil menos reversibles en aquellos grupos más vulnerables de la sociedad peruana.
3.3. DINÁMICA DE LA VIOLENCIA
La intensidad de la violencia no estuvo uniformemente distribuida a lo largo de los años que duró el conflicto armado interno ni afectó a todas las regiones en el mismo momento. 
existen dos picos que marcan períodos diferentes en el conflicto armado: 1984 y 1989.  El  primero  corresponde al momento de mayor intensidad y que provocó  el  número más importante de muertos y desaparecidos que fueron reportados a la CVR (19% del total del víctimas). Se inscribe en el período inicial del conflicto, centrado esencialmente en el departamento de Ayacucho, en el que  se aprecia una notable escalada  de  la  violencia, especialmente a partir de 1983, luego de que, en diciembre de 1982 se les encarga las  fuerzas armadas (FFAA) la conducción de la lucha contrasubversiva. Luego de un período de descenso de la  intensidad del conflicto, cuyo punto más bajo  en términos de número de víctimas fatales fue 1986, a partir de 1987 se inicia un recrudecimiento de la violencia que alcanza otro pico en 1989 y que  se mantiene en niveles relativamente elevados hasta 1992, año en que es capturado Abimael Guzmán Reinoso y desestructurada la cúpula de la dirección central del PCP-SL. Si bien en este segundo período no se llegó a niveles similares a los de 1984, el conflicto se expandió a cada vez más lugares del país.
El año más intenso  en  términos de víctimas fue 1984, pero los años comprendidos entre 1989 y 1992 fueron aquellos  donde más localidades  experimentaron  el conflicto armado interno. Cada año, cómo fue la distribución relativa de las víctimas fatales en los principales departamentos afectados por el conflicto armado interno. Entre 1982  y1985, éste estuvo prácticamente circunscrito al departamento de Ayacucho. En los años posteriores, Ayacucho, en particular la región del valle del río Apurímac en las provincias de Huanta y La Mar, permanece como uno de los escenarios centrales hasta 1993. Sin embargo, a partir de 1986-1988, el conflicto armado interno adquiere un carácter relativamente más nacional. Entre 1989 y 1991, la región central, especialmente el departamento de  Junín, se convierte en otro de los  escenarios  Los indicadores empleados son número de muertos y desaparecidos reportados a la CVR para la intensidad de  la violencia (escala del eje vertical izquierdo) y número de distritos donde los hechos que provocaron esas víctimas tuvieron lugar (escala del eje vertical derecho). principales de la violencia, al mismo tiempo  que  la importancia relativa de la zona nororiental comienza a aumentar. A partir de 1994, el departamento de Huánuco, y sobre todo la provincia de Leoncio Prado en el valle del Huallaga, concentrará a más de un cuarto de las víctimas fatales del período final de la violencia.
Indicadores: Idioma materno quechua (% QUECHUA); Hechos ocurridos en zonas rurales (% RURAL); Hechos ocurridos en la región Sur Central (% SUR CENTRAL)En el Gráfico 19, podemos observar que,  mientras va disminuyendo la importancia relativa de la región sur central (conformada  por el departamento de Ayacucho y provincias colindantes  de  Huancavelica y Apurímac), también disminuye el porcentaje de víctimas fatales ocurridas en zonas rurales y de aquellas que tenían el quechua como idioma materno. Ello implica que el conflicto no sólo  abarca  espacios  geográficos diferentes, sino realidades sociales más complejas. Nótese, sin embargo, que, en todos los momentos de mayor intensidad, la  mayoría absoluta de las víctimas sigue presentándose en  zonas  rurales  y tienen como su lengua materna idiomas diferentes al castellano. Esta disminución relativa del peso del Perú rural y quechua hablante en el universo de las víctimas es acompañado de una mayor visibilidad mediática del conflicto armado  interno.
Esta correlación reafirma nuestra conclusión de que una parte importante del  Perú  se desangró casi sin que el resto del país lo notara. La violencia y sus víctimas adquirieron cada vez más importancia para la opinión pública conforme el conflicto atacaba los centros donde se ubica el poder económico y político del país.
3.4. VÍCTIMAS ENTRE LAS FUERZAS DEL ORDEN
Veintidós hombres con seis fusiles, en esa  intervención salimos con tres fusiles y  con ametralladoras MGP, que no son aptas para un  combate así en este lugar. Y ahí  fuimos sorprendidos. El que habla y seis efectivos iban a la intervención y fuimos sorprendidos por este grupo de bloqueo de Sendero Luminoso, el cual con una granada Instalasa, que entró por el parabrisas de la camioneta le voló los dedos al chofer, impactó la granada Instalasa en la pierna del teniente, pasando la puerta y estallando en la marginal.  Y ahí fuimos recibidos por una lluvia de balas. Estando yo en la parte de atrás de la camioneta cuatro por cuatro, junto a mi colega, difunto ahora y al frente de tres personal subalternos, fuimos el escudo de ellos. Mi colega que estaba a la izquierda  le cayó una ráfaga, agarrando yugular y corazón, que al instante quedó muerto. El que habla que iba con una mochila con munición trescientos cincuenta cartuchos, fue impactado también.   (SO. PNP. José Rafael Vives, San Martín, 1990) 
En  el  31  de  marzo  del 92 [...] mi esposo [...] me acompañaba [...] a dos cuadras, al paradero, sin presagiar. [...] Me acuerdo que, al llegar al paradero, [...] divisé una combi que bajaba por Montenegro. Y les dije a mis hijos, a mi esposo... me despedí de ellos y crucé la pista. Les di la vuelta a las personas que estaban alrededor, en el paradero. Esperé que subiera un joven y de ahí traté de subir yo. Y escuché como un estallido. Pensé que era la llanta del carro, de la combi. Bajé la mirada a ver la llanta y era el primer disparo que me tiraban por la espalda. De ahí sentí como un desvanecimiento y caí. Y me acuerdo que miré 189al  cielo  y  dije: “¿Por qué?”. De ahí comencé a querer levantarme, incorporarme, y sentí cómo las balas entraban en mi cuerpo y cómo mi cuerpo se movía a cada impacto de bala que entraba. [...] Entonces, yo decía: “Dios  mío,  si  sigo moviéndome me van a seguir dando”. Y yo me acuerdo que  [...] atiné  [...] a tirar mi cabeza a la izquierda, y es donde entra la quinta bala, que era el tiro de gracia, que me entra por el globo derecho y sale por lasien izquierda, quemándome el  nervio  óptico  de la izquierda. [...] Y sentí la presencia después de mi esposo que me decía:  “No  te  mueras. Te necesitamos. Nuestros hijos te necesitan”. (SO. PNP. Ana Carolina Lira Chupingahua, Lima, 1992)
Los institutos armados y el Ministerio del Interior han proporcionado a la CVR las listas de
las bajas de sufrieron las fuerzas del orden en el combate contra la subversión armada a lo largo del 20 años investigados. De acuerdo con esta información murieron 1,674 miembros de las fuerzas del orden en actos de servicio en zonas de emergencia o en combates contra elementos subversivos entre 1980 y el año 2000. Esta cifra equivale al 7% del total de víctimas fatales reportadas en los testimonios analizados por la CVR.17 Según las mismas fuentes, adicionalmente las fuerzas del orden  sufrieron  1,698  bajas  de heridos  o de efectivos que quedaron inválidos a consecuencia de los combates o los ataques perpetrados por los elementos subversivos.  La distribución de víctimas fatales por instituciones se aprecia en el gráfico 31. Como se ve el Ejército Peruano fue la institución que tuvo mayores bajas (60% del total de las bajas reportadas de los agentes del Estado) en la medida en que el Estado Peruano les encomendó a sus miembros la principal responsabilidad del combate a la subversión armada. El 82% de las víctimas del Ejército Peruano fueron personal de tropa,  7% suboficiales o técnicos y 11% oficiales. El 50% de los oficiales caídos en cumplimiento de su deber fueron tenientes o subtenientes, el 85% tenían grados iguales  o  inferiores  al de capitán. La gran mayoría de oficiales fallecidos eran entonces responsables de tropas o patrullas por lo que sus muertes se produjeron generalmente en actos de combate o en emboscadas subversivas en el campo
 El Ministerio del Interior remitió a la CVR un listado  de 568 miembros de la policía  muertos  a  consecuencia  del combate contra la subversión. Diversos elementos le permiten suponer a la CVR que la cifra real de policías fallecidos podría ser  mayor (existen indicios que varios registros se perdieron en el proceso de la reforma policial de 1988, además de posibles errores de registro en las instituciones policiales). Un estimado de la cifra real podría situarla alrededor de 839policías fallecidos (271 personas adicionales no registradas), sin embargo, para el presente análisis la CVR decidió utilizar la información oficialmente remitida por el Ministerio del Interior ya que en ese listado aparecen los nombres de los policías que perdieron la vida en el cumplimiento del deber, además de cierta información sobre las circunstancias en que ocurrieron esos hechos.  Salvo el caso de algunos familiares de miembros de las fuerzas policiales caídos en combate contra la subversión, a pesar de las campañas de difusión del trabajo de la CVR se recibieron  muy pocos testimonios sobre  víctimas de los institutos castrenses. La información sobre estas bajas fue proporcionada directamente por los institutos armados.
III ROSTROS Y PERFILES DE LA VIOLENCIA
La violencia armada no afectó uniformemente todos los ámbitos geográficos ni los diferentes estratos sociales del país. Estuvo concentrada en lo que podríamos denominar los  márgenes de la sociedad, es decir, aquellas zonas y grupos menos integrados a los centros de poder económico y político de la sociedad peruana.  Dentro de las zonas más afectadas, a pesar del carácter masivo en términos del número de víctimas fatales que provocaron, los principales actores del conflicto armado interno no tuvieron un accionar totalmente indiscriminado, sino que seleccionaban a sus víctimas al interior de estratos específicos de las sociedades regionales o locales que fueron escenario de la violencia.
El perfil de las víctimas de los principales actores del conflicto armado interno tuvo un carácter dinámico, condicionado por el tipo de estrategia que intentaron llevar a cabo, así como por las características específicas  de los lugares donde se desarrolló.
Conflicto.
[...] senderistas cubiertos sus rostros  con pasamontañas y que usaban  ponchos, aproximadamente a las ocho de la noche, y que inmediatamente habían reunido a todos los pobladores en el local de la escuela, donde los habían tenido casi hasta el amanecer, y que después habían comenzado a escogerlos en dos salones, a los más jóvenes los habían puesto en un salón y en el otro a los más maduros, y cuando se disponían a partir llevándose a cinco jóvenes de la comunidad, entre ellos a  su hermano, que entonces tenía 15 años de edad, y a una jovencita de 18 años [...]. 
[...] esa mañana, los soldados acorralaron al pueblo de Nuevo Occoro, reunieron en la plaza a toda la gente, serían unas 100 personas entre hombres y mujeres, niños y ancianos. En la plaza, los soldados separaron a los varones y a las mujeres; a éstas los metieron al local del Cabildo y no los dejaron ni moverse. Cuando  vinieron hacia la plaza, a los  hombres los tenían agachados, a tres muchachas los llevaron hacia el local del concejo distrital y los interrogaron si los hombres de Nuevo Occoro eran o no terroristas. Del total del grupo de hombres, los soldados seleccionaron a [...] los golpearon y los llevaron [...] desde entonces hasta la fecha no se supo nada de ellos [...]. 
CVR. Testimonio Huancavelica.
En  1984, no recuerdo la fecha exacta, pero fue aproximadamente a medio día, los senderistas  vinieron por primera vez en el distrito de Pilchaca; al no encontrar a las autoridades, dijeron a todo el mundo que toda autoridad debía renunciar a su cargo. En esa oportunidad, no lo encontraron  a  mi papá [...] pero quemaron  los  documentos  de  la Municipalidad en la Plaza Principal. En 1985, regresaron por segunda vez y dejaron cartas en las cuales le decían que renuncie a su cargo; habían estado pidiéndole su renuncia; si él no hacía caso, en cualquier momento iba a ser ajusticiado, porque, según ellos, «ya conocen sus debilidades». Como se decía de que siempre iban a buscarlo a mi papá, mis hermanos y yo le dijimos que se escape porque le habían matado a otras autoridades de por acá, pero mi papá decía: «¿Por qué yo? ¿Qué cosa he hecho para que me esté amenazando?». Y no nos hizo caso. 
CVR. Testimonio, Huancavelica.
[...] salíamos a buscarlo en todos los lugares en donde se decía que habían aparecido muertos, revisábamos uno a uno para poder  reconocerlo y nada [...]. En una oportunidad, nos dijeron que a orillas del río Mantaro tiraban a los muertos y fuimos con mi hijo tempranito [...] cuando nos acercábamos, vimos  que  llegaba  el carro del Ejército y nos escondimos para que no nos vean; miramos cómo botaban bolsas negras en forma rápida y se fueron; nos acercamos y eran un montón de muertos, que eran jóvenes torturados, con alambres en el cuello, con mucha sangre, los pies rotos, muy golpeados. CVR. Testimonio, madre de estudiante desaparecido, Junín.
A pesar de que la violencia tuvo un carácter masivo y estuvo concentrada en las zonas más marginadas y excluidas de la sociedad peruana, muchos de los testimonios recogidos por la CVR nos indican que los principales actores del conflicto armado interno desarrollaron un conjunto de prácticas de selección de sus víctimas al interior de determinados grupos poblacionales la violencia no afectó a hombres y mujeres en forma similar ni estuvo distribuida uniformemente en todos los grupos de edad. Fueron los hombres entre 20 y 49 años quienes conforman el grueso de las víctimas fatales  reportadas  a la CVR  (más  del 55%), mientras que las mujeres de todas las edades suman poco menos del 20% de víctimas.  Si comparamos la distribución de edades de las víctimas con la de edades de la población peruana estimada para 1985, la concentración de víctimas en los grupos antes mencionados se hace más evidente:  Mientras que, en el conjunto de la sociedad peruana,el  grupo  que va de 20 a 49 años representaba el 38% de la población, entre los muertos y desaparecidos reportados a la CVR, este grupo de edades representa el 66% de las víctimas. Si además consideramos que más del75% de las víctimas fatales mayores de 15 años estaban casadas o eran convivientes,  es  posible  afirmar que, donde tuvo lugar, el conflicto armado interno afectó principalmente a hombres jefes de hogar, es decir, el grupo de la población con mayor cantidad de hijos dependientes y sobre el cual reposan las principales responsabilidades económicas y políticas de sus respectivas localidades. Otro indicador de selectividad es el tamaño del grupo en el que fue ejecutada o asesinada una persona. Cuando las personas son asesinadas o ejecutadas en grupos pequeños, generalmente estamos ante situaciones donde los principales actores del conflicto se han dado el trabajo de ubicar dentro de una comunidad a víctimas específicas para ultimarla sin dependientemente del agente  responsable, la mayoría (cerca del 68%) de personas asesinadas o  ejecutadas  extrajudicialmente reportadas a la CVR lo fueron en operativos o acciones donde murieron simultáneamente menos de cinco personas. A título de comparación, en el  caso  del conflicto armado guatemalteco, más de la mitad de las personas reportadas como asesinadas entre 1969 y 1995 murieron en grupos  de  más  de  cincuenta  personas, particularmente en las comunidades mayas, lo que da cuenta de niveles de violencia indiscriminada tales que dieron lugar a que la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala califique de genocidio la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad estatal contra el pueblo maya.En el Perú y en el caso de los agentes del Estado en particular, el trabajo de selección de víctimas se refleja también en la importancia que adquirió la práctica de desaparición forzada. Ésta supone extraer a una persona específica del contexto en el cual vive, sustraerla de la mirada pública y de los mecanismos legales de protección individual, para de esta forma encubrir un conjunto de violaciones de los derechos humanos (detenciones  arbitrarias, torturas, violaciones  sexuales)  que generalmente terminan en una ejecución extrajudicial. La CVR ha determinado que, entre 1980 y el 2000, aproximadamente el 61% de las víctimas fatales provocadas por los agentes del Estado lo fueron mediante la práctica de desaparición forzada. 
Las mujeres y los niños aparecen entre las  víctimas fatales con mayor frecuencia en situaciones  de  violencia indiscriminada, como son las masacres o arrasamientos de comunidades.
PERFILES
La práctica de selección de víctimas por parte de los principales actores del conflicto  armado interno supone que éstos contaban con un perfil o una caracterización de quiénes eran considerados blanco de la acción violenta. Este perfil está  estrechamente vinculado con los objetivos y estrategias de los actores.
La CVR ha concluido que el conflicto armado interno se inició debido a la  decisión  del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso (PCP-SL) de conquistar el poder mediante la lucha armada con el fin de destruir las instituciones del Estado peruano e instaurar un régimen totalitario.  En la estrategia de conquista del poder mediante la lucha armada, el PCP-SL buscó atacar deliberadamente a quienes, según su ideología,  representaban el viejo Estado. En la práctica, ello significó  que  las personas que tenían responsabilidades relativamente más importantes o desempeñaban un cierto liderazgo social o político en sus respectivas comunidades se convirtieron en potenciales enemigos y víctimas de su accionar.  Un indicador contundente de esto último es que, luego de los campesinos, el segundo grupo ocupacional más golpeado por la violencia del PCP-SL estuvo conformado  por  las  diversas autoridades locales y dirigentes sociales que existían en las zonas donde el conflicto armado interno tuvo lugar (alcaldes, regidores, subprefectos, gobernadores, tenientes gobernadores, jueces de paz, dirigentes locales, etc.). De acuerdo con los testimonios recibidos, aproximadamente  1680 personas, es decir, el 21% de las víctimas fatales provocadas por el PCP-SL reportadas a la CVR fueron autoridades de este tipo.  El asesinato de un número tan grande de autoridades locales, la mayoría de ellas militantes de los partidos políticos que sustentaron el  régimen democrático inaugurado en 1980,  constituye un  duro golpe a la capacidad de intermediación política de las zonas afectadas por el conflicto armado interno. Es evidente que toda una generación de  representantes e intermediarios políticos locales ha sido eliminada intencionalmente por el PCP-SL en su estrategia de generar un vacío de poder que pueda ser posteriormente llenado por sus propios cuadros. Si bien las personas que ocupaban cargos de  autoridad o posiciones de liderazgo en sus comunidades eran los blancos más visibles de la acción armada del PCP-SL, los mecanismos  de selección del grueso de las víctimas provocadas por este grupo subversivo eran mucho más sutiles y dependientes  de las microdiferenciaciones del poder local y el estatus social que pueden configurarse en las diferentes comunidades rurales donde tuvo lugar el conflicto armado interno.  De acuerdo con los testimonios recopilados por la CVR, las personas dedicadas a actividades agropecuarias representan el  57%  de las víctimas causadas por el PCP-SL, sin embargo, al interior de ese porcentaje se esconden las múltiples diferencias que pueden existir entre los campesinos relativamente más prósperos económicamente y los más pobres, entre aquellos más conectados a las redes del poder (económico y político) local o regional y los más excluidos. Estos matices son difícilmente percibidos desde el Perú más urbano, ya que las inmensas distancias económicas, políticas y sociales que existen con el Perú rural llegan a cubrir a esta última realidad de un manto de uniformidad teñido y definido por la pobreza y el subdesarrollo.   En el mundo rural andino y selvático, esas diferencias no logran  ser  captadas  o medidas con exactitud mediante las gruesas categorías socioeconómicas que una aproximación cuantitativa obliga a utilizar. Dependen en gran medida de las diferencias sociales relativas y específicas a cada contexto particular, por lo que resulta difícil encontrar estándares aplicables a todos los casos. Sin embargo, son justamente esas  diferencias  relativas las que configuran los potenciales conflictos dentro de la sociedad rural que  la  estrategia del PCP-SL buscó aprovechar a su favor. Los diferentes estudios en profundidad realizados por la CVR dan cuenta de la importancia de estos factores en la estrategia del PCP-SL y sus prácticas de selección de blancos de la autodenominada «acción armada revolucionaria». 
La concepción hiperideologizada del mundo que representa el pensamiento Gonzalo, al ser aplicada al mundo rural peruano, determinó que todos aquellos que podían estar relativamente más conectados al mercado, las redes e instituciones políticas, regionales o nacionales, se convirtieran en «enemigos de clase del proletariado y del  campesinado» o en «agentes del Estado  feudal  y burocrático» que debía ser destruido. Ello en un contexto en el cual la sociedad rural peruana había sufrido ya grandes transformaciones en la segunda mitad  del  siglo  XX  (como  lo  atestigua  el proceso de Reforma Agraria en la  década de 1970), transformaciones que modificaron profundamente  las  antiguas  divisiones entre indios y señores, campesinos y hacendados, yterminaron por hacer desaparecer la oligarquía rural y terrateniente en el campo  peruano.  El «Pensamiento Gonzalo» busco forzar la nueva realidad de relaciones sociales en el campo para que encajen en sus categorías ideológicas y de  esta forma poder crear artificialmente blancos identificables para la acción armada de sus militantes. El trabajo político de acumulación de fuerzas desarrollado por el PCP-SL lo llevó a reclutar a sus militantes y simpatizantes entre la juventud  de  origen campesino, principalmente en Ayacucho. Muchos de estos jóvenes se habían beneficiado entre los años 1960 y 1980 de un proceso de expansión de la educación secundaría y superior, el cual elevó sus expectativas  de movilidad social ascendente. Sin embargo, las escasas  oportunidades de desarrollo económico en sus localidades de origen hicieron que muchas de estas expectativas se vieran frustradas, por lo que un sector importante de la juventud rural ayacuchana fue atraído por el proyecto de cambio social y político radical del PCP-SL, que le reservaba además un rol protagónico a los jóvenes en el nuevo  orden social que se buscaba implantar. En aquellas comunidades en las que el PCP-SL  no  podía captar la adhesión voluntaria de los jóvenes, obligaba a éstos a participar de sus acciones mediante prácticas de reclutamiento forzado.
3.3. DINÁMICA DE LA VIOLENCIA
La intensidad de la violencia no estuvo uniformemente distribuida a lo largo de los años que duró el conflicto armado interno ni afectó a todas las regiones en el mismo momento.  1984 y 1989.  El  primero  corresponde al momento de mayor intensidad y que provocó  el  número más importante de muertos y desaparecidos que fueron reportados a la CVR (19% del total del víctimas). Se inscribe en el período inicial del conflicto, centrado esencialmente en el departamento de Ayacucho, en el que  se aprecia una notable escalada  de  la  violencia, especialmente a partir de 1983, luego de que, en diciembre de 1982 se les encarga las  fuerzas armadas (FFAA) la conducción de la lucha contrasubversiva. Luego de un período de descenso de la  intensidad del conflicto, cuyo punto más bajo  en términos de número de víctimas fatales fue 1986, a partir de 1987 se inicia un recrudecimiento de la violencia que alcanza otro pico en 1989 yque  se mantiene en niveles relativamente elevados hasta 1992, año en que es capturado Abimael Guzmán Reinoso y desestructurada la cúpula de la dirección central del PCP-SL. Si bien en este segundo período no se llegó a niveles similares a los de 1984, el conflicto se expandió a cada vez más lugares del país. a la intensidad de la  violencia con la extensión de la misma  a diferentes ámbitos geográficos. Se observa cómo, a partir de 1987, luego del descenso experimentado  entre  1985 y 1986, no sólo se incrementa el número de muertos o desaparecidos reportados a la CVR, sino también los lugares donde ocurrieron los hechos que dieron lugar a esas víctimas  el año más intenso  en  términos de víctimas fue 1984, pero los años comprendidos entre 1989 y 1992 fueron aquellos  donde más localidades  experimentaron  el conflicto armado interno. , cómo fue la distribución relativa de las víctimas fatales en los principales departamentos afectados por el conflicto armado interno. Entre 1982  y1985, éste estuvo prácticamente circunscrito al departamento de Ayacucho. En los años posteriores, Ayacucho, en particular la región del valle del río Apurímac en las provincias de Huanta y La Mar, permanece como uno de los escenarios centrales hasta 1993. Sin embargo, a partir de 1986-1988, el conflicto armado interno adquiere un carácter relativamente más nacional. Entre 1989 y 1991, la región central, especialmente el departamento de  Junín, se convierte en otro de los  escenarios principales de la violencia, al mismo tiempo  que  la importancia relativa de la zona nororiental comienza a aumentar. A partir de 1994, el departamento de Huánuco, y sobre todo la provincia de Leoncio Prado en el valle del Huallaga, concentrará a más de un cuarto de las víctimas fatales del período final de la violencia. a la distribución relativa de víctimas  por  año  para cada uno de los departamentos más afectados  por  el  conflicto  armado  interno.Aquí se puede detectar qué momentos marcaron diferentes niveles  de intensidad del conflicto  en  cada  zona  del país.  Conforme evolucionan a lo largo del tiempo los escenarios del conflicto, también se producen cambios en ciertos aspectos del perfil de las víctimas,  especialmente  en  aquellos elementos relacionados con la caracterización sociocultural de éstas  mientras va disminuyendo la importancia relativa de la región sur central (conformada  por el departamento de Ayacucho y provincias colindantes  de  Huancavelica y Apurímac), también disminuye el porcentaje de víctimas fatales ocurridas en zonas rurales y de aquellas que tenían el quechua como idioma materno. Ello implica que el conflicto no sólo  abarca  espacios  geográficos diferentes, sino realidades sociales más complejas. Nótese, sin embargo, que, en todos los momentos de mayor intensidad, la  mayoría absoluta de las víctimas sigue presentándose en  zonas  rurales  y tienen como su lengua materna idiomas diferentes al castellano. Esta disminución relativa del peso del Perú rural y quechuahablantes en el universo de las víctimas es acompañado de una mayor visibilidad mediática del conflicto armado  interno. Como se aprecia en el  Gráfico  20,  existe  una  correlación positiva entre el crecimiento de la proporción de víctimas en zonas rurales y la cantidad de noticias que sobre el conflicto armado interno se reportan en los principales medios de comunicación escrita del país. Esta correlación reafirma nuestra conclusión de que una parte importante del  Perú  se desangró casi sin que el resto del país lo notara. La violencia y sus víctimas adquirieron cada vez más importancia para la opinión pública conforme el conflicto atacaba los centros donde se ubica el poder económico y político del país.
3.3.1. Dinámica de los actores
Tal y como ha sido reseñado a lo largo  del  Informe, la responsabilidad del mayor porcentaje de muertos y desaparecidos reportados a la CVR (cerca del 54%) ha sido atribuida al PCP-SL, mientras que los diversos agentes del Estado han sido señalados como responsables de cerca de un tercio de esos casos. la responsabilidad de los demás agentes que intervinieron en  el  conflicto  armado  es mucho menos importante en comparación a estos dos actores En tal sentido, para efectos de esta sección, nos concentraremos en las víctimas provocadas por el PCPSL y los agentes del Estado. en todos los años, los muertos  y desaparecidos reportados a la CVR que serían responsabilidad del PCP-SL son más numerosos que aquellos provocados por los  agentes  del  Estado.  La distancia entre las líneas correspondientes a cada actor se acrecienta notablemente a partir de 1987. Como ha sido indicado, entre 1987 y 1993, el país experimenta una nueva escalada de la violencia, provocada por la expansión del accionar del PCP-SL hacia nuevos escenarios regionales.  Esa  expansión  no  es inmediatamente  acompañada de un recrudecimiento de la represión del Estado, puesto que, como es visible, la inflexión hacia arriba de la línea del PCP-SL se produce en 1987, mientras que la de los agentes estatales comienza su nuevo ascenso el año siguiente.  Por  otro lado, los patrones visibles en las  curvas dan cuenta de los cambios en las estrategias  de  los  actores. Las primeras fases del conflicto estuvieron marcadas por su carácter eminentemente ayacuchano y por los elevados  picos de violencia alcanzados en 1983 y 1984. Luego de un reflujo, la nueva expansión del conflicto hacia fines de la década de los 80 adquiere un carácter nacional y está definida por el «salto al equilibrio estratégico» emprendido por el PCP-SL y el refinamiento y mayor selectividad de la estrategia contrasubversiva del Estado. Ello puede corroborarse en el siguiente gráfico. Mientras que la cantidad relativa de muertos y desaparecidos provocados por el PCP-SL es muy parecida en  los  dos  momentos  de mayor intensidad del conflicto (1983-1984 y 1989-1990), las víctimas provocadas por los agentes del Estado en el segundo momento son casi la mitad de las que murieron o desaparecieron entre 1983 y 1984. Los cambios mencionados se reflejan también  en la paulatina diferenciación del tipo  de sociedad en la cual se desarrolla el accionar de cada uno de los principales actores del conflicto. Si exceptuamos los años 1980 y 1981, los Gráficos 25 y 26 nos indican que tanto el PCPSL como los agentes del Estado actuaban en los mismos espacios socioculturales en los períodos iníciales  del conflicto. A partir de 1988-1989, no sólo estos universos sociales se van diversificando,  sino  que  las víctimas provocadas por cada actor van diferenciándose entre sí.
Mientras que los muertos y desaparecidos reportados a la CVR que serían responsabilidad del PCPSL siguen proviniendo básicamente del mundo  rural y quechuahablantes, aquellos provocados por los agentes del Estado comienzan a ser  reportados con mayor frecuencia en zonas más urbanas y entre una población más próxima a la cultura occidental Es  claro que, para los años 1982-1984, el comportamiento de los patrones cuantitativos expresados en los gráficos precedentes se explica por el hecho de que el conflicto se desarrolló casi exclusivamente en el departamento de Ayacucho. Sin embargo, conforme el conflicto adquiere dimensiones nacionales y el PCP-SL busca expandir  su proyecto político totalitario hacia nuevos espacios, esta organización comienza a encontrar una resistencia en el mundo campesino o nativo (andino y selvático) cada vez mayor, la cual es potenciada por la promoción estatal de la formación de rondas campesinas. Ello motiva que  las  acciones armadas de la organización subversiva adquieran un marcado carácter de represalia contra la sociedad rural.  Paralelamente, los agentes del Estado y, en particular, las FFAA, como parte del cambio de su estrategia contrasubversiva, van desarrollando alianzas más importantes con el campesinado y focalizando su acción represiva en sectores sociales donde existe una mayor probabilidad de ubicar y eliminar individuos vinculados más estrechamente con el PCP-SL. , la nueva estrategia implementada por  los  agentes estatales, en la medida en que incrementó su carácter selectivo, implicó un empleo cada vez más sistemático  de la práctica de la desaparición forzada (especialmente en los años 1989-1993), así como un incremento sustantivo  de las  detenciones oficiales de presuntos subversivos que fueron capturados y sometidos a las nuevas leyes  y procedimientos judiciales antiterroristas.
Cabe resaltar que este incremento  se  intensifica  notablemente luego de la captura de los principales dirigentes subversivos. Más allá de las dinámicas reseñadas en esta sección, ciertos componentes de los perfiles de las víctimas se mantienen relativamente estables a  lo largo de todo el conflicto armado interno, 187especialmente las diferencias antes establecidas en las estructuras de edades y los niveles educativos de las víctimas provocadas por los principales actores del conflicto .
3.4. VÍCTIMAS ENTRE LAS FUERZAS DEL ORDEN
Veintidós hombres con seis fusiles, en esa  intervención salimos con tres fusiles y  con ametralladoras MGP, que no son aptas para un  combate así en este lugar. Y ahí  fuimos sorprendidos. El que habla y seis efectivos iban a la intervención y fuimos sorprendidos por este grupo de bloqueo de Sendero Luminoso, el cual con una granada Instalasa, que entró por el parabrisas de la camioneta le voló los dedos al chofer, impactó la granada Instalasa en la pierna del teniente, pasando la puerta y estallando en la marginal.  Y ahí fuimos recibidos por una lluvia de balas. Estando yo en la parte de atrás de la camioneta cuatro por cuatro, junto a mi colega, difunto ahora y al frente de tres personal subalternos, fuimos el escudo de ellos. Mi colega que estaba a la izquierda  le cayó una ráfaga, agarrando yugular y corazón, que al instante quedó muerto. El que habla que iba con una mochila con munición trescientos cincuenta cartuchos, fue impactado también.  
(SO. PNP. José Rafael Vives, San Martín, 1990) 
En  el  31  de  marzo  del 92 [...] mi esposo [...] me acompañaban [...] a dos cuadras, al paradero, sin presagiar. [...] Me acuerdo que, al llegar al paradero, [...] divisé una combi que bajaba por Montenegro. Y les dije a mis hijos, a mi esposo... me despedí de ellos y crucé la pista. Les di la vuelta a las personas que estaban alrededor, en el paradero. Esperé que subiera un joven y de ahí traté de subir yo. Y escuché como un estallido. Pensé que era lallanta del carro, de la combi. Bajé la mirada a ver la llanta y era el primer disparo que metiraban por la espalda. De ahí sentí como un desvanecimiento y caí. Y me acuerdo que miré al  cielo  y  dije: “¿Por qué?”. De ahí comencé a querer levantarme, incorporarme, y sentí cómo las balas entraban en mi cuerpo y cómo mi cuerpo se movía a cada impacto de bala que entraba. [...] Entonces, yo decía: “Dios  mío,  si  sigo moviéndome me van a seguir dando”. Y yo me acuerdo que  [...] atiné  [...] a tirar mi cabeza a la izquierda, y es donde entra la quinta bala, que era el tiro de gracia, que me entra por el globo derecho y sale por lasien izquierda, quemándome el  nervio  óptico  de la izquierda. [...] Y sentí la presencia después de mi esposo que me decía:  “No  te  mueras. Te necesitamos. Nuestros hijos te necesitan”.
(SO. PNP. Ana Carolina Lira Chupingahua, Lima, 1992)
Los institutos armados y el Ministerio del Interior han proporcionado a la CVR las listas de las bajas de sufrieron las fuerzas del orden en el combate contra la subversión armada a lo largo del 20 años investigados. De acuerdo con esta información murieron 1,674 miembros de las fuerzas del orden16 en actos de servicio en zonas de emergencia o en combates contra elementos subversivos entre 1980 y el año 2000. Esta cifra equivale al 7% del total de víctimas fatales reportadas en los testimonios analizados por la CVR Según las mismas fuentes, adicionalmente las fuerzas del orden  sufrieron  1,698  bajas  de heridos  o de efectivos que quedaron inválidos a consecuencia de los combates o los ataques perpetrados por los elementos subversivos. el Ejército Peruano fue la institución que tuvo mayores bajas (60% del total de las bajas reportadas de los agentes del Estado) en la medida en que el Estado Peruano le encomendó a sus miembros la principal responsabilidad del combate a la subversión armada. El 82% de las víctimas del Ejército Peruano fueron personal de tropa,  7% suboficiales o técnicos y 11% oficiales. El 50% de los oficiales caídos en cumplimiento de su deber fueron tenientes o subtenientes, el 85% tenían grados iguales  o  inferiores  al de capitán. La gran mayoría de oficiales fallecidos eran entonces responsables de tropas o patrullas por lo que sus muertes se produjeron generalmente en actos de combate o en emboscadas subversivas en el campo. La policía nacional fue la segunda institución de las fuerzas del orden que sufrió el mayor número de bajas a consecuencia del conflicto armado interno (34% de las bajas de las fuerzas del orden). El 8% de los fallecidos de las fuerzas policiales serían oficiales. A  diferencia  de  los efectivos de las fuerzas armadas, cuyas bajas se produjeron sobre todo en operaciones de patrullaje  el campo, gran parte de  las  bajas  policiales son producto de atentados individuales («aniquilamientos») o ataques subversivos contra puestos policiales relativamente aislados y poco guarnecidos. En los primeros años del conflicto armado interno, los ataques contra policías eran una modalidad empleada por los miembros del PCP-SL para proveerse de armamento. Asimismo, estos ataques se consideraban una forma de «bautizo» para los subversivos que formaban parte de los destacamentos de «aniquilamiento selectivo». Muchos de estos ataques se produjeron mientras los policías realizaban labores cotidianas relacionadas a su función (seguridad ciudadana, patrullaje urbano, etc.) por sorpresa y de forma alevosa (tiros por la espalda). En relación al Ejército o las Fuerzas Policiales, la Marina de Guerra tuvo un número mucho menor  de  bajas fatales (6% del total de las fuerzas del orden). Su ámbito de acción estuvo básicamente restringido a las provincias de Huanta y La Mar en el departamento de Ayacucho (25 bajas fatales) y a algunas provincias de Ucayali y Huánuco (39 víctimas fatales). Efectivos de esta institución también murieron en enfrentamientos o atentados en la ciudad de Lima y el Callao, en estas localidades se registraron 20 bajas, 3 de las cuales corresponden a miembros de la marina de guerra que murieron en la debelación del motín en el Penal del Frontón en 1986. La CVR ha recibido una relación de 10 efectivos de la Fuerza Aérea Peruana muertos  a consecuencia  del  conflicto armado interno. Estas bajas de produjeron generalmente mientras brindaban acciones de apoyo logístico a miembros de las demás fuerzas del orden. En la tabla 1, se presentan el número de efectivos de las fuerzas del orden que murieron según año de ocurrencia de los  hechos. Como se aprecia, los años donde ocurrieron el mayor número de bajas fueron 1991, 1992 y 1993 (42% del total de víctimas de las fuerzas del orden). La distribución de las víctimas de las fuerzas del orden a lo largo del tiempo es bastante diferente de la distribución del conjunto de víctimas reportadas en los testimonios de la CVR. existen 8 años de diferencia entre el momento en que el conflicto armado interno afectó más a la población en general (1984) y aquel donde la mayor cantidad de efectivos de las fuerzas del orden dieron su vida en el cumplimiento del deber (1992). Si bien se observa un paulatino y continuado incremento de las bajas de las fuerzas del orden a lo largo de los años, se registra un brusco incremento en 1988 y otro en 1992. Ello coincide con el período del llamado «salto al equilibrio  estratégico» en el transcurso del cual los miembros del PCP-SL intensificaron sus ataques en contra de los blancos policiales y militares en todo el país. Luego de la captura de Abimael Guzmán y de los principales líderes de  las  organizaciones subversivas, el conjunto de todas las víctimas desciende significativamente a partir de 1993. Se aprecia un nuevo y breve incremento de  bajas  en  1995, casi todas perteneciente al Ejército y concentradas en la zona del alto Huallaga. La CVR ha constatado que en diferentes momentos y regiones del país, ocurrieron actos de heroísmo y ejemplos de cumplimiento del deber por parte de policías y militares que arriesgaron o dieron su vida en la lucha contra la  subversión armada. A ellos, el Estado y el país les debemos reconocimiento pleno.
4. La dimensión jurídica de los hechos
El presente capítulo da cuenta del dolor padecido por miles de peruanas y peruanos en el período comprendido en el mandato de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Presenta así once tipos de graves hechos ocurridos en el país: desaparición forzada de personas, ejecuciones arbitrarias, asesinatos, secuestros, torturas y tratos crueles inhumanos o degradantes, violencia sexual contra la mujer, violencia contra menores, desplazamiento interno y violación de derechos colectivos, detenciones arbitrarias y abusos en la administración de justicia. El propósito específico del capítulo es establecer el marco jurídico que  se utilizará a lo largo de este informe para el análisis de los once tipos de hechos antes mencionados.



4.1MARCO JURÍDICO
4.2. Derecho Internacional y Constitución Política del Perú
La CVR toma en cuenta que la comunidad internacional  reconoce la existencia de un núcleo inderogable de derechos de la persona humana, establecido por normas imperativas de Derecho Internacional general, sean éstas tributarias del Derecho Internacional de Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario, o del  Derecho Penal Internacional. Este núcleo inderogable de derechos deriva y se funda en la dignidad de la persona humana.  Conforme a la Cuarta Disposición Final y al artículo 3º de la  Constitución  Política  del Estado vigente desde 1993 este núcleo de derechos inderogables determina el sentido en que debe ser  interpretado el contenido y alcance de todos  los derechos reconocidos por la Constitución e integran además la relación de derechos fundamentales específicos a los que cabe reconocer rango constitucional, como parte de nuestro ordenamiento jurídico.  Conforme lo declaró la Corte Internacional de Justicia —caso Barcelona Traction, 1970—, estos derechos expresan «obligaciones de los Estados hacia la comunidad internacional en  su conjunto», por lo que:
 (…) Vista la importancia de los derechos en cuestión, todos los Estados lo reconocen como un asunto de interés jurídico para que tales derechos sean protegidos, estableciendo que las  obligaciones asumidas por ellos son obligaciones erga omnes.  Estas obligaciones provienen por ejemplo, en el derecho internacional contemporáneo, de la misma fuente que las leyes sobre actos de agresión y de genocidio pero también de los principios y las reglas sobre los derechos fundamentales de la persona humana  y comprenden la protección contra la práctica de la esclavitud y la discriminación racial. Las garantías de protección correspondientes están integradas al derecho internacional general. Igualmente, la CVR ha utilizado los tratados de derechos humanos y de derecho humanitario que, al haber sido  suscritos por el Estado peruano, deben ser cumplidos cabalmente. Estos tratados, como es sabido, codifican frecuentemente normas  de Derecho Internacional general surgidas consuetudinariamente o reconocidas como normas imperativas. Asimismo, se ha tenido en consideración los preceptos constitucionales y dispositivos legales internos, entendiendo que  el Estado peruano está obligado internacionalmente a mantener en estas disposiciones  respeto  a las obligaciones que ha asumido como miembro de la comunidad internacional.  Es de notar que la noción  de derechos humanos aparece expresamente  en  nuestras constituciones de 1979 y 1993, las mismas que la comprenden dentro de la expresión  «derechos fundamentales»  de la persona humana. Ambas  Constituciones contienen  extensos listados de derechos organizados a partir del  reconocimiento de la dignidad de  la persona humana que contemplan las reglas básicas sobre respeto a la vida, a la libertad y a la integridad física y mental de la persona humana, entre otras. 
Además, ambas Constituciones han  reconocido que la enumeración de los derechos fundamentales que contienen debe completarse en todo momento con «los demás  que  la
Constitución  garantiza» y con «otros de naturaleza análoga o que derivan de la dignidad del hombre» (artículos 4º de la Constitución de 1979 y 3º de la Constitución de 1993). Entre ellos debe destacarse, dado el estado actual  del  derecho  internacional, los derechos derivados de normas imperativas de derecho internacional general que obligan a todos los Estados, y las  propias disposiciones de los instrumentos internacionales  de protección a los derechos humanos, que entonces adquieren, combinando la Cuarta Disposición Final con el artículo 3º de la Constitución de  1993,  una doble fuerza vinculante, ya como pauta hermenéutica para la interpretación de los derechos fundamentales, ya como derechos fundamentales por sí mismos incorporados a través del artículo 3º. La Décimo Sexta Disposición Final de la Constitución de 1979 concedió a los principales instrumentos de protección a los Derechos Humanos el rango explícito de normas constitucionales. Si bien la Constitución de 1993 no mantuvo esta disposición, respetó sin embargo, en su Cuarta Disposición Final, el valor hermenéutico que  les corresponde al momento de determinar el contenido y alcance de las normas vinculadas a los derechos de la persona humana, y amplió esta función a todos los instrumentos que sean ratificados sobre estos temas.
4.3El Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
El Estado ha ratificado los más importantes tratados universales y regionales que conforman hoy en día el Derecho Internacional de los Derechos Humanos a nivel mundial e  interamericano, participando activamente en los sistemas de Naciones Unidas e Interamericano de protección de los derechos humanos. 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) fue aprobada por el Perú mediante Resolución Legislativa N° 13282 de fecha 15 de diciembre de 1959. La comunidad internacional reconoce contemporáneamente que esta Declaración enuncia derechos de las personas de cuyo efectivo reconocimiento ningún Estado está exento. Así es como se ha instituido en base a ella un Sistema universal de protección de los  Derechos  Humanos para supervigilar su cumplimiento y promover su respeto por todos  los  Estados.  Algo semejante puede afirmarse respecto de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948).  El  cuerpo jurídico  existente  en  materia de derechos humanos tiene implicancias precisas para  el  Perú.  En primer lugar, en virtud de  principios de derecho  internacional, ningún Estado podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado o de normas imperativas de derecho internacional general (jus cogens). En segundo lugar, que los tratados de derechos humanos difieren de los otros tratados en un punto central: su objeto es la «protección de los derechos fundamentales de los seres humanos» (Corte I.D.H., OC—2/82, N° 29)
En tercer lugar, las violaciones a los derechos humanos perpetrados por un Estado dejan de ser materia interna y competencia  exclusiva de dicho Estado, estando la comunidad internacional siempre autorizada a emitir críticas  y recomendaciones, disponer investigaciones y adoptar otras medidas pertinentes, como lo atestigua el funcionamiento de los Sistemas universal y regionales —interamericano, europeo y africano— de protección de los derechos humanos.   A las implicancias de alcance general antes  señaladas debemos añadir otras  de  carácter específico que recaen sobre todo Estado en virtud del Derecho Internacional  de  los  Derechos Humanos. Estas son las obligaciones de respetar y de garantizar —hacer respetar— los derechos y libertades reconocidos por los  tratados  de  derechos humanos y humanitarios en general. De tal modo que todo menoscabo a estos derechos atribuible «a la acción u omisión de  cualquier autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad» según los términos fijados por el tratado infringido. Ello por cuanto «es un principio del Derecho internacional que el Estado responde por los actos  de sus agentes realizados al amparo de  su carácter oficial y por las omisiones de los mismos aun si actúan fuera de los límites  de  su competencia o en violación del derecho interno». Como consecuencia de la obligación de garantizar los derechos establecidos en los tratados precitados, el Estado debe «prevenir, investigar y sancionar toda  violación  de  los  derechos reconocidos y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos». caso, la acción penal que el Estado debe promover va dirigida contra todo individuo, funcionario público o particular sin excepción alguna, responsable de la violación alegada.
 El  Derecho Internacional de los Derechos Humanos vela pues por la protección de los derechos de las personas pero también exige la  intervención  del  Derecho Penal de cada Estado contra los presuntos delincuentes. La «negligencia en la prevención del delito y en el castigo del delincuente constituye una violación de las obligaciones que el Estado  ha  asumido en materia de derechos humanos» (Faúndez 1999: 31). Asimismo, el Estado está en la obligación de adecuar su ordenamiento jurídico a las exigencias de los principios y normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
4.4 LA MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LOS PATRONES DE CRÍMENES Y   VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Al realizar el examen de los crímenes y violaciones bajo el mandato de la Comisión es necesario, además de la necesaria precisión jurídica, preguntarse por las razones que estuvieron detrás de su realización. En efecto, detrás de estas conductas hubo ideologías, voluntades políticas y estrategias, algunas de las cuales se propusieron obtener la aquiescencia de la población civil a cualquier costo. Las siguientes consideraciones intentan  poner  en contacto las estrategias elegidas por los actores y sus consecuencias, con el fin de arrojar  luces sobre la magnitud sin precedentes del conflicto. Debe aclararse que el entendimiento de estas estrategias no constituye ningún tipo de excusa  moral ni de eximente legal para los crímenes cometidos. Del mismo modo, la diferente participación proporcional en el número total de víctimas fatales no puede entenderse como atenuante de la responsabilidad moral y política que pueda caber a  los  distintos  agentes participantes, por los daños ocasionados contra la población civil.
4.5 Crímenes y violaciones derivados de la estrategia senderista
En el caso del iniciador del conflicto, el autodenominado Partido Comunista del Perú  «Sendero Luminoso», se desarrolló una estrategia que incorporaba  conscientemente  el terror como un instrumento al servicio de sus objetivos y que rechazaba explícitamente las reglas del derecho internacional. La ideología senderista, sintetizada en el llamado «pensamiento Gonzalo», fundamentaba un maniqueísmo extremo que consideraba a toda institución y grupo social no controlado por Sendero como un enemigo absoluto y lo convertía en  un  objetivo  militar. Autoridades, dirigentes sociales, empresarios, religiosos, líderes políticos de  cualquier  punto  del espectro electoral, eran considerados como blancos legítimos de acciones violentas.  La  prédica senderista señalaba inequívocamente que los derechos humanos son construcciones ideológicas funcionales al orden social existente y que, por lo  tanto,  no  tenían ningún valor para orientar la acción. Sendero  Luminoso negaba que los individuos  tuvieran realmente derechos por el hecho de ser seres humanos, y afirmaba que toda  consideración humanitaria debía ceder paso a la exigencia de tomar el poder para los sectores sociales oprimidos, a quienes decían representar. El objetivo estratégico central de la acción senderista era la total destrucción de  las estructuras políticas existentes y su reemplazo por organismos sujetos al control directo del PCPSL, como gérmenes de un régimen político  alternativo en el que esta organización ejercería un control total del poder del Estado. La estrategia preveía la acción restablecedora del orden de parte de las fuerzas armadas, que destruiría  violentamente muchas de las iníciales bases senderistas, yanticipaba una sangrienta y prolongada confrontación para dirimir superioridades.  Con el objetivo de destruir total y radicalmente el poder local, ya fuera estatal o tradicional y construir «bases de apoyo», Sendero Luminoso optó por una  política  de  aniquilamientos selectivos, y para reprimir toda resistencia,  aplicó consistentemente una política de ejercer represalias  desproporcionadas. Los aniquilamientos fueron consagrados como una «forma de lucha» indesligable de otras tácticas normalmente utilizadas en los conflictos internos, como los sabotajes, la propaganda armada y las emboscadas contra unidades militares aisladas o pequeñas. Del mismo modo, el PCP-SL optó por construir aceleradamente, en aquellos lugares donde lograba sustituir a las autoridades locales, unidades armadas; para lo que no vaciló en recurrir al reclutamiento  forzoso,  incluso de menores de edad. Alrededor de esta forma de violencia, que explica la gran cantidad de secuestros y desapariciones atribuidas a Sendero Luminoso  se generaron una serie de violaciones colaterales como la violencia sexual, la servidumbre, la tortura ylos tratos crueles, inhumanos o degradantes. Sin embargo, las unidades armadas que Sendero Luminoso organizaba  no  tenían  como objetivo defender las «bases de apoyo» creadas,  puesto que para su concepción estratégica era deseable provocar una represión desproporcionada de las fuerzas del orden  y que  esa  represión produjera fuertes daños, pues suponía que el consiguiente rechazo de la población se traduciría en apoyo a su causa. Cuando  se  hacía  urgente  mantener a la población como apoyo logístico de unidades militares  importantes,  se  optaba por una política de desplazamiento forzoso y servidumbre que obligaba a la población civil (considerada como «masa») a trasladarse de un lugar a otro huyendo de  la  presencia  estatal,  sin  ningún  reparo  por las condiciones de vida extremas a las que esa población era sometida en campamentos improvisados. Las diferencias de la estrategia militar del PCP-SL con respecto a la normalmente aplicada por otros grupos insurgentes en América Latina, explican su propensión a realizar actos de extrema brutalidad  y su recurso permanente a la violencia ejemplarizadora. Incluso cuando se llevaban a cabo acciones normalmente utilizadas por otros grupos armados en conflictos internos, existía un ingrediente de saña y crueldad calculado  para  crear un sentimiento de zozobra generalizado que sería supuestamente favorable a sus objetivos al  provocar respuestas desproporcionadas y desmoralizar al enemigo. La provocación fue un elemento permanente en la práctica senderista, pero para ser efectiva debió asegurarse de indoctrinar a sus militantes con un sentido fatalista de sus vidas. El llamado «pensamiento Gonzalo» elevó a la categoría de verdad científica el concepto de una «cuota de sangre» que la población debía pagar para lograr el triunfo de la lucha senderista, y que incluía la disposición de los militantes a sacrificar sus vidas en acciones que no podían  reportar ninguna ventaja militar, y que sólo podían terminar en su propia destrucción. La estrategia del PCP-SL se  mantuvo,  en  general, incólume a lo largo del conflicto y cambió sólo en forma cuantitativa, cuando se expandía a otras zonas o aumentaba de escala, como ocurriría con los «paros armados». Cada  situación  que cuestionaba la efectividad de la estrategia elegida, ya fuese la resistencia de la población local, o las operaciones estatales se respondía no con una revisión de la estrategia, sino con un escalamiento de la violencia. Así ocurrió cuando el PCPSL debió enfrentar la resistencia de comunidades que rechazaban su proyecto: incapaz de aceptar que  no  había ganado la legitimidad que buscaba, el PCP-SL generalizó enfrentamientos masivos entre sus columnas armadas y los grupos de autodefensa, a los que veía como «mesnadas» feudales y no como lo que eran,  la  respuesta  desesperada de poblaciones que asumían la función de protección que el Estado no cumplía. Los principales  crímenes y violaciones de los derechos humanos cometidos por el PCP-Sendero Luminoso que fueron reportados a la CVR. En el gráfico se pueden observar dos grandes ciclos de violencia desatada por esta organización subversiva. El primero que va de 1982 a 1985 es el de mayor intensidad. Entre esos años se cometieron cerca de un tercio de los asesinatos perpetrados por el PCP-Sendero Luminoso que  fueron  reportados  a  la CVR. Este primer ciclo de intensa violencia en el conflicto armado interno se concentró básicamente en el departamento de Ayacucho y está relacionado con tres procesos:
v  El intento por parte del PCP-Sendero Luminoso de imponer su modelo de estructura social y estatal en el campo ayacuchano a través  de  la  formación  de  los  llamados  «Comités Populares».
v  La resistencia cada vez más creciente (especialmente a partir de 1983)  de  la  población campesina ayacuchana al proyecto totalitario senderista.
v  La intervención de las Fuerzas Armadas en el conflicto armado interno y la estrategia de la organización subversiva de provocar actos de represión violenta e indiscriminada por parte de las fuerzas del orden Luego de una violenta represión por parte de las fuerzas del orden que, además de causar miles de víctimas inocentes en Ayacucho, golpeó duramente al aparato político y militar del PCP Sendero Luminoso, esta organización subversiva entró en una etapa de repliegue —prevista en sus planes, que anticipaban una respuesta violenta  del Estado— y de penetración en otros espacios sociales y geográficos distintos  al  escenario  ayacuchano. Entre 1985 y 1987, el PCP-Sendero Luminoso buscó generar «bases de apoyo» y ampliar su accionar en  las  regiones  central, nororiental,  sur  andina  y las ciudades, tratando de vincularse con diferentes sectores como el campesinado cocalero del valle del Huallaga, las comunidades campesinas de Junín, Huancavelica y Apurímac, a la vez que intensificaba un trabajo de proselitismo político entre sectores juveniles radicalizados en las universidades de Lima y Huancayo principalmente. Hacia 1988 se desencadenó otro ciclo de intensa violencia en estos nuevos escenarios. La magnitud de los crímenes y violaciones de los derechos humanos  cometidas  por la  organización subversiva en este período se explica por causas similares a las del primer ciclo. Sin embargo, en este periodo la resistencia de la población,  sus  autoridades y dirigentes sociales fue mucho más temprana y decidida, como lo demuestra el caso de la exitosa resistencia de  las  comunidades campesinas puneñas, la expansión de las rondas campesinas y de los comités de autodefensa. Por otro lado en esta nueva etapa, el Estado y las fuerzas del orden habían logrado diseñar una nueva estrategia  contrasubversiva  que reforzaba el trabajo de inteligencia, realizaba operativos de represión más selectivos, e incorporaba a la población campesina en la lucha contrasubversiva. Tal y como se observa en el gráfico 1, la distribución de los principales crímenes cometidos por el PCP-Sendero Luminoso reportados a la CVR guarda un patrón bastante sincronizado. Esta organización utiliza en forma concurrente y masiva el asesinato y la tortura como métodos  de «lucha armada», del mismo modo utiliza el secuestro como forma de  reclutamiento. En conjunto estos métodos tienen el efecto  de  provocar  temor y zozobra en la población y configuran una estrategia terrorista. Al mismo tiempo, por su carácter sistemático o  generalizado  constituyen graves crímenes de lesa humanidad, condenados no sólo por el derecho peruano sino también por el ordenamiento jurídico internacional.
Entre los casos de asesinatos, torturas  y secuestros  cometidos  por  el PCP-Sendero Luminoso entre 1980 y el 2000 son muy altas ypositivas, lo que sugiere que estas prácticas eran cometidas en forma simultánea consistentemente a lo largo del tiempo. Involucrado en una lógica de aniquilamientos, provocación, progresivo escalamiento de la violencia y armamentización de antiguos conflictos intercomunales, el PCP-SL causó una forma de conflicto  armado  sumamente costoso en vidas humanas, sin precedente en la historia de los conflictos armados internos en América Latina. La enorme proporción de las víctimas fatales atribuidas al PCP-SL no tiene parangón en relación a los hallazgos de otras comisiones de la verdad en países que también han sufrido enfrentamientos internos, ninguna de las cuales ha atribuido más del 5% de las víctimas fatales a la acción de grupos insurgentes.
De acuerdo a la ideología y práctica establecida por los líderes principales de Sendero Luminoso, la vida humana era un valor apenas relativo; tanto la de aquellos a los que enfrentó, como la de sus propios militantes. No deja de llamar la atención, sin embargo, a la Comisión de la Verdad y Reconciliación, lo que ocurrió cuando los principales dirigentes senderistas  fueron capturados  y se vieron frente a los mismos retos que reclamaban a sus seguidores. Abimael Guzmán  y sus seguidores más cercanos, que habían rechazado todo tipo de negociación con los regímenes democráticos, no sólo no se enfrentaron a sus captores, sino que aceptaron una serie de privilegios y entablaron negociaciones con un régimen  dictatorial,  a cambio de concesiones políticas que implicaban su capitulación estratégica.   Guzmán  y sus seguidores más cercanos, que habían rechazado todo tipo de negociación con los regímenes democráticos, no sólo no se enfrentaron a sus captores, sino que aceptaron una serie de privilegios y entablaron negociaciones con un régimen  dictatorial,  a cambio de concesiones políticas que implicaban su capitulación estratégica.
4.5 Crímenes y violaciones derivados de las estrategias de los agentes estatales
El Estado peruano no  estuvo  preparado para enfrentar la subversión armada, tal como esta fue planteada por el PCP-SL. Por mucho tiempo creyó que se enfrentaba a una insurgencia similar a las guerrillas  de  1965,  o emparentada con otras tendencias latinoamericanas. Por esta razón, la actuación policial inicial fue sobre todo reactiva y subordinada a la iniciativa de Sendero Luminoso. Esta actuación inicial de las fuerzas policiales no tuvo tiempo de madurar en resultados positivos y se decidió delegar las responsabilidades  de la lucha contrasubversiva en las fuerzas armadas. El resultado inmediato de una decisión tal, adoptada sin contar con una estrategia integral en todos los campos —ideológico, político, económico y militar—, fue una abdicación del poder civil en las cada vez más amplias zonas de emergencia y un radical escalamiento del conflicto que acentuó los costos humanos hasta llegar a magnitudes  que  nunca  serían igualadas en el resto del período de violencia.  No  se  conocía  a  Sendero  Luminoso.  No se sabía con precisión en qué sectores se había asentado, cuál era el perfil de sus militantes, ni  sus diferencias ideológicas de Sendero con otros grupos. Los agentes del Estado sustituyeron su falta de conocimiento  por  la definición de una población genérica como el presunto  enemigo:  los ayacuchanos, los quechuahablantes, los estudiantes universitarios, los dirigentes de izquierda pasaron a ser sospechosos por asociación.  Del mismo modo, se encaró la preparación de las unidades contrasubversivas como un asunto meramente técnico y militar, enfatizando la preparación física de sus miembros para enfrentarse a geografías complejas.No se entendió la formación de estas tropas como la capacitación ideológica y política de quienes debían ganar a la población civil, evitando abusos que alienaran su lealtad; sino como el adoctrinamiento basado en la obediencia ciega y al disposición  a  cometer  actos  de crueldad. A estos factores hay que agregar que las fuerzas del  orden  reprodujeron  prácticas  racistas frente a las poblaciones entre las cuales debían desenvolverse. Los oficiales de las fuerzas del orden provenían  de  sectores medios  urbanos;  sus  distancias  culturales y sociales con la población eran muy altas y determinaron un extendido desprecio por la misma gente a la que tenían que ganar. En muchos casos, en vez de proteger a la  población ayacuchana contra el senderismo que los sojuzgaba, se actuó como si se pretendiera proteger al Perú de esa población. Pese a que Sendero se había rebelado contra un régimen democrático, los gobiernos civiles, salvo iniciativas excepcionales, no utilizaron la legitimidad de la democracia para  enfrentarlo  y derrotarlo ideológicamente. Por el contrario, se abdicó de la autoridad civil a favor de respuestas militares sobre las que no se ejerció ningún control significativo. Consentir que los jefes militares de  las  zonas de emergencia se convirtieran en  autoridades «político-militares» equivalía a una decisión del liderazgo civil de organizar la lucha contrasubversiva de forma tal que sólo los líderes militares se hicieran cargo del «trabajo sucio» que se suponía inevitables en el enfrentamiento; en tanto los civiles se empeñaban en ignorar y acallar las denuncias que llegaban, en lugar de asumir la responsabilidad de diseñar una estrategia contrasubversiva efectivamente democrática. El estado de emergencia se desnaturalizó y, de una institución excepcional que debía ser, se hizo permanente en distintas zonas del país, con la consiguiente suspensión de garantías previstas en las sucesivas constituciones vigentes. El carácter permanente que se le dio a la excepcionalidad, debilitó la democracia peruana y creó un clima propicio para las violaciones a  los  derechos humanos. Como se verá con claridad en este informe, la política indiscriminada de los primeros años fue evaluada críticamente durante momentos iníciales del gobierno encabezado por el Dr.  Alan García Pérez, partiendo de una evaluación crítica  de lo hecho por su antecesor, el presidente Fernando Belaunde Terry. Quizás lo más relevante para ello fue en 1985 y 1986 el funcionamiento de una Comisión de Paz y una inicial energía frente a graves violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas. Este interregno se quebró luego de la matanza de los penales en junio de 1986, que restó credibilidad a la posibilidad de una alternativa democrática a la lucha contrasubversiva y jugó a favor de la estrategia de provocación y mayor polarización, preconizada por Sendero. De este modo, el conflicto no solo no se solucionó sino que se expandió a otras zonas y se hizo más complejo, llegando  a ser un fenómeno que  –para  muchos-  ponía  en cuestión la viabilidad estatal del Perú y que tenía un altísimo costo en violaciones de los derechos humanos y acciones terroristas. 
Es cierto que hubo desde el poder legislativo meritorios esfuerzos por reorientar la forma en que se hacía frente al problema subversivo, e investigación de violaciones  a  los  derechos humanos. Lamentablemente se trató de posiciones en minoría que no lograron cambiar de manera significativa la forma en que la autoridad civil asumía sus responsabilidades en el conflicto. En  la  práctica,  fueron  las  mismas  fuerzas armadas y policiales las que evaluaron y reorientaron su estrategia, reconociendo que muchas poblaciones estaban entre dos  fuegos  y que debían ser ganadas para el lado del Estado. Con un mayor énfasis en acciones de inteligencia y en establecer alianzas con los sectores sociales  donde  Sendero pretendía ganar adeptos, se desarrollaron acciones menos indiscriminadas. No se usaron, sin embargo, métodos legales para su detención y procesamiento y se continuó recurriendo a las ejecuciones extrajudiciales y de modo más selectivo a las desapariciones forzadas. Luego de la captura de los principales dirigentes senderistas, del uso de nuevas leyes que buscaban romper la lealtad interna de los grupos subversivos y del  creciente  cuestionamiento nacional e internacional a prácticas como las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada, se produjo un nuevo ajuste  en  la  estrategia  contrasubversiva. Las violaciones a los derechos humanos más recurrentes desde ese momento en adelante estuvieron vinculadas a la  detención arbitraria, a la violación de las garantías de debido proceso y a la masiva condena de inocentes a términos de prisión muy prolongados  En la primera etapa comprendida por los años 1983 y 1984,  cuando  se  delegó  en  las Fuerzas Armadas el control del orden interno y el combate a la subversión en el departamento de Ayacucho se aprecia una importante concentración de los casos reportados a la CVR en referencia a ejecuciones arbitrarias, desaparición forzada y torturas. Esta etapa se caracteriza por la aplicación por parte de agentes del Estado de una  estrategia de represión masiva e indiscriminada, especialmente en las zonas rurales del departamento de Ayacucho. Como se ha dicho, en esos años, los miembros de las fuerzas del orden golpearon a un cierto perfil de población con el objeto de eliminar a los militantes del PCP-SL. Se eliminó a los sospechosos, a los presuntos colaboradores yen no pocos casos a su entorno social y familiar de dichas personas, buscando hacer evidente ante la población campesina los costos de colaborar con el grupo subversivo. Algunas de estas prácticas se generalizaron y constituyen crímenes de lesa humanidad, infracciones al Derecho Internacional Humanitario y violaciones al orden constitucional y legal del Estado Peruano. A partir de 1985 se observa un descenso en la  intensidad del conflicto armado interno, acompañado por una disminución relativa de los crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes del Estado. Entre 1985 y 1989,  ante la persistencia  de la subversión y su afincamiento en otras regiones, los agentes del  Estado encargados de la lucha contrasubversiva realizaron una evaluación de su desempeño y diseñaron una nueva estrategia que buscaba combatir en  forma más directa y focalizada a la subversión armada. Para ello se puso mayor énfasis en la recopilación de inteligencia sobre las organizaciones subversivas, lo que dio lugar a operativos de eliminación más selectiva de presuntos elementos subversivos e incorporando más activamente al campesinado organizado en rondas de autodefensa en la lucha contrasubversiva.
La actuación de grupos como los comités de autodefensa que, aunque no eran agentes del Estado, actuaban bajo su dirección o cuando menos bajo su aquiescencia, contribuyó también con una  significativa cantidad de violaciones a los derechos humanos. Lo mismo puede decirse de grupos tales como los escuadrones de la muerte, cuyo ejemplo más notable fue el autodenominado Comando «Rodrigo Franco». Como resultado de los cambios estratégicos de la segunda etapa se  observa  una disminución relativa y absoluta de los casos de ejecuciones arbitrarias (respecto de 1983-1985), sin embargo aumentan los casos de desaparición forzada de personas, especialmente a partir de 1989 hasta 1992. El cambio de estrategia está también asociado a los nuevos  escenarios  del  conflicto abiertos por el accionar de las organizaciones subversivas, especialmente en las zonas urbanas donde los operativos de eliminación de presuntos subversivos se realizaban de  manera  más encubierta a través del recurso a la desaparición  forzada. Está práctica también está asociada a la tortura como método de obtención de información sobre los planes y la  composición  de las organizaciones subversivas.  Uno de los hitos culminantes de esta etapa es la  captura  de los principales líderes de las organizaciones subversivas, entre ellos el líder  máximo del  PCP-Sendero  Luminoso,  Abimael Guzmán Reinoso, en septiembre de 1992, como resultado de tácticas de inteligencia aplicadas por la Policía Nacional. Dicha captura resultaría  luego en la capitulación estratégica del  líder capturado, la desmoralización de muchos de sus seguidores, y el éxito cuantitativo de estrategias de desarme de personas presuntamente vinculadas  a la subversión a través  del  mecanismo del «arrepentimiento» legalmente reconocido. La tercera etapa en la lucha contrasubversiva de los agentes del Estado está caracterizada, pues, por un incremento sustancial de las detenciones de presuntos subversivos y la disminución de los casos de  ejecuciones  arbitrarias y desapariciones forzadas, aunque aumentó notoriamente el número de casos de violación al debido proceso de los detenidos.  La información obtenida en la captura de los principales dirigentes subversivos, así como la proporcionada por los miembros de dichas organizaciones que se beneficiaron  de  las  leyes  de «arrepentimiento» dictadas por el  gobierno  del  ex Presidente Alberto Fujimori, llevaron a la  detención de miles de personas acusadas de formar  parte  del PCP-Sendero Luminoso y del MRTA. Muchas de ellas fueron procesadas violando principios elementales del debido proceso yen varios casos con insuficiente evidencia como para ser condenados en juicios regulares, puesto que algunas eran hechas prisioneras por la sindicación de alguien interesado en acogerse a la ley de arrepentimiento. La magnitud de los errores cometidos por el sistema implementado para procesar a  los acusados por delito de terrorismo y traición a la patria en esos años obligaron al Estado Peruano a establecer el mecanismo del indulto por el que se debió liberar en muy poco tiempo a cientos de sentenciados que eran inocentes. Asimismo, provocaron que, a la larga, ante los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre violaciones al debido proceso en el Perú, el Tribunal Constitucional declarara en 2002 nula gran parte  de la llamada «legislación antiterrorista» promulgada por el gobierno del ex Presidente Alberto Fujimori. Estos hechos ocasionaron que el Estado peruano seviera en la  necesidad  de  juzgar nuevamente, en procesos que reúnan los estándares internacionales, a un número importante de  dirigentes  y miembros  de  organizaciones subversivas que habían sido condenados con la anterior legislación. A lo largo de estos tres grandes ciclos  estratégicos,  la  tortura  fue  una  práctica sistemáticamente utilizada por las fuerzas del orden, como técnica de interrogatorio para obtener información de presuntos subversivos capturados o como forma de castigo e intimidación. el patrón de tortura  a lo largo de todo el período investigado es una constante que acompaña los picos estadísticos de ejecuciones, luego las desapariciones forzadas de entre los casos de detenciones con los de ejecuciones  y desapariciones. Las detenciones también muestran una débil correlación con los casos de tortura. A diferencia de Sendero  Luminoso,  las  fuerzas estatales combatían con la ventaja en principio de contar con todos los mecanismos de control de un gobierno constitucional, pero no la utilizaron, y por el contrario frecuentemente la consideraron un  obstáculo  a  su  actuación.  Si  la autoridad civil no hubiera abdicado de su responsabilidad, las fuerzas estatales hubieran estado en mejores  condiciones de adaptar sus estrategias al reto subversivo antes, sin necesidad de infligir sufrimientos innecesarios a la población civil. En cambio, la impunidad en la que se desenvolvieron sólo sirvió de aliento para continuar utilizando estrategias que tenían un componente intrínseco de violaciones de los derechos humanos. A diferencia de otros países latinoamericanos donde hubo conflictos armados internos, el Perú había salido de un régimen militar y existían autoridades judiciales competentes para poner coto a los abusos que se cometieran. Sin embargo, durante los años del conflicto y salvo honrosas excepciones el sistema judicial no asumió su responsabilidad de hacer cumplir la ley frente a los responsables de violaciones a los derechos humanos. En la inmensa mayoría de los casos, la propia Corte Suprema, ante contiendas de competencia planteadas por los tribunales militares, abdicó de sus atribuciones constitucionales enviando los casos  al fuero privativo militar, aceptando la tesis que crímenes como la tortura, la desaparición de personas y la ejecución arbitraria eran «delitos de función». En los tribunales militares los casos fueron  usualmente archivados  o, en un puñado de ocasiones tipificados y penados benignamente. Por  último,  el régimen autoritario de Alberto Fujimori encontró la manera de prescindir incluso de la obsecuencia de las autoridades judiciales al diseñar  las  leyes  de Amnistía que el Congreso llamado Constituyente Democrático aprobó por mayoría en junio de 1995 incluyendo un voto significativo de algunos líderes de la  oposición al régimen. Durante el gobierno encabezado por Alberto Fujimori,  más  que  de  abdicación  de  la autoridad civil cabe hablar de una total identificación del liderazgo civil con la visión estratégica ypolítica de las Fuerzas Armadas. La instalación de un régimen autoritario dirigido por una alianza política  entre  el  fujimorismo y un sector de las fuerzas armadas, condujo inexorablemente a una falta de fiscalización general, a la  más  amplia impunidad de las violaciones de los derechos humanos, la creación de grupos  especializados  en la violación de derechos humanos y a una generalizada corrupción.
La estrategia militar de Sendero Luminoso, pese a  la  fascinación  que  ejercía  sobre  sus seguidores  y a  la mistificación ideológica que intentó consagrarla como un supuesto avance científico de validez universal, fue bastante unívoca y poco variable. Sendero Luminoso no tenía que responder al control de ninguna instancia porque no reconocía ideológicamente ningún valor a los derechos humanos, ni siquiera como un asunto de imagen pública.1984 y 1989, y por último el período de mayores detenciones legales. Por el otro lado, la complejidad de los giros estratégicos adoptados por el Estado a lo largo de  la lucha contrasubversiva sugiere la existencia de dos grandes orientaciones y prioridades excluyentes, cada una de las  cuales  se  asocia  a  un cierto tipo de patrones de violación de los derechos humanos, con diferentes niveles de gravedad:
a)  La primera orientación es aquella donde resulta más frecuente la utilización de métodos como ejecuciones arbitrarias o desapariciones  forzadas, destinados a eliminar físicamente a las personas  consideradas  como presuntos subversivos, colaboradores o simpatizantes,  así  como en muchos casos el propio entorno social o familiar de estos grupos.
b)  La segunda orientación es aquella donde se hace  mayor  incidencia en la captura de presuntos elementos de grupos subversivos y su juzgamiento mediante procedimientos expeditivos y sumarios que en muchos  casos supusieron graves violaciones al debido proceso. Estadísticamente hemos buscado verificar la configuración de dichas orientaciones —a la eliminación  o  a la captura— mediante el análisis de las correlaciones entre los porcentajes de casos registrados según años de ejecuciones arbitrarias,  desapariciones forzadas, torturas y detenciones. El resultado de este análisis es la definición de los componentes principales asociados a las dos orientaciones mencionadas. En la tabla 3 mostramos la correlación de  cada  una  de las variables analizadas (las ejecuciones, las desapariciones forzadas,  las torturas y las detenciones oficiales) con las dos grandes orientaciones posibles: hacia la eliminación o la captura de personas vinculadas a la subversión armada. Como se aprecia, la primera orientación está marcada por la correlación positiva  con las ejecuciones, desapariciones forzadas y las torturas, mientras que la segunda se asocia ante todo a las  detenciones y en cierta medida también a  las torturas. Se utiliza el análisis factorial. Esta es una herramienta que busca determinar los factores generales que subyacen a la evolución de múltiples variables. eliminación— fue una práctica común en cualquiera de las orientaciones y persistió pese a  los cambios estratégicos. El resultado  es  consistente  con las denuncias recibidas: conductas como la ejecución arbitraria y la desaparición forzada están relacionadas con la orientación de eliminar a los presuntos subversivos y se asocian fuertemente a la tortura que sufrieron las víctimas antes de su muerte o desaparición. De otro lado, la orientación centrada en la captura de presuntos subversivos muestra  menor  relación  con la práctica de las ejecuciones y desapariciones, pero mantiene una importante relación con casos de tortura.
Como paso final de este análisis se presenta un diagrama de dispersión con la finalidad de observar  en qué años o periodos ambas orientaciones tuvieron mayor incidencia presentamos la distribución de los años que ha investigado la CVR, considerando la mayor o menor orientación de los agentes estatales hacia la eliminación o la captura de presuntos. En los cuadrantes en los cuales están distribuidos los años que  ha  investigado la CVR. Estos cuadrantes pueden representar cuatro tipos de estrategias de lucha contrasubversiva: El  cuadrante A, representa por un lado la ausencia de estrategias. Es decir, aquellos períodos en donde los agentes del Estado ni capturan ni eliminan, lo que indica que no han definido versivos. Claramente de qué forma se va a enfrentar la subversión armada (1980, 1981 y 1982). Por otro lado, este cuadrante también representa aquellos años  donde  la amenaza subversiva ha decrecido considerablemente y el estado no realiza acciones importantes de represión a la subversión armada (1998, 1999, 2000).
presuntos subversivos pero se reportan pocas capturas: en estos años, la estrategia contrasubversiva implicó graves violaciones a los  derechos  humanos y donde los agentes del Estado desarrollaron operativos  que privilegiaban la eliminación de presuntos subversivos, personas que eran consideradas colaboradoras o simpatizantes de la subversión, así como en ciertos casos, su entorno social o familiar. Se aprecia que 1984 es el año que tiene el mayor puntaje en el eje representado por la orientación de eliminación, seguido de 1983. Como ha sido señalado, esos fueron los años donde se han reportado a la CVR el mayor número de víctimas fatales provocadas por agentes del Estado. El  cuadrante  C,  representa  un  cambio de estrategia donde se comienza a combinar la eliminación física de las personas sospechosas de participar en la subversión con un aumento en las detenciones oficiales. Los años de 1989 y 1992 resaltan en la intensidad de este tipo de patrones de lucha contrasubversivos.  El cuadrante D, representa aquellos periodos donde se intensifican las detenciones oficiales a la vez que se reducen sensiblemente  los  casos de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales reportados a la CVR. El año que tiene el mayor puntaje en el eje representado por la orientación a la captura es 1994, cuando según las estadísticas oficiales se registró el mayor número de detenciones oficiales. Este resultado es coherente  con  la situación posterior a la captura y capitulación de Guzmán, cuando la actuación policial resultó en la desarticulación y ruptura de la organización senderista. Los años que se encuentran en ubicaciones cercanas o pegadas al punto 0 de cada uno de los ejes pueden representar momentos de tránsito entre un tipo de estrategia y otro. Cabe resaltar que los años 1986, 1987 y 1988 se ubican prácticamente en la intersección de ambos ejes. Esos fueron los momentos intermedios del conflicto armado interno donde el país experimentó un descenso relativo de la intensidad del mismo antes de un nuevo momento de intensas violaciones de los derechos humanos los agentes del estado siguieron en  la  lucha  contrasubversiva: La secuencia sería: del cuadrante Luego la intersección de ambos  ejes, el paso al cuadrante «C», luego al «D» y finalmente de vuelta al «A». Es  decir:  del  desconcierto a la violencia indiscriminada; luego, la transición hacia una violencia más selectiva. Una nueva transición —esta  vez  hacia  el encarcelamiento masivo— y finalmente un descenso en todos los niveles debido a la disminución de las acciones senderistas.
5. Causas del terrorismo
La injusticia social
Una y otra han recibido muy distinta consideración social según como evolucionaron los acontecimientos y quien interpretó y redactó el legado.
La injusticia social es el mayor común denominador de la violencia terrorista y su máximo reclamo de combatientes. La injusticia social, de hecho, es la expresión del fracaso legal para reconocer la igualdad de derecho de todas las personas, ya sea en el marco estatal o internacional. Proporcionalmente a cuanto mayor sea la injusticia, o sea, la conculcación de derechos, así será el juicio social sobre la legalidad vigente y en la misma medida la identificación de las personas con los sistemas de lucha que se le ofrezcan para recuperar el ejercicio de sus derechos. En esa situación, cualquier estructura medianamente organizada que preconice la lucha armada encontrará individuos dispuestos a incorporarse a sus filas. 
La dominación extranjera
La dominación extrajera ha sido una de las causas más evidentes de la lucha armada clandestina, para unos denominada resistencia y para otros terrorismo. Existen estimados ejemplos en la historia pero quizá sea la resistencia francesa a la ocupación nazi la que evidenció con el sabotaje la inconformidad a aceptar el yugo del dominador, aun en el abismo de diferencia de poder en que se sume al dominado.
La libertad es la mayor pasión del hombre, en la que se reconoce como hombre. El orgullo nacional es el referente de la libertad de un pueblo concebido sobre la participación político-social de sus miembros. Ese valor de la propia nación como ámbito de libertad se trunca con la invasión y el dominio extranjero, y constituye el resorte emocional más alto de justificación de las formas de reacción para conseguir la liberación a cualquier costo. Construir, por tanto, la vida política tomando en consideración que mientras las causas permanezcan habrá mucha más posibilidad de que el terrorismo aparezca, es asumir una realidad que no debe ser obviada desde la consideración que las fuerzas de seguridad mantendrán dominadas todas las situaciones, porque, aunque se puedan reducir los movimientos que gestan los grupos guerrilleros, es considerablemente más difícil neutralizar los sentimientos del sentir los propios derechos violados. 

6. Consecuencia del terrorismo
PRINCIPALES ACCIONES TERRORISTAS DEL MRTA  ASESINATOS
Atentados con coches bomba: estas acciones fueron el principal mecanismo para hacer notar su descontento con sectores públicos y privados peruanos. Se estima en 1247 las víctimas de sus acciones a lo largo de los años 1980-2000.También se dio acciones contra minorías sexuales, tal es el caso del asesinato de 8 travestis el 31 de mayo de 1989 en Tarapoto. Se reportó además un asesinato de similares características acaecido en febrero del mismo año, cuando el MRTA ejecutó «a un joven «homo» muy conocido en Tarapoto.
SECUESTROS
Crimen en el cual se priva la libertad personal y se realiza por un grupo armado de manera generalizada o sistemática.
Entre 1984 y 1996, la CVR obtuvo evidencias de que el MRTA habría realizado decenas de secuestros individuales y colectivos, siendo esta una práctica frecuente orientada a la obtención de beneficios políticos o económicos.
Los miembros del MRTA actuaban con gran precisión al momento de la aprehensión de sus víctimas. En muchos casos, disparaban a sangre fría contra quienes trataban de impedir el secuestro o incluso contra sus víctimas si estas ofrecían resistencia.
Caso del empresario vidriero Pedro Miyasato Miyasato, realizado el 22 de abril de 1993, el cautiverio implicó tratos crueles, inhumanos y degradantes.
DISTURBIOS SOCIALES
Toma de la residencia del embajador de Japón. Diciembre de 1996.Grupo armado del MRTA tomó la residencia del embajador japonés en Lima y capturó a 600 rehenes Todos los rehenes pertenecían a los sectores más encumbrados de la vida política y económica peruana A partir de esta incursión, empezaría la desarticulación casi total del MRTA. Asalto de la embajada por fuerzas especiales del Ejército peruano, en la Operación Chavín de Huántar.
Durante el operativo militar, murieron los 14 terroristas, un rehén y dos comandos, siendo presidente de Perú en aquel entonces Alberto Fujimori.
6. Acciones para combatir la violencia terrorista
Cuando en 1992 el gobierno presidido por el Presidente Alberto Fujimori Fujimori, decide políticamente combatir a fondo a Sendero Luminoso y al MRTA, lo hace sustentado en cuatro pilares fundamentales:
Dirección de la guerra con una estrategia integral.
Potenciamiento e integración de la Comunidad de Inteligencia bajo la dirección de su ente rector, el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).Marco legal adecuado; para afrontar eficazmente la acción homicida de SL y el MRTA.
Organización voluntaria de la población para su autodefensa.
Los objetivos políticos fijados por el gobierno para lograr la Pacificación Nacional, son los siguientes:
a.    Restablecer la paz y el orden constitucional, basados en la justicia social y en la consolidación de la democracia.
b.     
c.    Neutralizar y eliminar a los grupos subversivos que se negaren a deponer las armas.
d.    Recuperar la presencia del Estado en su expresión administrativa y pacificar las áreas sometidas a la acción subversiva.
e.    Crear un sentimiento de estabilidad política y de confianza por parte de la población.
f.     Paralelamente, profundizar el esfuerzo del Estado y del Gobierno para resolver los problemas socioeconómicos de las clases necesitadas y de las zonas deprimidas.
7. Costo económico
Para la consecución de sus fines, tanto SL como el MRTA tratan de quebrar la infraestructura económica del país como parte del propiciado colapso a nivel nacional e internacional; aquí recordemos que entra a jugar papel importante para los senderistas, la eliminación selectiva como el caso de los técnicos agro-industriales japoneses en Huaral (1991), provocando el regreso inmediato de más de 200 de ellos a su país o la emigración a otros países más seguros, abandonando proyectos de vital importancia para el desarrollo del país, provocando de esta manera el desconcierto y potencialización de las contradicciones en la población marginal, a fin de conducir a ésta , a una reacción violentista, con miras a crear las condiciones para una insurrección generalizada, mientras continúa la desestabilización del poder político, afectando seriamente la estructura económica del país y las posibilidades de una reinserción franca en el sistema financiero internacional.
Para tal fín, orientó sus acciones de sabotaje contra instalaciones, obras de arte, vías de comunicación, torres de alta tensión (TTAT), fundos, etc; que signifiquen medios de desarrollo y progreso. La suma en pérdidas económicas superan los 26,000 millones de dólares.
Si a estas elevadas cifras numéricas del costo social y económico, se le agregan los costos que demandan al Estado y a las familias la formación educativa para forjar un profesional en el Perú, éstas se duplicarían pecuniaramente y quintuplicarían moralmente el daño en el seno familiar, todo esto va socavando las bases sociales, políticas y económicas en que se fundamenta el Estado peruano.
Cada torre de alta tensión derribada le cuesta al Estado 30,000 dólares y la formación de un profesional desde el inicio de su educación hasta su culminación, nada menos que 20,000 dólares.
La primera torre fue derribada el 28 de julio de 1980 en Huancavelica, en momentos que el recién reelecto, arquitecto Fernando Belaúnde Terry, leía su primer mensaje al país, en el Congreso de la República como Presidente Constitucional; el lugar elegido por SL para esta primera acción fue el caserío de Chonta, Huancavelica a 5,000 msnm; esta torre pertenecía a una de las tres líneas de la troncal del sistema interconectado del Mantaro (Isco) que abastece de energía eléctrica a gran parte del territorio nacional. El número de torres de alta tensión derribadas, fue de aproximadamente de 1,811 en trece años de lucha armada.
Se calcula que como consecuencia de la violencia terrorista, el movimiento voluntario de talentos hacia el exterior, ha dado lugar a que hayan "fugado" un promedio de 59,000 técnicos y profesionales, que atemorizados y por la falta de garantías y de oportunidades, abandonaron el país dejándolo todo; justamente, es lo que buscaban estas organizaciones de SL y del MRTA.
Otra de las consecuencias del terrorismo, fue la emigración interna, la huída para salvar la vida, dejando tras de sí familiares, tierras y pertenencias. Según el Centro de Promoción y Desarrollo Poblacional (CEPRODEP), se calcula entre 600,000 y un millón de personas, los que abandonaron las zonas andinas para refugiarse en las ciudades del departamento al que pertenecen o en otras, como es el caso de Lima, a donde se calcula que habrían llegado entre 200,000 a 300,000 pobladores andinos.

Para la consecución de sus fines, tanto SL como el MRTA tratan de quebrar la infraestructura económica del país como parte del propiciado colapso a nivel nacional e internacional. Para tal fin, orientó sus acciones de sabotaje contra todo lo que signifique medios de desarrollo y progreso
DESTRUCCION DE BIENES DEL ESTADO Y PARTICULARES
 Torres de alta tensión Destruidas…………1,811
  Puentes afectados……………. …………..  176
   Vías férreas afectadas………… …………. 108
   Fundos  y centros de investigación….…...306
                                             TOTAL   2,401
Luego de una minuciosa indagatoria se logró aproximar el costo económico del terrorismo para el Perú, y fue del orden de los 26 mil millones de dólares americanos.
Conclusiones
El terrorismo y la criminología
En conclusión, los patrones de crímenes y violaciones de derechos humanos que este Informe analiza no constituyeron simples excesos aislados, sino que reflejaron estrategias concretas tanto de parte de Sendero Luminoso como de parte de los agentes del Estado. El conflicto armado interno fue especialmente costoso en vidas humanas por la aplicación de estrategias militares que asumieron  muchas  veces  como un  costo necesario la perpetración de conductas que constituían graves  infracciones al derecho internacional  humanitario, crímenes de lesa humanidad, y violaciones al ordenamiento legal y constitucional del Perú. Del lado de Sendero Luminoso, la ideología que predicaba lo predispuso a la aplicación de tácticas sumamente violentas y brutales y lo hacía insensible a cualquier tipo de crítica  o  reto presentado por la realidad. Se negó a cambiar los lineamientos esenciales de la estrategia que había elegido suponiendo que cada vez mayores escalamientos  del conflicto serían favorables para su causa. Luego de la captura de sus principales líderes, éstos capitularon ante el Estado provocando el derrumbe de su organización y el aislamiento de sectores focalizados. Del lado de los agentes del Estado, estos percibieron el reto de reprimir a la subversión en democracia  y con  respeto a los derechos humanos como un obstáculo, y no como una forma de legitimidad.  La  abdicación del poder civil hizo posible que el peso del diseño y ejecución de la estrategia contrasubversiva cayera fundamentalmente en las fuerzas armadas, a las que se garantizó de diversas formas mecanismos de impunidad que, una vez perdida la democracia, se instititucionalizaron en la forma de una amnistía general. Sin embargo, el costo político de prácticas  como las  ejecuciones  arbitrarias  y las desapariciones forzadas, así como la necesidad de una mayor eficiencia  en  la  lucha contrasubversiva produjeron en las fuerzas del orden revisiones estratégicas que variaron el patrón de violaciones a los derechos humanos existentes, pero que dejaron graves problemas sin resolver en la situación carcelaria y judicial.
Terrorismo
El terrorismo costo miles de vidas y una millonaria perdida de bienes, además de acentuar la inmigración a la ciudad. El estado no actuó en forma oportuna frente al crecimiento del terrorismo porque no estuvo preparado para afrontar esta situación Los partidos políticos democráticos al estar desorganizados no supieron confrontar sus ideas ante la subversión Producto del terrorismo el pueblo andino migra a la ciudad generando fenómenos como las invasiones, el desempleo, etc. El campesinado tuvo la iniciativa de formar las rondas campesinas para luchar contra el terrorismo y expulsarlos de sus regiones La visión postmodernismo del Perú de ser un país políticamente inestable paso a ser un país que se integro a la comunidad económica mundial y que valora vivir en democracia

Bibliografía
·         Informe final de la comisión de la verdad
·         infografia